La Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por Iberdrola Energía España y ha anulado la sanción de 25 millones de euros que le había sido impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presunta manipulación de los precios en el mercado eléctrico.
La controversia se remontaba a 2013, cuando la CNMC consideró que determinadas decisiones de oferta de energía procedente de varias centrales hidroeléctricas de Iberdrola habían provocado un aumento artificial de los precios en el mercado mayorista de electricidad. La compañía defendió desde el inicio que su actuación respondía a criterios de racionalidad económica asociados a la gestión eficiente de los recursos hidráulicos disponibles en un contexto de sequía y escasez de aportaciones de agua.
La resolución administrativa fue posteriormente puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, al entenderse que los hechos podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 281 del Código Penal. Como consecuencia de ello, se inició un procedimiento penal cuya tramitación motivó la suspensión del recurso contencioso-administrativo.
El proceso penal concluyó mediante sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero de 2024. Dicha resolución, que adquirió firmeza al no ser recurrida, rechazó la existencia de una conducta destinada a alterar fraudulentamente los precios y consideró legítimo tener en cuenta factores como la disponibilidad futura de recursos hídricos y las previsiones meteorológicas para evaluar las decisiones empresariales adoptadas por la compañía.
Una vez reanudado el procedimiento contencioso-administrativo, Iberdrola solicitó la anulación de la sanción sobre la base del principio non bis in idem, al existir identidad de hechos, sujeto y fundamento jurídico entre el procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento penal concluido con sentencia absolutoria firme.
La Audiencia Nacional ha acogido dichos argumentos y ha declarado que no resulta compatible con el ordenamiento jurídico mantener una sanción administrativa basada en los mismos hechos ya examinados por la jurisdicción penal. En consecuencia, ha acordado la anulación íntegra de la resolución sancionadora.
Con esta decisión, concluye un litigio que se ha prolongado durante más de una década y que ha sido objeto de análisis por las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa.
El equipo de DLA Piper que ha representado a Iberdrola en este procedimiento ha estado liderado por José Manuel Sala, of counsel del departamento de Litigación y Regulatorio, junto con José María Barrios, socio del mismo departamento.
En palabras de Sala: «Esta resolución supone el cierre definitivo de uno de los asuntos más relevantes en materia de regulación energética y potestad sancionadora de los últimos años, y aporta seguridad jurídica en ámbitos altamente regulados como el energético, donde las decisiones empresariales deben valorarse atendiendo a su contexto económico y operativo.»