El presidente del Consell reclama en Estrasburgo que el conocimiento del catalán sea obligatorio para los jueces en Catalunya y alerta de que el reconocimiento legal de los derechos lingüísticos no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo
El catalán es una lengua oficial en Catalunya y la ciudadanía tiene reconocido el derecho a utilizarla en los procedimientos judiciales, pero esta garantía legal todavía está lejos de traducirse en una normalización efectiva dentro de los tribunales, ya que sólo entre el 5% y el 10% de la actividad judicial en Catalunya se desarrolla en catalán. Ésta es una de las principales contradicciones que el Consell de l’Advocacia Catalana ha puesto hoy sobre la mesa en Estrasburgo, en el marco de la jornada del Consejo de Europa.
El presidente del Consell, Rogeli Montoliu, ha intervenido en el debate sobre el uso de estas lenguas en distintos ámbitos de la sociedad para exponer la experiencia catalana de normalización lingüística y, especialmente, los retos pendientes en el ámbito de la justicia. Montoliu ha defendido que los derechos lingüísticos no pueden quedar limitados a su reconocimiento normativo, sino que deben poder ejercerse con todas las garantías en la relación de la ciudadanía con las instituciones.
«Somos muy conscientes de que los derechos lingüísticos son derechos fundamentales que hay que garantizar porque poder utilizar la lengua materna contribuye al acceso a la justicia con todos los derechos y garantías, y también al derecho a la tutela judicial efectiva», ha afirmado el presidente de la abogacía catalana, quien considera que «en el caso catalán, poder utilizarlo en la justicia también es una cuestión de identidad».
Durante su intervención, Montoliu ha expuesto la distancia que existe entre el marco legal y la realidad cotidiana de los juzgados. La normativa reconoce la validez jurídica de la documentación en catalán, el derecho de la ciudadanía a escoger la lengua en la que quiere intervenir en un procedimiento y recibir las notificaciones, y la posibilidad de recurrir a traductores para garantizar su comprensión. Pero no establece la obligación de que los jueces ni el personal judicial conozcan al catalán.
Esto provoca una situación paradójica: una persona puede expresarse en catalán ante un tribunal, pero no tiene garantizado que el juez le entienda directamente en esta lengua. En muchos casos, las intervenciones y la documentación deben pasar por traducciones y el procedimiento, a menudo, acaba desarrollándose mayoritariamente en castellano.
Por este motivo, el Consell de l’Advocacia Catalana mantiene entre sus principales reivindicaciones que el conocimiento del catalán sea obligatorio para los jueces que ejercen en Catalunya. «Creemos que es muy importante que pueda entender directamente las partes en la lengua catalana, como lengua oficial que es», ha remarcado Montoliu.
El presidente del Consell ha recordado que el catalán cuenta con cerca de diez millones de hablantes y que, en Catalunya, el 93,4% de la población lo entiende y aproximadamente el 80% lo sabe hablar, aunque sólo el 32,6% de la población declara que es su lengua habitual. Esta realidad sociolingüística contrasta con su escasa presencia en el ámbito judicial, especialmente si se compara con el uso generalizado del catalán en las comunicaciones y documentación de las administraciones locales y de la Generalitat.
Herramientas para incentivar el uso del catalán en la justicia
El Consell de l’Advocacia Catalana ha aprovechado el encuentro para compartir dos experiencias que ejemplifican cómo las políticas activas, los incentivos y la disponibilidad de recursos pueden contribuir a revertir esta situación. La primera es el Programa de fomento del catalán en el Turno de Oficio, que incentiva económicamente a los abogados y abogadas para que desarrollen actuaciones profesionales en catalán. La iniciativa quiere romper la inercia de utilizar mayoritariamente el castellano en la actividad jurídica y facilitar que el catalán gane presencia en un servicio esencial para garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
Los resultados muestran la evolución del programa, en el que entre 2021 y 2026 se han inscrito más de 1.000 profesionales y las actuaciones anuales en catalán han pasado de aproximadamente 8.500 a 17.500. Una experiencia que, según ha expuesto Montoliu, demuestra que combinar incentivos económicos y herramientas de soporte puede facilitar un cambio real en los hábitos profesionales.
La segunda iniciativa es Compendium.cat, el portal impulsado por el Consell que ofrece a los profesionales del derecho recursos gratuitos para trabajar en catalán. La plataforma reúne a más de 1.500 recursos para la redacción jurídica y administrativa, entre formularios, manuales de redacción y diccionarios especializados.Actualmente, registra una media de 2.500 usuarios mensuales y unas 15.000 descargas anuales.
El portal nació con la voluntad de facilitar la localización de recursos que hasta ahora se encontraban dispersos y poner al alcance de los profesionales las herramientas necesarias para trabajar en catalán con rigor, seguridad y eficacia.
Del reconocimiento legal al uso real de las lenguas
La intervención del presidente del Consell también ha servido para compartir algunas de las lecciones que se desprenden del proceso de normalización lingüística de Catalunya. Montoliu ha destacado el valor de disponer de un reconocimiento jurídico que, más allá de la oficialidad, vincule la lengua con la identidad, la historia y la tradición de una comunidad, como ocurre con la condición de lengua propia del catalán.
Asimismo, Montoliu ha advertido de que el reconocimiento normativo no produce automáticamente los mismos resultados en todos los ámbitos. Los factores sociales y políticos, el apoyo de los colectivos profesionales y las características sociolingüísticas de cada sector son determinantes para que los derechos se traduzcan en usos efectivos. «Las lenguas deben ser necesarias y útiles, y deben tener sus espacios de uso», ha remarcado.
Con esta participación en el Consejo de Europa, el Consell de l’Advocacia Catalana reafirma su compromiso con la defensa de los derechos lingüísticos y con la promoción del catalán como lengua plenamente válida para el ejercicio profesional, la actividad jurídica y el acceso de la ciudadanía a la justicia.