JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
La reciente discrepancia entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia a la hora de renovar comisiones de servicio para atender órganos judiciales necesitados de refuerzo ha provocado perjuicios a la ciudadanía y a parte de la carrera judicial que resultan inaceptables. Las limitaciones presupuestarias respecto a las que podían mantenerse debieron dar lugar un entendimiento entre ambas instituciones para priorizar aquellas situaciones en que las necesidades eran de mayor importancia, por el tipo de órgano o la materia que afrontaban. Lo razonable hubiera sido que no se dejase para última hora, que el Ministerio de Justicia y CGPJ acordaran cuáles podían mantenerse y cuales no continuarían y, sobre todo, que el CGPJ hubiera establecido criterios claros, como el de antigüedad, para determinar los casos en que las personas afectadas tendrían preferencia.
Sin embargo, todo se ha dejado para última hora dando lugar a protestas públicas que enmascaran la ineficaz gestión de esta discrepancia entre ambas instituciones. Pedimos, por ello, más responsabilidad a quienes tienen encomendada la labor de gestionar necesidades ciudadanas que deben atenderse con los medios disponibles, evitando protagonismos y conflictos que perjudican a sociedad y profesionales del derecho y, además, a personas que están realizando un trabajo que exige dedicación y esfuerzo, y que de la noche a la mañana son cesadas de funciones que cumplían con rigor, provocando además suspensiones de vistas y señalamientos que perjudican los derechos de quienes se ven afectados por esos asuntos.
Aprovechamos además para volver a reivindicar que el Ministerio de Justicia atienda una justa reclamación de la carrera judicial, consecuencia del acuerdo alcanzado en materia de retribuciones el 23 de mayo de 2023, que es el abono de las pagas extraordinarias que propició el incremento retributivo que supuso aquel acuerdo. Rechazamos la remisión a una futura ley de presupuestos que obligará a la totalidad de la carrera judicial, ante la expectativa de que no se apruebe tal norma, a formular reclamaciones administrativas que interrumpan la prescripción. Entendemos que debe darse una solución rápida y que atienda unos derechos legítimos que resulta injustificado no atender.
También queremos denunciar, de nuevo, la falta de incremento de las retribuciones del trabajo judicial en las guardias, cuyo importe actual ignora la responsabilidad que entraña atender un servicio de su importancia. Hace tiempo que solicitamos esa actualización y siguen sin atenderse las legítimas aspiraciones de cuantas personas están realizando esta función que garantiza derechos fundamentales y atiende necesidades urgentes que resulta inaplazable gestionar. La jurisprudencia del TJUE ha refrendado que es preceptivo atender esa prestación que se realiza por quienes están al frente de las guardias judiciales, por lo que resulta inexcusable solucionar esta cuestión con carácter urgente.