Letrados de Administrativando Abogados que han conseguido este éxito judicial
Administrativando Abogados, boutique líder a nivel nacional en Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo, logra una importante sentencia que frena la ejecución de varias liquidaciones tributarias después de acreditar que su cobro inmediato podía conducirla a una situación de insolvencia y poner en peligro su continuidad.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado dos autos, de 22 y 23 de octubre de 2026, por los que acuerda suspender la ejecución de las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2022 y 2023.
La decisión judicial adquiere especial relevancia porque permite mantener paralizado el cobro sin exigir a la sociedad la constitución de avales bancarios ni otras garantías patrimoniales que, dada su situación económica, no podía aportar, circunstancia ésta que no suele ser habitual.
En este procedimiento han intervenido Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados y Alicia Ibáñez Fernández, letrada asociada de la firma.
La empresa se enfrentaba a unas deudas que superaban ampliamente su capacidad económica
El origen del conflicto se encuentra en distintas liquidaciones tributarias cuya ejecución podía provocar graves dificultades financieras a la mercantil afectada.
Ante la imposibilidad de afrontar inmediatamente los importes reclamados, la sociedad solicitó la suspensión de las liquidaciones de Hacienda ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.
Sin embargo, este organismo inadmitió a trámite las solicitudes, lo que obligó a la empresa a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para tratar de evitar que la Administración procediera al cobro mientras se resolvía la controversia.
La situación presentaba una dificultad añadida: la sociedad carecía de liquidez suficiente para pagar las cantidades exigidas y tampoco disponía de un patrimonio que le permitiera constituir las garantías habitualmente solicitadas para suspender las deudas tributarias.
De este modo, el cobro podía producirse antes de que los tribunales examinaran definitivamente la legalidad de las decisiones administrativas cuestionadas.
La documentación económica demuestra que el pago podía hacer inviable el negocio
La defensa de la sociedad aportó un informe pericial económico que resultó determinante para acreditar las consecuencias que tendría la ejecución de las liquidaciones.
Según los datos examinados por el tribunal, el importe de las deudas tributarias multiplicaba por 8,6 la liquidez disponible de la empresa.
Esta circunstancia evidenciaba que la sociedad no podía afrontar los pagos con sus recursos inmediatos sin comprometer seriamente su funcionamiento.
El informe también advertía de que la necesidad de atender las obligaciones tributarias obligaría a destinar al pago de las deudas recursos imprescindibles para sufragar los gastos de personal, con el consiguiente riesgo de despidos por causas económicas.
La insuficiencia patrimonial reforzaba esta situación. El inmovilizado material neto de la sociedad ascendía a 4.773,56 euros en 2023 y a 8.841,46 euros en 2024, cifras que dificultaban la aportación de garantías reales o hipotecarias.
Además, la empresa acreditó que había solicitado un aval bancario y que la entidad financiera había rechazado concedérselo.
La conclusión de la documentación pericial era especialmente preocupante: la ejecución de las deudas podía conducir a la sociedad a un procedimiento concursal.
El tribunal considera que esperar a la sentencia podía causar daños irreversibles
Al analizar las solicitudes de medidas cautelares, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recuerda que la ejecución de una liquidación tributaria puede producir perjuicios de difícil o imposible reparación.
La cuestión resulta particularmente importante cuando lo que se impugna es una decisión administrativa que ha inadmitido una solicitud de suspensión.
Aunque este tipo de controversias presenta dificultades jurídicas específicas, la Sala considera que debe examinarse la situación individual de cada contribuyente y valorar las consecuencias reales que podría ocasionar la ejecución del acto.
Los magistrados destacan que las medidas cautelares tienen precisamente la finalidad de impedir que el procedimiento judicial pierda su utilidad.
En este caso, si la empresa se viera obligada a satisfacer inmediatamente las cantidades reclamadas y ello provocara su insolvencia, una eventual resolución judicial favorable posterior podría llegar demasiado tarde.
El tribunal concede especial importancia a que la situación económica estuviera respaldada por datos contables objetivos y a que la Administración no hubiera desvirtuado las circunstancias acreditadas mediante el informe pericial.
Dos autos permiten paralizar las liquidaciones sin aportar garantías
El primer pronunciamiento, recogido en el Auto 181/2026, de 22 de octubre, acuerda la suspensión de la ejecución de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades.
Un día después, mediante el Auto 185/2026, de 23 de octubre, la misma Sección Cuarta adopta una decisión favorable respecto de las liquidaciones del IVA.
En ambos casos, el resultado permite evitar provisionalmente el cobro de las deudas mientras continúa la tramitación judicial.
La suspensión se acuerda sin necesidad de constituir garantías, una circunstancia esencial para la efectividad de la protección solicitada, puesto que la empresa había acreditado precisamente su imposibilidad de obtener avales o aportar bienes suficientes.
Los dos pronunciamientos se dictan sin imposición de costas procesales.
Debe aclararse, no obstante, que las resoluciones no eliminan las deudas ni resuelven definitivamente si las liquidaciones son conformes a Derecho. Su efecto consiste en impedir temporalmente su ejecución para evitar que se produzcan perjuicios irreparables durante el procedimiento.
La continuidad empresarial también debe tenerse en cuenta frente a la actuación recaudatoria
El caso refleja las dificultades que pueden afrontar determinadas sociedades cuando reciben liquidaciones tributarias de elevada cuantía.
La obligación de constituir garantías para obtener una suspensión puede convertirse en un obstáculo especialmente difícil para empresas que atraviesan problemas de liquidez.
Sin embargo, la falta de recursos económicos para obtener un aval no significa necesariamente que deban soportar de inmediato todas las consecuencias de la ejecución administrativa.
La legislación procesal permite a los tribunales ponderar los intereses en conflicto y valorar si el cobro anticipado puede hacer perder su finalidad al recurso judicial.
En este supuesto, la combinación de una deuda elevada, una tesorería insuficiente, la ausencia de activos materiales relevantes y la imposibilidad de conseguir financiación bancaria permitió acreditar un riesgo especialmente grave para la supervivencia de la empresa.
Administrativando Abogados destaca la importancia de acreditar el perjuicio económico
Desde la firma, como abogados expertos en derecho fiscal tributario, subrayan que las resoluciones constituyen un resultado judicial especialmente significativo por las consecuencias prácticas que tienen para la sociedad afectada.
La intervención de Antonio Benítez Ostos y Alicia Ibáñez Fernández ha permitido obtener una protección cautelar que evita, por el momento, que la ejecución de las liquidaciones comprometa la continuidad de la actividad empresarial.
El asunto demuestra que, en determinadas circunstancias, no basta con analizar la existencia de una deuda tributaria, sino que también es necesario valorar los efectos que su cobro inmediato puede provocar sobre la actividad económica y los puestos de trabajo.
La aportación de documentación financiera rigurosa, respaldada por una valoración pericial, resulta fundamental para demostrar que los perjuicios alegados son reales y no meramente hipotéticos.
Estas dos resoluciones recuerdan que el derecho de la Administración a recaudar los tributos debe compatibilizarse con la tutela judicial efectiva.
La finalidad de acudir a los tribunales no puede quedar frustrada porque, antes de que exista una resolución definitiva, la ejecución de una deuda haya provocado la desaparición de la empresa que solicita protección judicial.