El eurodiputado ha participado en un encuentro de ENATIC Joven dedicado a la futura iniciativa europea Cloud and AI Development Act (CADA), que pretende reforzar las infraestructuras de computación e inteligencia artificial de la Unión Europea. La protección de datos, la contratación pública y las consecuencias para los despachos de abogados centraron parte del debate.
Diego Solier
La Comisión Joven de ENATIC ha celebrado una nueva edición de su ciclo «Café con», en esta ocasión con la participación del eurodiputado Diego Solier, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo. El encuentro, celebrado el 16 de octubre, estuvo dedicado a analizar los desafíos que afronta la Unión Europea para reducir su dependencia tecnológica y desarrollar infraestructuras propias de inteligencia artificial y servicios en la nube.
La conversación fue conducida por María Sánchez Besga, vicepresidenta de ENATIC Joven, y contó con la intervención de Laura Laguna, miembro de la comisión, quien abordó las implicaciones jurídicas de la soberanía digital, especialmente en materia de protección de datos y acceso a la información por parte de terceros países.
Uno de los asuntos centrales fue la futura Cloud and AI Development Act (CADA), iniciativa europea en cuyos trabajos parlamentarios participa Solier y que pretende reforzar las capacidades de la Unión Europea en centros de datos, servicios de nube e infraestructuras de computación para inteligencia artificial.
La soberanía digital no depende únicamente de dónde se almacenan los datos
Durante el encuentro, Diego Solier explicó que la futura regulación pretende complementar otras normas europeas, como el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) y el Reglamento de Datos (Data Act).
Mientras estas disposiciones regulan distintos aspectos de la utilización de la tecnología y del tratamiento de los datos, CADA busca abordar las necesidades materiales que hacen posible su funcionamiento: capacidad de computación, centros de datos, suministro energético y procedimientos administrativos para desarrollar nuevas infraestructuras.
Solier destacó que la soberanía tecnológica no debe confundirse con el aislamiento, sino con la capacidad de Europa para mantener el control sobre sus decisiones tecnológicas.
En este sentido, advirtió de que almacenar información físicamente en territorio europeo no garantiza por sí solo su protección si la legislación de terceros países permite exigir el acceso a esos datos.
Esta cuestión resulta especialmente relevante para las organizaciones que gestionan información confidencial, incluidos los despachos de abogados y los departamentos jurídicos de las empresas.
¿Tendrán que cambiar los despachos sus proveedores de nube?
Una de las cuestiones de mayor interés para el sector jurídico fue la posible repercusión de la futura normativa sobre los servicios tecnológicos utilizados por los profesionales.
Solier explicó que los requisitos reforzados de soberanía podrían afectar especialmente a empresas que trabajan con determinadas administraciones públicas o que gestionan información particularmente sensible.
Sin embargo, precisó que la iniciativa no debe interpretarse como una obligación general para que todas las empresas privadas sustituyan sus actuales proveedores internacionales de servicios en la nube.
El eurodiputado señaló que los trabajos legislativos contemplan distintos niveles de protección en función de la sensibilidad de los datos y de los servicios prestados.
La definición de estos requisitos sigue abierta al debate, ya que una regulación excesivamente restrictiva podría limitar el número de proveedores capaces de cumplirla y reducir la competencia en el mercado europeo.
Contratación pública, inversión y oportunidades para España
El encuentro también abordó el papel de la contratación pública como instrumento para favorecer el desarrollo de proveedores tecnológicos europeos.
Según explicó Solier, las administraciones pueden contribuir a generar demanda y facilitar el crecimiento de nuevas empresas, aunque este proceso debe acompañarse de inversión privada y desarrollarse de manera progresiva.
Otro de los retos identificados fue la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para construir centros de datos y mejorar su acceso a la red eléctrica.
En este ámbito, el eurodiputado destacó las oportunidades que ofrece España gracias a su conectividad internacional, sus infraestructuras de telecomunicaciones y su capacidad de generación energética, aunque consideró necesario seguir mejorando las condiciones para atraer inversiones tecnológicas.
Una regulación todavía en fase de negociación
Solier recordó que los trabajos parlamentarios relacionados con CADA se encuentran todavía en fase de elaboración y negociación. Por tanto, los requisitos y medidas debatidos no constituyen obligaciones legales definitivamente aprobadas.
El objetivo de la iniciativa es contribuir a que Europa disponga de una mayor oferta de proveedores de servicios de nube e inteligencia artificial, costes de computación más competitivos y mejores condiciones para desarrollar y retener talento tecnológico.
La sesión puso de manifiesto que la soberanía tecnológica europea no constituye únicamente un desafío industrial, sino también una cuestión jurídica que afecta a la protección de datos, la contratación pública, la competencia y la seguridad jurídica.
Con este encuentro, ENATIC Joven continúa su ciclo de conversaciones con representantes institucionales y especialistas para analizar las transformaciones del Derecho Digital y sus consecuencias para el ejercicio profesional de la abogacía.