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“El presupuesto de Justicia es el 43 por ciento del total del presupuesto de una Comunidad como Madrid, la segunda más litigiosa del país. Pese al esfuerzo inversor en estos últimos diez años no hemos logrado convertir a la justicia en el servicio público que busca el ciudadano.“ Es una de las reflexiones de la entrevista que mantenemos con Salvador Victoria, Consejero de Justicia y Presidencia madrileño. A lo largo de esta conversación analizamos las reformas que promete impulsar el Ministro Gallardón para agilizar nuestra justicia; su impacto en esta comunidad autónoma y las tecnologías, de las que se muestra ferviente partidario de su entrada en este servicio público. También hablamos de las tasas judiciales, muy contestadas por los operadores jurídicos y su relación con la Justicia Gratuita:” En diciembre el subsecretario de Hacienda nos habló de una recaudación sobre los 230 millones de euros y con ese dinero se podría pagar toda la Justicia Gratuita de España. Que mejor destino para las tasas que ayudar a las personas litigantes sin recursos. Hemos pedido por escrito a Justicia que se nos diga cuál será el procedimiento de cobro. Aun no tenemos respuesta”. En primera persona “Las reformas que impulsa el actual Ministro de Justicia son necesarias. Pretenden acabar con la inactividad de los dos últimos gobiernos socialistas en estos años. Esa inactividad fue total, si la comparamos con la etapa anterior de los ministros Acebes y Michavila que impulsaron el Pacto de Estado para la Justicia. Por desgracia, el PSOE lo incumplió y llegó el parón a la justicia Estas reformas son de gran complejidad. Necesitan un diálogo y el consenso con todos los operadores de la justicia que en España somos bastantes a diferencia de otros países lo que pueda dar sensación de lentitud en su tramitación. De todas ellas, .hay algunas especialmente importantes que ayudarán a dotar a la justicia de más agilidad, como las de carácter procesal; en este contexto la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o la asunción del fiscal en la instrucción en el nuevo Código Procesal Penal son de tener en cuenta. Además la reforma del Código Penal es de gran calado social. No podemos olvidar que nuestro Código Penal constituye la columna vertebral de nuestra democracia En Madrid, pese a que nuestras competencias en Justicia son residuales, estas reformas antes comentadas nos afectan bastante. Es el caso de la Planta Judicial que ahora se habla y que se pretende concentrar en las grandes ciudades los tribunales de justicia. Habrá que organizar muy bien la llamada capitalidad de los partidos judiciales para que esta proximidad en los grandes núcleos urbanos no aleje al ciudadano de la justicia. Igual pasará por la creación de Tribunales Provinciales y sus Secciones. Confío que cualquier decisión que tome el Ministerio de Justicia sobre este tema, y asi se lo hicimos saber en la última Conferencia Sectorial de Justicia, se consensue con cada Comunidad Autónoma.” Sr. Victoria, ¿no es sencillo poner de acuerdo a tantos operadores jurídicos para impulsar las reformas de nuestra justicia? Es cierto, es un fenómeno que no pasa en otros países. No es nada eficaz en su funcionamiento. Precisamente por este motivo, y aprovecho esta entrevista para reiterarlo, volvemos a pedir la devolución de nuestras competencias al Ministerio de Justicia. Esta dispersión competencial entre Ministerio, CGPJ, FGE, Comunidades Autónomas o Colegios Profesionales lleva la ineficiencia de un servicio público esencial en nuestra democracia como es la justicia. ¿Entiende el revuelo que hay en estos momentos por este mapa judicial, del que se habla que pueden desaparecer juzgados en ciudades de unos 300.000 habitantes? Es evidente que se ha generado una expectativa y aún no sabemos qué va a pasar. Es posible que afecte más a otro tipo de ciudades donde hay más dispersión. En Madrid, el peso de los juzgados está casi todo en nuestra ciudad. Hablamos de una comunidad pequeña y con buenas comunicaciones. Por este motivo es posible que los problemas de adaptación en nuestra ciudad sean menores pero también nos preocupa. Nos gustaría saber qué va a pasar con los Juzgados de Paz, ahora centrados en cuestiones menores, pero no por ello menos importantes porque afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. También cuál será el futuro de los Juzgados de Primera Instancia y de instrucción. Sobre todo que esa necesaria especialización y concentración de órganos judiciales no lleve a una mayor lejanía en las relaciones entre el ciudadano y la justicia. En este contexto el uso de la tecnología