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José Muelas Cerezuela - COMPAREZCO Y DIGO - BLOGS de LP emprende

 

"COMPAREZCO Y DIGO"

José Muelas Cerezuela - @josemuelas

10 de SEPTIEMBRE de 2013

La reforma procesal penal y la independencia judicial

Sostienen bastantes jueces con los que he tenido ocasión de hablar que todas las reformas que pretende llevar a cabo el ministro de justicia obedecen a un único objetivo: acabar con la independencia judicial.

Sostienen estos jueces que el plan del ministro para acabar con la independencia judicial se apoya en tres pilares fundamentales: El primero controlar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el sistema de elección de sus componentes, el segundo controlar la instrucción de las causas a través del Ministerio Fiscal aprovechando el principio de jerarquía y el tercero controlar a los jueces a través de la oportuna creación y regulación de los tribunales de instancia. Si consiguiera estos tres objetivos, afirman estos jueces, el control del gobierno sobre el sistema judicial sería absoluto y esto, eventualmente, sería el salvoconducto perfecto para la impunidad de muchos de los delitos que llenan las primeras planas de nuestros periódicos.

Tales afirmaciones, recurrentes en las esperas de los juicios y en las salas de togas, son tan graves que cuesta dar crédito a las mismas y sin embargo...

Sin embargo, el ministro de justicia, contraviniendo lo expresamente prometido por su partido en su programa electoral, ya ha establecido un sistema de elección de los miembros del CGPJ que deja en manos de las mayorías parlamentarias (la suya en este caso) la elección de sus miembros, lo que, de ser cierta la tesis de estos jueces, supondría que ha cubierto su primer objetivo.

El segundo objetivo sería controlar la instrucción de las causas por medio de los fiscales y basta con leer su propuesta de Ley Procesal Penal para advertir, desde el mismo preámbulo, que es su voluntad entregar la instrucción de la causa a los fiscales sin rebajar ni un ápice la subordinación jerárquica a que están sometidos. Dice el preámbulo:

Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica se esgrimen como argumentos contra la reforma, lo cierto es que precisamente los expresados principios constitucionales permiten la aplicación de criterios coherentes y el seguimiento de prácticas uniformes

Es decir, que los fiscales seguirán sometidos al principio de jerarquía y que eso no lo piensa cambiar el ministro. Le viene bien.

Para pensar que el principio de jerarquía que gobierna al ministerio fiscal no quiebra la independencia judicial sería preciso creer primero que el Fiscal General del Estado no se ve mediatizado por el Gobierno; pero, lamentablemente, para creer esto último es preciso no haber vivido en España los últimos cuarenta años.

Me basta citar el nombre de algunos de los que han sido designados Fiscales Generales del Estado para que en cuanto mencione a alguno de ellos, por ejemplo, Eligio Hernández, Carlos Granados, Luís Burón Barba, Leopoldo Torres Boursault, Juan Ortiz Úrculo o Jesús Cardenal ustedes los asocien inmediatamente a procesos penales en que directa o indirectamente estaba interesado el gobierno de turno y donde su actuación dio lugar a no pocas controversias. Ha habido de todo entre estos nombres: Desde los elegidos por el gobierno sin atender a los requisitos mínimos del cargo a aquellos que hubieron de dimitir por resistirse a las presiones que sufrían del propio Gobierno. Los nombres de estas personas les evocarán inmediatamente también casos como Sogecable, Banca Catalana, Galindo y muchos otros más.

A día de hoy nadie sensato cree que el Fiscal General del Estado no reciba presiones del gobierno que le nombró, al igual que nadie sensato espera que el gobierno nombre como fiscal general a alguien que no sea afín a las ideas del gobierno de turno o demuestre un cierto grado de lealtad a las mismas. El principio de jerarquía hace el resto y por eso el ministro quiere ahora entregar la instrucción a los fiscales sin rebajar un ápice la eficacia de dicho principio.

Así pues, de salir adelante esta ley, el ministro habría asegurado dos de sus tres objetivos y sólo le restaría por conseguir el tercero: La creación de unos tribunales de instancia debidamente controlados. A tal fin ya ha preparado una demencial reforma de la ley de planta que pretende llevar adelante con todo el vigor de su provinciofrénica visión de España; y dice que quiere hacerlo antes del mes de diciembre.

No sé si alguien tiene a estas alturas dudas de cuáles son las intenciones del ministro. La única duda que me cabe es otra más inquietante: ¿Alguien piensa hacer algo?

 
 
 
 

 


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"COMPAREZCO Y DIGO"

José Muelas Cerezuela - @josemuelas

Me llamo José Muelas, soy abogado desde hace más de 25 años y tengo un despacho pequeño como el 85% de los abogados de España. Los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero, les ruego que me disculpen si ese es su criterio.

Se me reconocen ciertas habilidades en el mundo del derecho penal y el derecho de seguros, pero donde más a gusto me siento es reflexionando sobre el derecho y las nuevas tecnologías. En ese campo, para mi sorpresa, alguna vez se me ha reconocido la categoría de “experto” (no sé si echarme a temblar), esto me ha permitido participar en algún programa europeo y dar conferencias e impartir cursos en algunas universidades.

No me gustan las ideas preconcebidas ni los lugares comunes, prefiero las terceras vías (ya me entiendes: ni F.C. Barcelona ni Real Madrid, soy del Atletí desde que Reina se comió el gol del Bayern). Trato de entender la justicia y la moralidad humana de forma científica; no me busques en el Contrato Social, estoy más cerca de Darwin que de Rousseau. Trato también de entender cómo las tecnologías de la información han cambiado y cambiarán el mundo: Vivo una época apasionante y me fastidiaría no enterarme.

Por lo demás juego bastante bien al ajedrez (¿te he contado cuando me jugué la final del Masters 2004 de Benidorm contra el campeón del mundo?), toco el bajo eléctrico (bastante mal por cierto) y canto flamenco según dice un diploma de la Escuela de Arte Flamenco de La Unión, pero lo que dice ese papelito no es verdad.

Hace muchos años fui un outsider en política (hay una columna en El Mundo escrita por Paco Umbral que lo cuenta bastante bien) y ahora soy Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, una ciudad a la que amo. Soy también Consejero en el Consejo General de la Abogacía (comisiones de infraestructuras tecnológicas y competencia, aunque no suelen hacerme mucho caso), patrono de la Fundación Abogacía para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la cooperación internacional y Secretario General de la Asociación Murciana de Empresas de Nuevas Tecnologías, las comunicaciones y el Audiovisual.

Creo en las personas y en la creatividad.





 


 

 

 
 
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