Magistrados, académicos, asesores y responsables fiscales de grandes compañías reclaman mayor seguridad jurídica y normas más previsibles en el Barcelona Tax Forum organizado por CEF.- UDIMA y Crowe.
Jesús Romero Collado (Crowe), Jorge Rafael Muñoz Cortés (TSJC), Juan Ramón Pérez Tena (TEAC) y Miguel de Haro (CEF.-UDI
La creciente complejidad del sistema tributario no solo está aumentando la conflictividad jurídica, sino también los recursos que empresas y asesores deben dedicar a interpretar y cumplir unas obligaciones fiscales cada vez más numerosas. Esta ha sido una de las principales conclusiones del Barcelona Tax Forum, organizado por CEF.- UDIMA y Crowe en el Colegio de Economistas de Cataluña.
El encuentro reunió a magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y tribunales superiores de justicia, junto a representantes de la Administración Tributaria, académicos, abogados y responsables fiscales de grandes compañías. Los debates abordaron desde los límites constitucionales de la imposición empresarial hasta la residencia fiscal, la retribución de administradores y las nuevas obligaciones que afrontan las compañías.
Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y mejorar la calidad de las normas. Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, defendió que estabilidad y claridad son condiciones necesarias para garantizar la justicia tributaria. José Andrés Rozas Valdés, catedrático de la Universidad de Barcelona, situó parte del problema en el control de aquellas decisiones fiscales cuya justificación pueda resultar insuficiente.
Jordi de Juan Casadevall, socio del Área Fiscal de Crowe Legal y Tributario, recordó, por su parte, que permanecen abiertas diferentes cuestiones relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades que pueden acabar ante el Tribunal Constitucional, entre ellas los pagos fraccionados, la limitación de bases imponibles negativas y la tributación mínima interna.
Residencia fiscal y administradores, dos focos de conflicto
La movilidad internacional y la digitalización de la economía están planteando también problemas para determinar la residencia fiscal utilizando criterios concebidos para una realidad económica diferente. Jorge Rafael Muñoz Cortés, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, apuntó que la cuestión requiere respuestas normativas y no únicamente interpretativas.
En el ámbito de la retribución de los administradores, los participantes señalaron que la jurisprudencia ha despejado parte de las dudas existentes. Daniel Tarroja Piera, socio del Área Fiscal de Crowe Legal y Tributario, consideró razonablemente resuelta la discusión sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de estas retribuciones, aunque permanecen cuestiones pendientes, entre ellas el tratamiento de la persona física que representa a una sociedad administradora.
Las empresas advierten del aumento de las cargas fiscales
La perspectiva empresarial mostró las consecuencias prácticas de esta complejidad. Manel Alfonso García, director del Departamento Fiscal de CaixaBank, advirtió de que la proliferación de impuestos dirigidos a actividades concretas fragmenta el sistema, dificulta la aplicación de las normas y aumenta tanto la litigiosidad como los costes de gestión.
Baltasar Gómez Febrel, director de Fiscalidad de Naturgy, señaló igualmente el tiempo y los recursos que exige actualmente gestionar las distintas figuras tributarias y costes parafiscales del sector energético. Desde Abertis, Montserrat Tomás Gil explicó el esfuerzo dedicado por la compañía al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pilar Dos.
La digitalización y la inteligencia artificial aparecieron también como herramientas capaces de facilitar parte de la gestión fiscal, aunque los participantes señalaron que su utilización exige información correctamente estructurada y supervisión profesional.
El Barcelona Tax Forum deja así una cuestión que atraviesa ámbitos muy diferentes de la fiscalidad: junto al nivel de tributación, empresas, asesores y juristas sitúan cada vez más el foco en la capacidad de conocer de antemano las reglas, interpretar con seguridad sus consecuencias y reducir una conflictividad que termina trasladándose tanto a los tribunales como a los costes de las compañías.