podría ser definitivo para evitar esas demoras. Estoy de acuerdo con usted. El futuro de la justicia pasa por la tecnología. Se trata de ir abandonando la presencia física y el papel y sustituirlo por la tramitación tecnológica; notificaciones telemática o el uso de videoconferencia, eso sí con las máximas garantías procesales y jurídicas Justicia apuesta por Lexnet como sistema de notificación y dice que hará pruebas pilotos sobre tramitación de demandas y diligencias previas online.. La apuesta de la Comunidad de Madrid por la tecnología es importante. Estamos abiertos a esta circunstancia que usted comenta. Procuramos renovar nuestros equipos año a año y estar a la vanguardia en este tema. Nuestro objetivo es que su máxima aplicación se haga un año antes de lo que señala la normativa que regula este tema. Así lo hacemos desde Lexnet y desde Iusmadrid que empieza a permitir la interconexión de juzgados y tribunales. Este año lo implantaremos en la jurisdicción civil. El futuro pasa por la interconexión; la interoperabilidad y la compatibilidad con otros sistemas procesales como Lexnet o Minerva o los sistemas que manejan fiscalía o los propios jueces. En esa compatibilidad estamos trabajando para que su aplicación sea lo antes posible. ¿Cómo están trabajando a nivel institucional para mejorar esta interoperabilidad? Desde Justicia y en colaboración con el resto de Comunidades Autónomas, se ha creado una Comisión centrada en las Nuevas Tecnologías en la Justicia para acercar posturas. Por desgracia, antes de la llegada del ministro Gallardón no se funcionaba así y se han perdido unos años. Si le parece hablamos ahora de Madrid, la segunda comunidad autónoma más litigiosa del país. En primer lugar, todos sabemos que litigar es un derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia. Dicho esto, es evidente que no se debe permitir que se aproveche esta litigación en un contexto de demora de nuestros juzgados. Creo que la cuestión no es más personal ni más juzgados. En la Comunidad de Madrid se ven los resultados. Hemos invertido en los diez años que tenemos competencia en justicia 3000 millones de euros. En el 2014 invertiremos 400 millones que es un 10% del coste total de la justicia en España. No obstante, pese al esfuerzo, la justicia no ha dado el salto en agilidad que esperan los ciudadanos. ¿Dónde está el problema, entonces. Consejero? El problema viene de la necesidad de poner en marcha medidas procesales y de ahí esas reformas que impulsa Justicia y de las que ya hemos hablado. A este respecto no son buenas las instrucciones judiciales de cinco años, como puede pasar en casos penales. Casos como el Gürtel, que ahora cumple esos cinco años o el juicio del caso Ciempozuelos, cuya instrucción se empezó en el año 2006. No es de recibo que esta demora sea tan importante. Hay que revisar bien estos procesos. ¿Qué otro tipo de reformas harían falta? De carácter organizativo que organicen mejor la planta judicial desde la especialización de juzgados y tribunales, tal y como se pretende hacer. Y la tecnológica. De esta forma la justicia podrá estar al nivel de cualquier otro servicio público ¿No cree que faltan personal humano, mas jueces? Se ha hablado mucho de este tema. No creo que tengamos una ratio tan baja de jueces en comparación con Europa. Nuestro nivel de jueces por habitante es muy similar al de Alemania que es ligeramente superior. Es evidente que hacen falta jueces. Pero jueces de carrera. Cuando el Ministro Gallardón decidió suprimir a los jueces sustitutos lo hizo porque pensó que la interinidad casaba mal con la independencia judicial. ¿Qué papel puede jugar en este freno a la litigiosidad el desarrollo de los métodos extrajudiciales en una autonomía como Madrid? Es posible que este tipo de alternativa ayude a medio plazo. Sin embargo deberán pasar muchos años para que la sociedad española, a diferencia de otros países, sustituya la acción de la justicia por la acción del arbitraje o la mediación. Son métodos más rápidos y económicos pero que en el caso del arbitraje tiene más aplicación mercantil. Las empresas empiezan a darse cuenta de sus ventajas y de que una justicia lenta genera incertidumbre. Y al final cuesta dinero. Por cierto, la última vez que nos vimos fue en la Conferencia Sectorial donde se habló de las tasas judiciales, ¿Ya sabe dónde está ese dinero que iba a ir a la Justicia Gratuita? El dinero de las tasas se encuentra en el Ministerio de Hacienda. Como usted recuerda solicité en la última Conferencia Sectorial, a finales del mes de diciembre, en virtud del artículo 11 de la citada Ley de Tasas, que se destinara a financiar la justicia gratuita. Ahora el