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¿Qué hacer cuando una startup empieza a tener tensiones con acreedores?

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Luís F. Conde Berné, Asociado área Gestión de Crisis. AGM Abogados

Quedarse temporalmente sin caja no significa necesariamente que una startup haya dejado de ser viable. El crecimiento consume recursos, como equipo, tecnología, marketing o internacionalización, antes de que lleguen los ingresos, y muchas compañías jóvenes dependen de rondas de financiación cuyo retraso puede provocar una tensión de tesorería inesperada.

El problema real aparece cuando esa tensión se traslada a los acreedores: proveedores que cobran tarde, cuotas financieras difíciles de atender, deudas fiscales o laborales que se acumulan, arrendadores que reclaman o inversores que aplazan una financiación que parecía próxima. Esperar simplemente a la siguiente ronda suele ser una mala estrategia.

La prioridad es determinar si se trata de un problema puntual de liquidez o de un desequilibrio más profundo, y actuar pronto: el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) contempla mecanismos de reestructuración preventiva ante la probabilidad de insolvencia, la insolvencia inminente o la insolvencia actual.

1. Entender primero qué ocurre con la caja

La primera pregunta no es jurídica: ¿cuánta caja tenemos y cuánto tiempo podemos seguir operando?

Conviene preparar de inmediato una previsión de tesorería de corto y medio plazo que recoja la caja disponible, los cobros razonablemente previsibles, los pagos imprescindibles, los vencimientos financieros, las obligaciones tributarias y laborales, los proveedores estratégicos y las necesidades de financiación.

No basta con mirar la cuenta de resultados: una startup puede mostrar crecimiento de ingresos y, a la vez, tener una tesorería muy delicada. El análisis debe responder a una cuestión clave: ¿puede el negocio generar caja suficiente en un horizonte razonable o necesita financiación adicional para sobrevivir?

Si el negocio es viable, hay margen para buscar soluciones; si cada euro nuevo solo retrasa pérdidas recurrentes sin perspectiva de recuperación, la estrategia deberá ser otra.

2. No tratar a todos los acreedores por igual

Ante la falta de liquidez, la tentación es pagar a quien reclama con más insistencia. No suele ser el mejor criterio.

Es preferible elaborar un mapa de acreedores (entidades financieras, proveedores tecnológicos y comerciales, arrendadores, financiadores públicos, administraciones y socios financiadores) y clasificarlos según vencimiento, garantías, importancia para la continuidad del negocio y capacidad de negociación.

El objetivo es saber quién puede esperar, con quién hay que negociar de inmediato y qué pagos son críticos. Este análisis financiero debe hacerse junto con el jurídico: las condiciones contractuales, las garantías y las cláusulas de resolución anticipada pueden cambiar sustancialmente la posición negociadora.

3. Hablar con los acreedores antes de que el problema sea evidente

Uno de los errores más frecuentes es retrasar las conversaciones difíciles. Un acreedor reacciona de forma distinta ante una empresa que se anticipa, informa y propone una solución que ante otra cuyo deterioro descubre tras varios incumplimientos.

Las alternativas pueden ser sencillas: ampliar vencimientos, introducir carencias, fraccionar pagos, renegociar condiciones financieras, buscar nueva financiación, reforzar los fondos propios mediante una ronda de capital o combinar varias medidas.

4. Si la negociación informal no basta

La legislación concursal busca favorecer la actuación antes de que la situación sea irreversible.

En los supuestos legalmente previstos, la empresa, a través de su órgano de administración, puede comunicar al juzgado que ha iniciado, o va a iniciar de inmediato, negociaciones con sus acreedores para alcanzar un plan de reestructuración.

Ello no implica entrar en concurso: el sistema preconcursal, regulado en el Libro Segundo del TRLC, pretende crear un marco para negociar una solución que preserve una empresa viable.

El plan puede actuar sobre el activo, el pasivo y los fondos propios: modificar las condiciones de la deuda, transmitir activos o unidades productivas e incluso introducir cambios operativos. Además, bajo determinadas condiciones, si cuenta con las mayorías legalmente exigidas, sus efectos pueden extenderse más allá de los acreedores que lo aceptaron.

Por eso, cuando hay muchos acreedores con intereses distintos, conviene valorar si una negociación bilateral será suficiente o si es mejor estructurar formalmente el proceso.

5. Los administradores no deben mirar solo la cuenta bancaria

Ya no basta con preguntarse por la próxima ronda o por reducir el burn rate: hay que seguir de cerca la situación patrimonial y financiera, los vencimientos y la capacidad real de cumplirlos.

El TRLC distingue entre insolvencia actual e inminente y, además, permite actuar ante la probabilidad de insolvencia, por lo que es esencial identificar en qué escenario se encuentra la compañía.

Cuando la tensión deja de ser puntual, es aconsejable documentar el análisis económico y financiero, las decisiones adoptadas y las alternativas consideradas. No es solo una cuestión de protección jurídica: obliga al equipo directivo a responder a la pregunta correcta: ¿existe un plan realista para recuperar el equilibrio financiero?

6. Preparar un «plan B» no es renunciar al proyecto

En el ecosistema startup existe cierta resistencia a hablar de reestructuración, que se percibe como señal de fracaso. Es un enfoque equivocado: una reestructuración temprana puede preservar el negocio, proteger el valor generado y dar tiempo para alcanzar el siguiente hito comercial o financiero.

La clave es trabajar en dos escenarios:

El plan A se orienta a la recuperación: reducción del consumo de caja, mejora operativa, negociación con acreedores, entrada de inversores o refinanciación.

El plan B define qué hacer si esas hipótesis no se cumplen: ¿qué pasa si la ronda no se cierra, si un financiador no renueva una línea o si las ventas de los próximos tres meses quedan por debajo de lo previsto?

Anticipar estas respuestas permite decidir con racionalidad y no bajo la presión de una caja agotada.

7. Cinco preguntas que conviene hacerse cuanto antes

  1. ¿Disponemos de una previsión de tesorería actualizada y realista?
  2. ¿Sabemos qué obligaciones vencen en los próximos meses y cuáles son críticas?
  3. ¿El negocio es viable si conseguimos tiempo o financiación adicional?
  4. ¿Hablamos con los principales acreedores antes de incumplir, o solo reaccionamos cuando reclaman?
  5. ¿Conocemos las alternativas legales disponibles si la negociación informal no es suficiente?

Si varias de estas preguntas carecen de respuesta clara, probablemente haya llegado el momento de abordar la situación de forma estructurada.

Anticiparse vale más que financiar la urgencia

Las crisis rara vez surgen de un día para otro: antes suele haber señales, como una caja que se reduce gradualmente, plazos de pago que se alargan, rondas que se retrasan, proveedores que endurecen condiciones o previsiones de ventas que se incumplen repetidamente.

Cuanto antes se actúe, mayor será el número de alternativas: reducir costes de forma ordenada, negociar vencimientos, obtener financiación puente, incorporar inversores o, si es necesario, plantear una reestructuración formal.

Finanzas y Derecho deben trabajar conjuntamente: las primeras determinan cuánto tiempo hay y qué necesita la compañía para recuperar su viabilidad; el Derecho aporta el terreno de juego de la negociación y los instrumentos legales para proteger y reestructurar una empresa viable.

Para los fundadores, la idea clave es sencilla: tener tensiones con acreedores no significa necesariamente que la startup haya fracasado, pero ignorarlas demasiado tiempo puede hacer que un problema solucionable deje de serlo.

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