El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España propone 30 líneas de actuación para aumentar la oferta residencial, agilizar los procedimientos urbanísticos y reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos. La organización considera imprescindible un acuerdo entre todos los grupos políticos.
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (CGCGAE) ha elaborado una propuesta de política integral de vivienda que plantea un horizonte de actuación de veinte años y reclama el consenso de todas las fuerzas políticas para afrontar uno de los principales problemas sociales y económicos del país.
La iniciativa se recoge en el documento Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social, que analiza la evolución del mercado residencial español durante las últimas siete décadas y propone 30 líneas de actuación distribuidas en siete grandes ámbitos.
Los gestores administrativos consideran que la crisis de acceso a la vivienda ha alcanzado una dimensión que exige superar las respuestas parciales y las medidas limitadas a una legislatura. Por ello, el Consejo General trasladará su propuesta a todos los grupos parlamentarios con el objetivo de impulsar un marco de actuación estable, capaz de mantenerse con independencia de los cambios de Gobierno.
El planteamiento parte de una premisa: la situación actual es consecuencia de décadas de decisiones políticas, económicas y urbanísticas, por lo que difícilmente podrá resolverse mediante actuaciones aisladas.
Un déficit acumulado de 750.000 viviendas
El informe recoge datos que reflejan el creciente desequilibrio entre la formación de nuevos hogares y la construcción residencial.
Según las cifras del Banco de España citadas por el Consejo General, entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit cercano a las 750.000 viviendas. Durante ese periodo se crearon una media de 245.000 hogares anuales, mientras que en 2025 apenas se terminaron 92.000 viviendas.
El acceso a la propiedad también se ha complicado. La adquisición de una vivienda requiere actualmente el equivalente a 7,7 años de salario bruto, el nivel más elevado desde 2011.
La situación afecta especialmente a los jóvenes. Según los datos recogidos en el informe, únicamente el 14,5% de las personas de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar.
A estas dificultades se añade la escasa dimensión del parque público residencial español, que representa aproximadamente el 1,5% del total de viviendas, frente a porcentajes situados entre el 20% y el 30% en países como Países Bajos o Austria.
Para los gestores administrativos, las consecuencias de este desequilibrio trascienden el ámbito inmobiliario y afectan directamente a la movilidad laboral, la captación de talento, la emancipación juvenil, la natalidad y la igualdad de oportunidades.
Agilizar el urbanismo y aumentar la construcción
Una de las principales propuestas del Consejo General consiste en impulsar un Programa Nacional de Producción Residencial que concentre los esfuerzos en las zonas donde existe un mayor déficit de vivienda.
La iniciativa contempla fomentar la construcción industrializada y mejorar la coordinación entre las administraciones responsables de la planificación urbanística.
El informe también propone elaborar un Inventario Nacional de Suelo Disponible que permita identificar los terrenos susceptibles de destinarse a nuevas promociones residenciales y facilitar la movilización del suelo público.
Los gestores administrativos llaman especialmente la atención sobre la duración de los procedimientos urbanísticos, que, según el documento, superan de media los ocho años.
Para reducir estos plazos, plantean una modernización administrativa basada en la simplificación de procedimientos y la implantación de un expediente digital único, sin que ello suponga una reducción de las garantías legales.
El objetivo es eliminar obstáculos burocráticos que dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales y retrasan la incorporación de viviendas al mercado.
Seguridad jurídica para propietarios e inquilinos
La regulación del alquiler constituye otro de los aspectos centrales de la propuesta.
El Consejo General defiende un modelo que combine la protección de las personas vulnerables con la seguridad jurídica de los propietarios, especialmente de aquellos particulares que destinan una vivienda al arrendamiento.
En este sentido, propone establecer una garantía público-privada frente al impago, mecanismos de compensación automática para los pequeños propietarios y procedimientos de mediación rápida para resolver conflictos.
El documento también plantea revisar la regulación del alquiler de temporada mediante criterios objetivos que permitan identificar cuándo existe una necesidad real de arrendamiento temporal.
La organización considera necesario encontrar un equilibrio entre la protección social y los derechos de los propietarios. Su propuesta parte de que ninguna persona en situación de vulnerabilidad debe quedarse sin una alternativa habitacional, pero sostiene que esa protección no puede recaer indefinidamente sobre el propietario particular.
Desde esta perspectiva, los gestores administrativos defienden que la seguridad jurídica debe proteger tanto al arrendatario como al arrendador que cumple sus obligaciones legales.
Nuevas fórmulas de acceso a la vivienda
El informe también apuesta por diversificar las alternativas residenciales, más allá de los modelos tradicionales de compra y alquiler.
Entre las opciones que propone figuran el alquiler asequible, las cooperativas en régimen de cesión de uso y el alquiler con opción de compra.
Asimismo, reclama un programa permanente de rehabilitación residencial que permita mejorar el aprovechamiento del parque inmobiliario existente.
La colaboración público-privada constituye otro de los pilares de la propuesta. El Consejo General considera que el incremento de la oferta requiere un marco regulatorio estable y previsible que facilite las inversiones y permita desarrollar proyectos a largo plazo.
Medidas inmediatas y objetivos a veinte años
La hoja de ruta establece tres horizontes temporales para desarrollar las actuaciones.
En una primera fase, el Consejo General propone reforzar la coordinación entre administraciones urbanísticas, revisar las cargas burocráticas, analizar la normativa de arrendamientos y establecer reglas claras para el alquiler de temporada.
Durante los próximos cuatro años, el objetivo sería poner en marcha el Programa Nacional de Producción Residencial, completar el inventario de suelo disponible, implantar el expediente digital único y desarrollar tanto los programas de rehabilitación como los mecanismos de garantía frente al impago.
A más largo plazo, con horizontes de diez y veinte años, el informe plantea aproximar progresivamente la producción residencial al ritmo de creación de nuevos hogares, ampliar el parque público y asequible y mejorar las posibilidades de emancipación de los jóvenes.
El documento también propone establecer un sistema nacional de indicadores que permita evaluar de forma continuada los resultados de las políticas de vivienda y corregir aquellas medidas que no alcancen sus objetivos.
Un acuerdo político que trascienda las legislaturas
La principal reivindicación del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos es que la política de vivienda deje de depender exclusivamente de las prioridades de cada legislatura.
La organización considera que la magnitud del problema exige compromisos compartidos entre administraciones y fuerzas políticas, así como una planificación sostenida que proporcione estabilidad normativa y permita evaluar los resultados a largo plazo.
Con el envío de su informe a los grupos parlamentarios, los gestores administrativos pretenden contribuir al debate público mediante una propuesta que combina reformas urbanísticas, medidas de carácter administrativo, mecanismos de protección social y garantías jurídicas para los distintos participantes en el mercado residencial.
El planteamiento sitúa el aumento de la oferta, la modernización administrativa y la seguridad jurídica como elementos complementarios de una política de vivienda que, según el Consejo General, solo podrá ofrecer resultados duraderos si cuenta con un amplio respaldo político.