Un informe jurídico del Consejo General de la Abogacía Española concluye que la disolución de las Cortes no impide al Gobierno aprobar el desarrollo reglamentario de la Pasarela al RETA. Para cumplir los plazos, la institución considera necesario recurrir a la tramitación urgente e iniciar la audiencia pública, como muy tarde, durante la semana del 19 de octubre.
El Consejo General de la Abogacía Española considera que todavía existe margen legal para aprobar el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Así lo sostiene un informe jurídico elaborado por la institución, que analiza las consecuencias de la convocatoria electoral sobre la capacidad normativa del Gobierno y los plazos necesarios para completar la tramitación.
La principal conclusión del documento es que no existe ningún impedimento jurídico derivado de la disolución de las Cortes que obligue a paralizar la aprobación del reglamento. Sin embargo, el Consejo advierte de que el calendario es muy ajustado y exige activar inmediatamente los mecanismos de tramitación urgente previstos en la legislación.
La cuestión afecta, según las estimaciones difundidas por Abogacía Española, a más de 150.000 profesionales que esperan conocer las condiciones definitivas para incorporarse al RETA desde sus actuales sistemas de previsión social alternativos.
La disolución de las Cortes no limita la potestad reglamentaria del Gobierno
Uno de los aspectos centrales del informe es la distinción entre la disolución del Parlamento y la situación de un Gobierno en funciones.
Según el análisis jurídico del Consejo General de la Abogacía Española, la convocatoria electoral no convierte automáticamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. Hasta la celebración de las elecciones, el Gobierno conserva plenamente sus competencias, incluida la potestad reglamentaria.
La disolución de las Cámaras afecta a la actividad parlamentaria y a las iniciativas legislativas pendientes, pero no supone la suspensión de los procedimientos administrativos que dependen directamente del Ejecutivo.
Por tanto, el procedimiento de aprobación del Real Decreto que debe desarrollar la Pasarela al RETA puede continuar durante el periodo electoral.
El informe también examina las restricciones establecidas por la legislación electoral y concluye que estas se refieren principalmente a la comunicación institucional y a la utilización de actos públicos para difundir logros gubernamentales, sin establecer una prohibición general de aprobar disposiciones reglamentarias.
Esta interpretación permite sostener que el Gobierno mantiene capacidad jurídica para culminar el procedimiento antes de la cita electoral.
La audiencia pública debería comenzar antes de finalizar octubre
El principal obstáculo identificado por Abogacía Española no es jurídico, sino temporal.
Para completar el procedimiento antes del 29 de noviembre, el informe considera imprescindible recurrir a la tramitación urgente contemplada en la Ley del Gobierno, que permite reducir determinados plazos administrativos.
Entre las posibilidades que ofrece este procedimiento figura la reducción a siete días hábiles del periodo de audiencia e información pública, así como la disminución a la mitad de determinados plazos para la emisión de informes.
También contempla un plazo de hasta quince días para el dictamen del Consejo de Estado, que podría ser inferior si así lo establece el Gobierno o su presidente.
El documento señala que, para que la aprobación resulte viable, la audiencia pública debería abrirse, como máximo, durante la semana del 19 de octubre.
A partir de ese momento, los distintos trámites tendrían que desarrollarse de forma coordinada y sin demoras significativas.
El Consejo General de la Abogacía Española insiste en que la aprobación antes del 29 de noviembre es jurídicamente posible, pero condiciona esa posibilidad al cumplimiento estricto de un calendario acelerado.
Más de 150.000 profesionales pendientes del desarrollo reglamentario
La institución recuerda que el retraso en la aprobación del reglamento mantiene una situación de incertidumbre para miles de profesionales de la abogacía y otros colectivos afectados por la Pasarela al RETA.
El desarrollo reglamentario resulta necesario para concretar las condiciones de aplicación del mecanismo y permitir que los profesionales conozcan las posibilidades efectivas de incorporación al sistema público de Seguridad Social.
La situación adquiere especial relevancia para quienes se encuentran próximos a la jubilación o han alcanzado ya la edad de retiro, puesto que la falta de una regulación definitiva dificulta la planificación de sus decisiones económicas y profesionales.
Abogacía Española subraya que la cuestión trasciende el ámbito estrictamente corporativo y afecta también a otros profesionales que han desarrollado su actividad bajo sistemas alternativos de previsión social.
En este contexto, el Consejo considera imprescindible culminar el proceso normativo y evitar que la convocatoria electoral provoque un nuevo aplazamiento.
Una decisión que depende ahora del calendario del Gobierno
El informe introduce un elemento relevante en el debate sobre la Pasarela al RETA: la proximidad de las elecciones no constituye, por sí misma, una razón jurídica suficiente para impedir la aprobación del reglamento.
No obstante, la viabilidad legal del procedimiento no garantiza que pueda completarse dentro del plazo disponible. Para ello será necesario que el Gobierno active la tramitación urgente y que los distintos órganos que intervienen en el procedimiento emitan sus informes dentro de los tiempos previstos.
La Abogacía Española reclama una respuesta que permita poner fin a la incertidumbre de los profesionales afectados, especialmente de aquellos que llevan años esperando una solución para sus futuras prestaciones de jubilación.
Con este informe, la institución sitúa el debate en el terreno de la tramitación administrativa y de los plazos, al concluir que todavía existe una vía jurídica para aprobar el reglamento antes del 29 de noviembre.