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Los cambios en materia de vivienda impulsan una mayor especialización de la abogacía

Abogacía Española pone en marcha un programa especializado en Derecho inmobiliario que abordará desde los arrendamientos y la ocupación hasta la vulnerabilidad, los MASC y las viviendas de uso turístico.

La vivienda se ha convertido en uno de los terrenos jurídicos que más cambios ha acumulado durante los últimos años. La nueva regulación, la evolución de la jurisprudencia y cuestiones como la ocupación, la vulnerabilidad de determinados colectivos o la recuperación de la posesión están configurando un escenario cada vez más complejo para los profesionales que asesoran tanto a propietarios como a arrendatarios.

En este contexto, Abogacía Española ha organizado un curso de especialización práctica en Derecho inmobiliario residencial que se desarrollará entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre de 2026. La formación tendrá una duración de 30 horas, se impartirá en modalidad presencial y online y será gratuita.

El programa, dividido en diez sesiones, parte de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, pero pretende ir más allá del análisis puramente normativo. El objetivo es facilitar herramientas para determinar el régimen jurídico aplicable en cada caso, identificar los derechos y obligaciones de las partes y definir estrategias preventivas y procesales ante los conflictos relacionados con la vivienda.

Del alquiler a la recuperación de la vivienda

Uno de los ejes del curso será la contratación inmobiliaria y los arrendamientos. Se analizarán los distintos tipos de contratos, su duración y resolución, los incumplimientos y el subarriendo, además de cuestiones que han adquirido especial relevancia práctica, como la condición de gran tenedor o la documentación de las rentas.

La jurisprudencia tendrá igualmente un peso destacado, con dos sesiones dedicadas específicamente a resoluciones recientes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Un segundo bloque se adentrará en algunos de los asuntos que generan mayor litigiosidad: propiedad horizontal, acuerdos de las comunidades de propietarios, ocupación, usurpación y allanamiento de morada. También se estudiarán los procedimientos para recuperar la posesión de una vivienda, los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC).

La vulnerabilidad será otro de los puntos centrales del programa, junto con la definición de estrategias jurídicas en materia de vivienda y el urbanismo aplicado a inmuebles residenciales. En este último ámbito se abordarán también las viviendas de uso turístico, su legalización y las posibles incidencias derivadas de la situación urbanística de los inmuebles.

Magistrados, abogados y académicos

Entre los participantes figuran Laura Díez, magistrada del Tribunal Constitucional; José Luis Seoane, magistrado del Tribunal Supremo; y el magistrado José María Ortiz. También intervendrán Cristina Vallejo y Elisa Campoy, decanas de los Colegios de la Abogacía de Barcelona y Lorca, respectivamente; Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona, y Marta Gómez Llorens, registradora y directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores de España.

El cuadro docente se completa con los abogados especializados en vivienda Alberto Torres, Virginia Arce, Marta Legarreta, Antón M.ª Echevarrieta, Carlos Muñoz, Antonio Navarro Selfa, Marta Gómez y Sonia Cámara.

Cristina Vallejo, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía y decana del Colegio de Barcelona, considera que esta formación llega en un momento especialmente relevante para los profesionales. Según señala, se trata de uno de los ámbitos que ha experimentado mayores cambios legislativos durante la última década, una situación que está generando «mucha inseguridad jurídica» y aumentando la necesidad de contar con profesionales especializados.

Quienes asistan a todas las sesiones y superen el examen final recibirán un certificado expedido conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.