El decano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela vuelve a ponerse al frente de la institución que representa a los siete colegios de abogados de Galicia, tras haber ocupado la presidencia en 2024.
Francisco José Rabuñal Mosquera
Francisco José Rabuñal Mosquera ha sido nombrado nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega (CAG) durante el pleno celebrado el miércoles 7 de octubre en Santiago de Compostela. El actual decano del Colegio de la Abogacía de Santiago sucede en el cargo a Luis Torres Foira, quien ha presidido la institución durante el último año y cuyo mandato concluyó en septiembre.
La nueva composición de la dirección del Consello incluye también a Xosé Manuel Fernández Varela, decano del Colegio de Abogados de Lugo, que ejercerá como vicepresidente. Por su parte, Augusto Pérez-Cepeda Vila, decano del Colegio de Abogados de A Coruña, continuará desempeñando las funciones de secretario de la corporación.
Rabuñal Mosquera cuenta con una amplia trayectoria en la representación institucional de la abogacía gallega. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, forma parte de la Junta de Gobierno del colegio compostelano desde 2003 y ocupa su decanato desde 2017. Además, es vocal del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y ya ejerció como presidente del Consello da Avogacía Galega en 2024.
A lo largo de su trayectoria profesional ha mantenido una especial vinculación con la formación continua de los abogados y la defensa de la deontología profesional. Su conocimiento del funcionamiento de la Administración de Justicia en Galicia también ha marcado su actividad institucional, desde la que ha expresado posiciones críticas respecto a las necesidades presupuestarias del sistema judicial.
El Consello da Avogacía Galega es una corporación de derecho público que agrupa a los siete colegios de abogados de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo y Santiago de Compostela. Entre sus principales funciones se encuentran la coordinación de los colegios profesionales y su representación ante la Xunta de Galicia y otras administraciones e instituciones en aquellas cuestiones que afectan al conjunto de la profesión.
La institución también participa en la defensa de los derechos de los profesionales de la abogacía y colabora con los poderes públicos en la protección y el desarrollo de los derechos de los ciudadanos dentro del ámbito territorial gallego.