La investigación de la Universidad Pontificia Comillas y ASDEPRES, basada en 110 entrevistas y 1.495 cuestionarios realizados en 39 prisiones, detecta carencias sanitarias, desigualdades en el acceso a actividades y dificultades para mantener el contacto familiar.
Presentación de estudio sobre mujeres en centros penitenciarios
El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (ReICAZ) ha acogido la presentación de una investigación que pone de manifiesto las deficiencias que afectan a las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios españoles y cuestiona el grado de cumplimiento de los estándares internacionales establecidos para su protección.
El estudio, titulado Mujeres privadas de libertad: Grado de cumplimiento de las Reglas Bangkok, ha sido elaborado por la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia (ASDEPRES) y publicado en 2026 por Aranzadi La Ley. La presentación tuvo lugar en un acto organizado por el Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza.
La investigación analiza las necesidades específicas de las mujeres internadas en establecimientos dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y evalúa su adecuación a las Reglas de Bangkok, aprobadas por Naciones Unidas en 2010 para el tratamiento de las reclusas y la aplicación de medidas no privativas de libertad.
Para elaborar el informe se realizaron 110 entrevistas y 1.495 cuestionarios en 39 centros penitenciarios, lo que ha permitido identificar problemas relacionados con la asistencia sanitaria, la salud mental, las condiciones de vida, el régimen disciplinario y las relaciones familiares.
Deficiencias en la atención sanitaria y la salud mental
Uno de los principales problemas identificados por la investigación es la insuficiencia de recursos sanitarios para atender las necesidades específicas de las mujeres.
El estudio señala la falta de personal médico y las deficiencias en el seguimiento ginecológico y obstétrico. También recoge denuncias de violencia obstétrica y de utilización indebida de la fuerza y de esposas durante determinadas pruebas médicas y traslados hospitalarios.
La atención a la salud mental y las adicciones constituye otro de los ámbitos en los que se detectan carencias significativas.
Según los datos recogidos, el 38,7% de las mujeres estudiadas presenta drogodependencias y el 22,8% problemas de salud mental. Sin embargo, la investigación advierte de la ausencia de programas específicos de tratamiento psiquiátrico y de adicciones que incorporen adecuadamente la perspectiva de género.
Estas deficiencias, según el informe, dificultan una respuesta adaptada a las circunstancias de las internas y a sus necesidades terapéuticas.
Desigualdades en las instalaciones y en el acceso a actividades
La investigación también cuestiona la configuración de los establecimientos penitenciarios, diseñados mayoritariamente para albergar a población masculina.
Esta circunstancia provoca, según sus conclusiones, una situación de desigualdad para las mujeres, que con frecuencia ocupan módulos dentro de prisiones de hombres.
El estudio identifica diferencias en las condiciones de habitabilidad y en las oportunidades de acceso a trabajos remunerados, actividades formativas y programas terapéuticos.
Asimismo, recoge quejas relacionadas con espacios inadecuados, recortes en la alimentación y dificultades para acceder a productos básicos de higiene.
Los investigadores consideran que estas circunstancias reflejan problemas estructurales que no pueden resolverse únicamente mediante medidas individuales, sino que requieren adaptar la organización y los recursos penitenciarios a las necesidades de las mujeres.
El 77,3% de las internas son madres
Otro de los aspectos destacados del informe es la dificultad para mantener las relaciones familiares, especialmente el contacto entre las mujeres privadas de libertad y sus hijos.
El 77,3% de las internas incluidas en la investigación son madres, una circunstancia que otorga especial importancia a las comunicaciones familiares durante el cumplimiento de la condena.
El estudio detecta barreras burocráticas, limitaciones de tiempo y falta de recursos para facilitar las comunicaciones y videollamadas con los hijos.
Estas dificultades pueden agravar las consecuencias personales y familiares del encarcelamiento y plantean la necesidad de revisar los mecanismos de comunicación disponibles.
La investigación también recoge la percepción de las reclusas de que reciben sanciones más frecuentes o severas por infracciones menores en comparación con los hombres. A ello se añaden quejas por registros y cacheos que consideran desproporcionados.
La investigación reclama aplicar efectivamente las Reglas de Bangkok
Las conclusiones del trabajo apuntan a la necesidad de incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en el funcionamiento de los centros penitenciarios.
Los autores consideran imprescindible reforzar la formación en igualdad del personal, adaptar las instalaciones y eliminar las prácticas discriminatorias detectadas.
El objetivo es garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad y avanzar en el cumplimiento de las Reglas de Bangkok, que establecen estándares internacionales específicos para su tratamiento.
La investigación pretende también trasladar a las instituciones penitenciarias y a la sociedad las experiencias y necesidades expresadas por las propias internas.
En este sentido, sus responsables explican que el propósito del estudio es dar voz a las mujeres que han participado en él y evitar que sus problemas queden invisibilizados dentro del sistema penitenciario.
La presentación en el Colegio de Abogados de Zaragoza sitúa estas conclusiones en el ámbito del debate jurídico sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y sobre la adecuación del sistema penitenciario español a las obligaciones y estándares internacionales.