Nataliia Fursenko es PhD en Derecho, jurista e investigadora en LegalTech, autora del Legal Bridge Method y fundadora de LegalPilot. Su actividad aborda el Derecho internacional, la inmigración, el acceso digital a la información jurídica y la supervisión humana de sistemas de inteligencia artificial. Reside en España, donde desarrolla su actividad de investigación y asesoramiento jurídico informativo. Sitio del proyecto: legalpilot.net
Nataliia Fursenko
La investigadora y fundadora de LegalPilot explica su aportación metodológica a la navegación jurídica y su posible aplicación a los retos de información del sistema migratorio estadounidense.
Nataliia Fursenko combina investigación jurídica, experiencia docente y asesoramiento a familias en contextos migratorios. Su trabajo se centra en cómo transformar información legal dispersa en un proceso comprensible, verificable y adaptado a la jurisdicción. En esta entrevista aborda el origen del Legal Bridge Method, su relación con LegalPilot y las condiciones necesarias para utilizar inteligencia artificial con responsabilidad profesional.
¿Qué problema concreto intenta resolver con su trabajo?
Una persona puede tener derechos y, aun así, no saber qué procedimiento corresponde a su situación, qué documentos necesita o qué fuente debe consultar. Mi trabajo se ocupa de esa distancia entre la existencia de una norma y la capacidad de orientarse dentro del sistema.
La experiencia de las familias ucranianas desplazadas hizo especialmente visible este problema. Había que entender simultáneamente residencia, documentación familiar, escolarización y acceso a servicios. Lo que para la Administración son trámites separados, para una familia es una sola situación vital.
¿Cómo influyó su trayectoria académica en la creación del Legal Bridge Method?
Mi formación como PhD en Derecho y mi experiencia universitaria me llevaron a analizar los problemas de forma sistemática: identificar hechos, distinguir categorías jurídicas y justificar cada conclusión. En el trabajo con familias observé la necesidad de traducir ese rigor a un proceso que una persona sin formación jurídica pudiera comprender.
Desarrollé el Legal Bridge Method para organizar esa transición. La metodología conecta la investigación jurídica con necesidades prácticas y permite explicar por qué se consulta una fuente, qué información falta y cuándo hace falta la intervención de un profesional.
¿Cuál es su aportación personal dentro de esta metodología?
Mi aportación es la elaboración de un marco propio que organiza la navegación jurídica en cinco fases: diagnóstico, mapeo jurídico, educación y estrategia, protección sistémica y documentación científica. Cada fase cumple una función dentro del mismo proceso, desde comprender la situación hasta documentar el razonamiento y los resultados.
El rasgo central del método es conectar esas fases en un recorrido coherente. La documentación permite conservar la relación entre hechos, fuentes y decisiones, mientras que la dimensión educativa ayuda a la persona a comprender el proceso. Esta estructura ofrece una base para trasladar la metodología a herramientas digitales y para examinar su aplicación de forma sistemática.
¿Qué cambia en la práctica cuando se aplica el Legal Bridge Method?
Cambia la forma de organizar el problema. Por ejemplo, ante una consulta sobre la residencia de un menor, el punto de partida es aclarar la situación familiar, los documentos disponibles y la jurisdicción. Después se identifican las fuentes oficiales pertinentes, se explican los pasos y se delimitan las cuestiones que requieren valoración individual.
En mi actividad de asesoramiento en España he trabajado con familias en cuestiones de documentación, residencia y acceso a la educación. Esa experiencia permite conectar el diseño metodológico con problemas reales. La resolución administrativa y la admisión escolar siguen correspondiendo a las autoridades e instituciones competentes.
¿Cómo se relaciona LegalPilot con su contribución metodológica?
LegalPilot es el proyecto mediante el cual desarrollo la aplicación de este enfoque al entorno digital. Como fundadora, mi contribución se centra en la concepción jurídica y metodológica: cómo estructurar una consulta, relacionarla con una jurisdicción, organizar la información y definir cuándo debe intervenir un profesional.
Lo concibo como un asistente de información y navegación jurídica apoyado en inteligencia artificial. El diseño busca que el usuario comprenda mejor su situación y llegue a una consulta profesional con información y preguntas mejor organizadas. Las funciones deben evaluarse según su implementación real y sus límites.
¿Qué entiende por AI Legal Navigation y qué distingue este enfoque?
Utilizo la expresión AI Legal Navigation para describir una forma de organizar la interacción entre la persona, la información jurídica, las fuentes y la asistencia profesional. La calidad depende de comprender el contexto y de hacer verificable el recorrido que conduce a la información presentada.
La propuesta vincula elementos que deben funcionar juntos: jurisdicción, vigencia de la información, autoridad de la fuente, hechos relevantes y derivación profesional. Mi trabajo explora cómo el Legal Bridge Method puede proporcionar una estructura metodológica para esa integración. La contribución metodológica consiste en definir cómo se relacionan esos componentes dentro de un recorrido jurídico comprensible y revisable.
