El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) reconoce la labor del Colegio de la Abogacía de Ceuta ante la presión migratoria de los últimos meses y exige medios suficientes para garantizar una asistencia jurídica independiente y eficaz. El pronunciamiento se suma al respaldo institucional expresado en septiembre por el Consejo General de la Abogacía Española.
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), organización que representa a más de un millón de abogados de 46 países, ha expresado públicamente su apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a los profesionales que durante los últimos meses han tenido que afrontar un incremento extraordinario de los procedimientos relacionados con la inmigración, el asilo y los retornos.
La declaración europea pone de relieve la importancia de garantizar el derecho de defensa en las fronteras exteriores de la Unión Europea, especialmente en situaciones de elevada presión migratoria. Para el CCBE, la protección de los derechos fundamentales exige que las personas afectadas por estos procedimientos puedan contar con asistencia jurídica independiente desde las primeras fases de su tramitación.
El pronunciamiento llega después de un verano especialmente complicado para los servicios públicos de Ceuta. La llegada extraordinaria de personas a la ciudad provocó la apertura simultánea de miles de procedimientos administrativos y obligó a reforzar en pocas semanas el servicio de Extranjería del Colegio de la Abogacía, que hasta entonces contaba con tres abogados.
La situación ha puesto de manifiesto las dificultades que pueden surgir cuando el incremento de la actividad administrativa no va acompañado de los recursos necesarios para garantizar una asistencia jurídica adecuada.
El derecho de defensa debe garantizarse desde el primer momento
La declaración del CCBE insiste en que la asistencia letrada no puede limitarse a una intervención formal en determinados momentos del procedimiento. Los abogados deben poder asesorar a las personas afectadas desde las primeras actuaciones administrativas, acompañarlas durante la tramitación de sus expedientes y mantener su intervención cuando resulte necesaria una revisión judicial.
Esta asistencia resulta especialmente importante en procedimientos de identificación, solicitudes de protección internacional y decisiones de retorno, donde pueden estar en juego derechos fundamentales y situaciones personales de especial vulnerabilidad.
El organismo europeo recuerda que las garantías jurídicas deben permitir el examen individualizado de cada caso, la posibilidad efectiva de recurrir las decisiones administrativas y la identificación de circunstancias que requieran una protección específica.
Asimismo, subraya que el derecho de asilo y el principio de no devolución deben respetarse incluso cuando los Estados miembros afrontan situaciones extraordinarias de presión en sus fronteras.
El posicionamiento del CCBE trasciende así la situación concreta de Ceuta y plantea una cuestión que afecta al conjunto de la Unión Europea: cómo compatibilizar la gestión de los flujos migratorios con el respeto efectivo de las garantías que conforman el Estado de Derecho.
Reconocimiento a Isabel Valriberas y al Turno de Oficio de Ceuta
La declaración europea se suma al respaldo que el Consejo General de la Abogacía Española expresó el pasado 18 de septiembre, cuando su Pleno aprobó la declaración institucional «En defensa de la Abogacía de Ceuta».
En aquel pronunciamiento, la institución reconoció expresamente el trabajo desarrollado por la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio, que han tenido que adaptar su organización a unas circunstancias cambiantes y a un volumen extraordinario de procedimientos.
La respuesta de los abogados ceutíes también ha contado con el respaldo de colegios profesionales, decanos y abogados de distintos puntos de España, mientras que el Consejo General de la Abogacía Española ha mantenido el contacto con el Colegio para acompañar sus peticiones de refuerzo.
El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha destacado el esfuerzo realizado por los profesionales de Ceuta y la importancia de que ese reconocimiento se traduzca en medidas concretas.
«El trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros y compañeras de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita», ha señalado.
González considera que el respaldo del CCBE refuerza la posición mantenida por la institución española desde el inicio de esta situación: «Para que las garantías sean reales tiene que haber abogados independientes, presentes desde el primer momento y con los medios necesarios para ejercer su función».
La Abogacía reclama recursos y condiciones profesionales adecuadas
Tanto el CCBE como el Consejo General de la Abogacía Española coinciden en que el reconocimiento institucional a los profesionales debe ir acompañado de una dotación suficiente de medios humanos y materiales.
La Abogacía Española ya había reclamado en septiembre un respaldo efectivo al Turno de Oficio de Ceuta, mientras que el organismo europeo insiste ahora en la necesidad de garantizar condiciones profesionales que permitan prestar la asistencia jurídica con independencia, eficacia y dignidad.
La experiencia de Ceuta ha evidenciado la importancia de contar con servicios de asistencia jurídica gratuita capaces de responder a incrementos extraordinarios de la demanda sin comprometer la calidad del asesoramiento ni los derechos de las personas afectadas.
El reconocimiento europeo supone, por tanto, un respaldo a la labor desarrollada por los abogados ceutíes, pero también una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de asistencia jurídica en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
La cuestión de fondo, según coinciden ambas organizaciones profesionales, es garantizar que las situaciones excepcionales no reduzcan la efectividad de los derechos fundamentales y que el acceso a un abogado independiente siga siendo una garantía real para cualquier persona sometida a un procedimiento administrativo o judicial en frontera.