El Colegio pide reformar el Código Civil para dar una respuesta expresa a estos supuestos. Su II Congreso de Familia y Sucesiones también aborda las desigualdades territoriales en la especialización judicial y las dificultades derivadas de los MASC.
Isabel Winkels
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado una reforma del Código Civil que regule expresamente la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida. La petición figura entre las principales conclusiones de su II Congreso de Familia y Sucesiones, celebrado los días 5 y 6 de noviembre, en el que se han analizado las dificultades jurídicas y económicas que afrontan las familias tras una ruptura.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística citados por el Colegio, la custodia compartida se acordó en el 50,8 % de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la custodia de hijos menores en 2025, frente al 49,7 % del año anterior.
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha señalado que esa evolución no encuentra una respuesta específica en el artículo 96 del Código Civil en lo relativo al uso de la vivienda. A su juicio, esta falta de adaptación obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones cada vez más frecuentes.
La vivienda, un foco de conflicto tras la ruptura
El Congreso dedicó una de sus sesiones a la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda familiar, con un caso práctico analizado desde distintas instancias judiciales y la perspectiva del Tribunal Supremo.
El debate puso de manifiesto la dificultad de conciliar los derechos de los menores, las necesidades habitacionales de los progenitores y la titularidad de los inmuebles. A esa complejidad jurídica se suma, según los participantes, el coste de mantener dos hogares después de la separación.
La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, advirtió del impacto del encarecimiento de la vivienda en Madrid. «Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas», afirmó.
Zabalgo explicó que esta situación dificulta la organización de la convivencia de los hijos entre dos domicilios y agrava las consecuencias económicas de las rupturas. Según señaló, las dificultades de acceso a la vivienda están trasladando nuevos conflictos a los juzgados, tanto sobre la atribución inicial del uso como sobre su posterior extinción.
Especialización judicial en todo el territorio
Winkels también reclamó extender la especialización judicial en familia, infancia y capacidad al conjunto del territorio nacional.
Aunque reconoció avances vinculados a la implantación de los Tribunales de Instancia, advirtió de la persistencia de diferencias territoriales que condicionan el acceso de los ciudadanos a órganos especializados en función de su lugar de residencia.
La vicedecana defendió una actualización legislativa que responda a las necesidades de las familias y a las dificultades detectadas en la práctica judicial. «Seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad», aseguró.
Objeciones a los MASC y apuesta por la prevención
Otra de las cuestiones abordadas fue la exigencia de acudir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos familiares. Winkels sostuvo que este requisito está generando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad.
El Colegio reiteró su intención de reclamar la supresión de esa exigencia en los procedimientos afectados.
El Congreso también destacó la utilidad de anticipar decisiones ante futuras necesidades de apoyo. Winkels defendió instrumentos como los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, que permiten expresar quién debe prestar asistencia y cómo debe organizarse si llega a resultar necesaria.
Por último, señaló la creciente complejidad de los asuntos familiares con elementos internacionales, que requieren formación especializada para determinar la competencia judicial, la legislación aplicable y los convenios relevantes en cada caso.