Magistrados, abogados del Estado y responsables de cumplimiento normativo analizan las deficiencias del sistema de contratación pública español y reclaman mayor transparencia, controles preventivos y una evaluación efectiva del gasto.
Raquel Reyes Martínez, Paula García Arango, Diego Pérez Martínez y Andrés Betancourt
La contratación pública española afronta importantes desafíos en materia de transparencia, competencia y eficiencia. Un 40% de las empresas españolas que han participado en licitaciones considera que ha perdido algún contrato como consecuencia de la corrupción, frente al 30% de media europea. Además, el 34% de las licitaciones celebradas en España durante 2025 recibió una única oferta, siete puntos por encima del promedio comunitario.
Estos datos, recogidos en el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2026 y expuestos durante una jornada organizada por CUNEF Universidad, sirvieron como punto de partida para analizar las debilidades de un sistema que gestiona recursos equivalentes a entre el 10% y el 15% del PIB anual.
El debate se celebró en el marco del ciclo Jueves Derecho, bajo la moderación de Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad, y contó con la participación de Raquel Reyes Martínez, magistrada de lo contencioso-administrativo destinada en el gabinete técnico del Tribunal Supremo; Paula García Arango, directora de Compliance y Gobierno Corporativo del Grupo ACS, y Diego Pérez Martínez, abogado del Estado y director de la Dirección Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
¿Qué perjudica más al interés público: la corrupción o la ineficiencia?
Una de las cuestiones centrales del encuentro fue determinar si el principal problema de la contratación pública reside en las irregularidades o en la falta de eficiencia de los procedimientos.
Diego Pérez Martínez defendió que la ineficiencia constituye uno de los riesgos más relevantes para la Administración. A su juicio, un expediente puede cumplir escrupulosamente todos los requisitos legales y, sin embargo, resultar perjudicial para el interés público cuando se adquieren bienes o servicios innecesarios o no se supervisa adecuadamente la ejecución del contrato.
El abogado del Estado recordó que legalidad y eficiencia «no son cosas contrapuestas» y advirtió de que el temor de los gestores públicos a cometer errores puede provocar una Administración excesivamente lenta y poco resolutiva.
Desde la perspectiva empresarial, Paula García Arango sostuvo que las irregularidades tienen consecuencias especialmente graves porque deterioran la confianza de los licitadores, distorsionan la competencia y pueden impedir que las empresas mejor preparadas accedan a los contratos.
Una posición compartida por Raquel Reyes Martínez, quien destacó el daño reputacional que generan las prácticas irregulares y recordó que, en muchas ocasiones, corrupción e ineficiencia aparecen vinculadas.
Los controles deben actuar antes de que se produzca el daño
Los participantes coincidieron en la necesidad de revisar el funcionamiento de los mecanismos de supervisión de la contratación pública, aunque plantearon diferentes prioridades.
Para Diego Pérez, el problema no reside necesariamente en la ausencia de controles, sino en su orientación. Consideró especialmente importante reforzar la vigilancia durante la preparación de los contratos, cuando pueden producirse fraccionamientos indebidos o adjudicaciones directas, y durante su ejecución, fase en la que pueden pasar inadvertidos incumplimientos de las condiciones inicialmente ofertadas.
Raquel Reyes insistió en la conveniencia de fortalecer los controles preventivos, puesto que la intervención de los tribunales suele producirse cuando el perjuicio ya se ha materializado. La magistrada también defendió una mayor exigencia de motivación de las decisiones adoptadas por las mesas de contratación, especialmente cuando se utilizan criterios de adjudicación distintos del precio.
Entre sus propuestas destacó la publicación de todas las adjudicaciones en los portales de contratación, incluidos los contratos menores, junto con las correspondientes motivaciones y modificaciones contractuales.
Según explicó, una mayor transparencia permitiría reducir la litigiosidad y contribuiría a recuperar la confianza de los operadores económicos y de los ciudadanos.
El compliance como requisito para contratar con la Administración
La directora de Compliance y Gobierno Corporativo de ACS, Paula García Arango, planteó la conveniencia de que las administraciones públicas exijan a las empresas licitadoras sistemas efectivos de prevención penal y antisoborno.
En su opinión, la acreditación de estos mecanismos debería convertirse en una condición general para acceder a los contratos públicos, evitando que las empresas sin modelos reales de cumplimiento normativo puedan competir en igualdad de condiciones con aquellas que sí han implantado medidas de prevención.
García Arango mencionó las normas UNE 19601 y UNE-ISO 37001 como referencias para desarrollar estos sistemas, ya implantados en compañías como ACS.
También destacó las posibilidades de la inteligencia artificial generativa para reducir los costes de implantación de programas de cumplimiento normativo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Profesionalizar la contratación y evaluar los resultados
Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de mejorar la formación de los empleados públicos encargados de gestionar los procedimientos de contratación.
Diego Pérez y Raquel Reyes coincidieron en la importancia de impulsar una mayor especialización, particularmente en las administraciones locales de menor tamaño, donde los recursos técnicos y humanos pueden resultar insuficientes.
Ambos defendieron asimismo la utilización de pliegos normalizados que faciliten la preparación de los expedientes y reduzcan los errores administrativos.
Diego Pérez fue más allá al reclamar una evaluación de los resultados de los contratos públicos. En su opinión, no basta con comprobar que un expediente se ha tramitado correctamente desde el punto de vista formal, sino que también debe analizarse si la contratación ha cumplido su finalidad y si los recursos empleados han estado justificados.
Durante la jornada se abordaron igualmente las novedades legislativas y jurisprudenciales que afectan al sector, entre ellas el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las prohibiciones de contratar.
Recuperar la confianza en la contratación pública
Pese a las deficiencias identificadas, los participantes rechazaron que deba extenderse una desconfianza generalizada hacia la contratación pública, una actividad imprescindible para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
Diego Pérez recordó su importancia para la prestación cotidiana de servicios a los ciudadanos, mientras que Paula García Arango insistió en que la prevención de la corrupción debe traducirse en actuaciones efectivas y no limitarse al cumplimiento formal de determinadas obligaciones.
Raquel Reyes cerró su reflexión con una advertencia sobre la fragilidad de la confianza en las instituciones, que calificó como «muy difícil de conseguir y muy fácil de romper».
El ciclo Jueves Derecho de CUNEF Universidad continuará el próximo 9 de noviembre con una sesión dedicada al control judicial del poder político.