Cada día hay más de 1.400.000 personas trabajadoras de baja en España, frente a las 450.000 de 2019. La tasa de absentismo equivalente alcanzó el 5,51% en 2025
Joaquín Merchán, Presidente del Consejo de Graduados Sociales de España junto a Eva Torrecilla, directora de la fundación Justicia Social
El Consejo General de Graduados Sociales de España ha presentado en rueda de prensa telemática, el informe «Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad», elaborado por la Fundación Justicia Social con la colaboración de Esteban Mante de Miguel, director general de gestión de Fraternidad-Muprespa, y el graduado social Juan Panella Martí.
Durante la presentación, Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, ha advertido de que «el absentismo ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una tendencia estructural y en un asunto de Estado». En su opinión, España ya ha demostrado que sabe resolver este tipo de debates: «Lo hicimos con las pensiones cuando entendimos que jugarse la protección de millones de personas en cada ciclo electoral no era propio de un país serio. Aquel consenso nos llevó al Pacto de Toledo. Ha llegado el momento de hacer lo mismo con el absentismo laboral».
El informe describe un fenómeno multicausal en el que se combinan el envejecimiento de la población trabajadora, los cambios normativos, la saturación de la atención primaria y nuevas realidades de salud, en especial las patologías osteomusculares y de salud mental. Según los datos presentados, la salud mental está ya detrás del 20% de las bajas médicas, muchas de ellas de personas trabajadoras de entre 20 y 35 años. A ello se suma el envejecimiento de la fuerza laboral: desde 2019, España cuenta con un millón y medio más de personas trabajadoras de entre 50 y 64 años.
Merchán ha subrayado que el informe no pone en duda la legitimidad de las bajas médicas: «Una persona trabajadora tiene que ejercer su derecho y nuestro deber como sociedad es cuidar de su salud y de su recuperación». En la misma línea, ha rechazado hablar de fraude: «No tengo cifras de fraude porque creo que no las hay. Las palabras son muy importantes y esa no debe ser la que gire en torno a este debate».
En el turno de preguntas, el presidente del Consejo se ha referido también a las propuestas surgidas en el debate público de los últimos días. Sobre la posibilidad de rebajar el salario durante la baja médica, ha defendido que «la autoridad máxima en este tema la deben tener los convenios colectivos», donde están representadas las empresas y los sindicatos. Asimismo, ha planteado que el Estado estudie asumir, con cargo a los presupuestos, el coste de los primeros 15 días de baja que hoy soportan íntegramente las empresas: «Más que lanzarlo como un ataque, debemos lanzarlo como una propuesta de futuro».
Como conclusión, Merchán ha reiterado el ofrecimiento del colectivo de los graduados sociales para participar en una mesa de trabajo técnica que aborde el problema desde el rigor y los datos: «Los países serios protegen a la vez la salud de quienes trabajan, la viabilidad de quienes emplean y el sistema público que los ampara a todos. España ha demostrado que sabe hacerlo».