¿Por qué esta cuestión interesa a profesionales e instituciones?
Una consulta mal estructurada dificulta identificar qué se necesita resolver. Un proceso de navegación comprensible puede facilitar la preparación de documentos, la formulación de preguntas y la identificación temprana de información incompleta. Para profesionales e instituciones, la utilidad potencial está en mejorar la calidad de esa interacción.
Es necesario evaluar esa utilidad con datos: comprensión de los usuarios, errores detectados, calidad de las fuentes y pertinencia de las derivaciones. Estos indicadores permiten examinar resultados concretos y separar el potencial de una herramienta de los beneficios que ya se han demostrado.
¿Qué puede aportar la experiencia ucraniana al debate en Estados Unidos?
Ofrece un caso de estudio sobre cómo el desplazamiento a gran escala aumenta la necesidad de orientación jurídica accesible. Las personas necesitan distinguir información oficial, recomendaciones generales y asesoramiento individual, a menudo en un idioma que no dominan.
La lección transferible es metodológica. Cada país mantiene sus propias categorías, procedimientos y autoridades. Cualquier adaptación a Estados Unidos requeriría fuentes estadounidenses actualizadas, colaboración con profesionales habilitados y validación específica del funcionamiento de la herramienta.
¿Dónde sitúa los límites de la inteligencia artificial en inmigración?
En la arquitectura del servicio deben estar definidos el alcance de la información, los controles de verificación y la derivación a profesionales. La IA puede ayudar a organizar documentos y preguntas o explicar información general. Una estrategia individual exige valorar hechos, pruebas y consecuencias que no deben darse por resueltos mediante una respuesta automática.
El riesgo más serio es la falsa seguridad: un texto convincente puede omitir un hecho decisivo o utilizar una norma desactualizada. Un sistema responsable tiene que poder reconocer que falta información y explicar qué necesita revisión.
¿Qué significa integrar supervisión humana de manera efectiva?
Significa establecer quién revisa, en qué momento y con qué responsabilidad. Si existe incertidumbre sobre la situación de una persona o una decisión puede afectar a sus derechos, debe haber una vía clara hacia asistencia cualificada. También deben protegerse los datos personales y limitarse su recopilación a lo necesario.
La supervisión tiene que formar parte del funcionamiento del servicio. Una advertencia al final de una respuesta no corrige un procedimiento que conduce al usuario a confiar en una conclusión insuficientemente verificada.
¿Cómo debería evaluarse la relevancia de su trabajo más allá de su propia actividad?
Mediante evidencia que otras personas puedan examinar: descripción pública del método, aplicaciones documentadas, evaluaciones independientes, utilización por otros profesionales y resultados verificables. Las publicaciones y el debate académico permiten explicar la propuesta y someterla a crítica; la adopción externa permite valorar su alcance.
Mi objetivo de desarrollo es construir esa conexión entre metodología, aplicación y evaluación. La autoría identifica quién creó una propuesta. Su importancia más amplia exige demostrar qué aporta a otras personas y cómo se utiliza fuera del trabajo de su autora.
¿Qué líneas de desarrollo considera prioritarias para LegalPilot?
La actualización de fuentes, la validación por jurisdicción y la evaluación de la experiencia de uso. También considero prioritaria la colaboración con profesionales del Derecho e instituciones educativas para explorar aplicaciones y comprobar su utilidad en contextos concretos.
Para una futura adaptación al entorno estadounidense, el trabajo tendría que empezar por delimitar el alcance y establecer revisión jurídica local. La expansión internacional de un proyecto exige adaptar su contenido y evaluar sus procesos en cada sistema.
¿Cómo conecta este proyecto con el acceso a la justicia?
El acceso a la justicia empieza antes de un litigio. Incluye comprender que existe un problema jurídico, identificar una fuente fiable y saber dónde buscar ayuda. Cuando esas primeras etapas resultan incomprensibles, las personas pueden retrasar decisiones o depender de información incorrecta.
El Legal Bridge Method y el desarrollo de LegalPilot se sitúan en ese espacio inicial. Aspiro a que la información pueda convertirse en un recorrido comprensible, con límites visibles y acceso oportuno a asistencia profesional. Esa es la contribución que busco desarrollar y someter a evaluación.
¿Qué principio resume su visión del futuro de la tecnología jurídica?
La tecnología debe acercar a las personas al Derecho y hacer más comprensible la responsabilidad de quienes intervienen. El avance se mide por la fiabilidad de la información, la claridad de sus límites y la capacidad del usuario para identificar el siguiente paso adecuado.
Mi trabajo parte de una pregunta práctica: ¿cómo ayudamos a una persona a orientarse sin ocultarle la complejidad de su situación? La respuesta exige investigación, diseño metodológico y colaboración profesional sostenida.