Letrados de Administrativando Abogados que han ganado este asunto
Un grupo de veinte funcionarios de carrera de la Administración Penitenciaria del País Vasco ha decidido acudir a los tribunales, representados por Administrativando Abogados, boutique líder a nivel nacional en derecho administrativo y contencioso – administrativo, para reclamar el reconocimiento de determinados complementos retributivos con efectos desde el 1 de octubre de 2021.
Los afectados cuestionan la decisión del Gobierno Vasco de establecer el 1 de abril de 2025 como fecha de inicio del pago, al considerar que las condiciones profesionales que justifican estas retribuciones ya existían desde el traspaso de las competencias penitenciarias.
La controversia se centra en el Decreto 116/2026, de 14 de julio, que modifica la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración vasca.
La defensa jurídica del colectivo corresponde a Antonio Benítez Ostos, socio director fundador de Administrativando Abogados y a Alicia Ibáñez Fernández, asociada de la firma.
El origen del conflicto está en la transferencia penitenciaria de 2021
El 1 de octubre de 2021 se hizo efectivo el traspaso de las competencias penitenciarias desde la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Desde entonces, los funcionarios afectados han continuado desempeñando tareas de vigilancia, control y seguridad en centros penitenciarios, así como servicios nocturnos y funciones que requieren una especial dedicación.
Según sostienen, estas condiciones no comenzaron en abril de 2025, sino que formaban parte de sus obligaciones profesionales desde la transferencia.
El acuerdo aprobado en 2021 para regular las condiciones laborales del personal transferido contemplaba que, una vez aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo, las retribuciones se adecuarían, cuando procediera, con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021.
Posteriormente, el Decreto 315/2024, de 29 de octubre, aprobó la relación de puestos de trabajo de la Administración Penitenciaria vasca, estableciendo con carácter general efectos económicos y administrativos desde aquella fecha.
Sin embargo, el Decreto 116/2026, publicado el 28 de julio de 2026, fijó el 1 de abril de 2025 como fecha de efectos económicos para determinados complementos.
Esta diferencia temporal constituye el principal motivo de la reclamación.
Peligrosidad, nocturnidad y especial dedicación: las cantidades discutidas
Los complementos reclamados están vinculados a condiciones específicas del trabajo penitenciario.
Entre ellos figura el de especial peligrosidad por servicios en áreas de interior, establecido en 175 euros brutos mensuales, así como otro de 175 euros para funciones desarrolladas en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales.
También se contempla un complemento de especial dedicación de 100 euros mensuales para determinados puestos de gestores y otro de nocturnidad de 250 euros brutos mensuales.
Estas cantidades no corresponden necesariamente de manera acumulativa a todos los afectados, puesto que su percepción depende de las funciones realizadas y de los requisitos establecidos para cada puesto.
La reclamación pretende que se examine si procede abonar las diferencias retributivas correspondientes al período comprendido entre octubre de 2021 y marzo de 2025.
Los funcionarios cuestionan la justificación de la fecha elegida
El recurso de reposición presentado por el colectivo sostiene que la Administración ha establecido dos referencias temporales diferentes para regular las consecuencias económicas de las condiciones de trabajo del personal penitenciario.
Mientras la normativa de 2024 contempló efectos retroactivos generales desde octubre de 2021, la regulación posterior limitó determinados complementos a abril de 2025.
Los funcionarios consideran que esta decisión carece de justificación suficiente, puesto que las condiciones de peligrosidad, nocturnidad y especial dedicación ya existían anteriormente.
Su defensa invoca los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
No obstante, el debate jurídico deberá determinar si los acuerdos anteriores permiten extender la retroactividad a estos complementos concretos, ya que la existencia de efectos económicos generales no implica necesariamente que cualquier retribución posterior deba abonarse desde idéntica fecha.
El colectivo acudirá al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Tras formular su reclamación administrativa, los veinte funcionarios han decidido continuar la defensa de sus derechos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Su objetivo es cuestionar la legalidad de la limitación temporal y conseguir que, si prospera su pretensión, se reconozcan las diferencias económicas que correspondan individualmente a cada trabajador.
Por el momento, no existe un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, por lo que las cantidades reclamadas todavía no constituyen un derecho reconocido por los tribunales.
Administrativando Abogados destaca la importancia de respetar los compromisos retributivos
Desde Administrativando Abogados, consideran que el conflicto plantea una cuestión relevante sobre los derechos económicos de los funcionarios y las consecuencias de los acuerdos adoptados durante los procesos de transferencia de competencias.
La defensa sostiene que debe examinarse si existe una razón jurídica objetiva para reconocer desde 2025 unas compensaciones vinculadas a condiciones laborales que, según los afectados, se vienen desempeñando desde 2021.
El asunto también pone de manifiesto la importancia de garantizar una aplicación coherente de las relaciones de puestos de trabajo y de los compromisos asumidos por las administraciones públicas.
La cuestión que llegará a los tribunales es si resulta jurídicamente justificado excluir del pago de estos complementos casi tres años y medio de servicios anteriores a abril de 2025.