coste de la Justicia Gratuita lo soportan las Comunidades Autónomas, en el caso de Madrid fueron casi 50 millones de euros. Lo que solicito es que se mandato legal que el legislador estatal se impuso se haga efectivo. El subsecretario de Hacienda nos habló de una recaudación sobre los 230 millones de euros. Con ese dinero se podría pagar toda la Justicia Gratuita de España. Que mejor destino para las tasas que ayudar a las personas litigantes sin recursos. Lo que queremos es saber cómo va a ser el procedimiento de cobro. Lo hemos requerido y todavía no sabemos nada.. Esperamos la propuesta del Ministerio de Justicia SI así no fuera, las tasas judiciales pierden su razón de ser, habría que retirarlas porque no cumplen un mandato estatal ¿Se han planteado algún plazo de espera ante Justicia? No, aun no. Pero si se ha solicitado por escrito que concrete lo que nos comentó en la sectorial de Justicia y donde se volvió a hablar de tasas y de justicia gratuita.. Aún no hemos recibido respuesta ¿No cree que las tasas están siendo una barrera disuasoria en el acceso a la justicia? Es cierto que se ha hablado mucho de este tema. Pero hay que darse cuenta que el 72 por cien de los asuntos son penales y en esos no se aplican las tasas. Dicho esto, es evidente que el pago de la tasa puede generar una dificultad para unas personas pero para eso existe la justicia gratuita. Quienes no tienen recursos no pagan tasas y en cuestiones penales tampoco. Creo que la incidencia no es tan alta como se pensaba al principio. Lo que si es fundamental que el importe de la tasa ayude al acceso a la justicia de todas las personas. Hablando de Justicia Gratuita, ya nos comentaron en el ICAM que los pagos se van actualizando de forma regular. Desde hace un año venimos trabajando con los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares en la mejora de los procedimientos de gestión de la justicia gratuita en beneficio del ciudadano. Que tenga o no derecho, tenga una resolución lo antes posible en cualquiera de esos sentidos. Esta labor coordinada de gestión y de transparencia entre nosotros y las instituciones colegiales está dando sus frutos. En el ICAM el 60 por ciento del os expedientes se tramita por vía electrónica. A este respecto hemos trabajado a nivel informático lo que nos permite consultar diferentes bases de datos y saber los recursos económicos de cada solicitante. Se han acortado plazos de forma considerable. ¿Qué cambios debería haber en la Justicia Gratuita desde su punto de vista? A falta de que avance el Anteproyecto sobre Justicia Gratuita del Ministerio del que pocos datos conocemos, sí sería bueno en este asunto establecer unos requisitos comunes a todo el territorio nacional. No tiene sentido que un ciudadano según el lugar donde resida tenga un tratamiento en este asunto diferente en un sitio u otro. Así pasa igual con los abogados y procuradores a nivel de emolumentos. Debería haber unos baremos comunes a todo el territorio nacional. Esperamos que el Ministerio de Justicia haga una propuesta en firma en este sentido. La justicia gratuita es un derecho que debe aplicarse de forma homogénea en todo el territorio. ¿Con esta crisis habrá habido un incremento importante en estos años que demandan justicia gratuita? No se ha visto tan grande como cabría pensar. Ni se ha visto desbordado de peticiones como cabria pensar. La crisis si afecta a la litigiosidad. Se ha visto un incremento notable de asuntos en la jurisdicción social con muchos despidos o ERES pero no en cuestiones penales y en otras jurisdicciones ha disminuido. Hablamos de la actualidad y terminamos esta entrevista. ¿Cómo valora la elección del nuevo CGPJ impugnada por una asociación judicial en el Supremo? La gran virtud creo que es fruto del acuerdo de dos grandes partidos. La justicia tiene que avanzar por esos acuerdos de Estado donde estas fuerzas políticas puedan consensuar sistemas positivos. Es evidente que un sistema elegido por los jueces sería lo ideal y esa fue la postura inicial del Ministro de Justicia pero creo que es bueno que la justicia se fundamente sobre ese acuerdo. Cuando este tipo de acuerdos no se respeta, y me acuerdo del Pacto de Estado de la Justicia del 2002, eso es malo y se termina pagando. ¿Es bueno que ante determinadas decisiones judiciales los políticos hagan manifestaciones tan duras? No debemos meter nunca presión a un juez. Todas las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Eso no quita que una resolución puede ser valorada por un ciudadano. Pero esa valoración debe hacerse desde el respeto y acatamiento al fallo judicial en concreto.
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