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Conocíamos la noticia a finales del pasado mes de enero, cuando la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados de la Carrera, decidía impugnar ante el Tribunal Supremo el nombramiento de los doce vocales de adscripción judicial y del presidente del órgano de gobierno de los jueces al entender que el "cambalache" de la negociación política y el nuevo modelo acreditan una "injerencia" de los partidos y del propio Gobierno con "graves consecuencias". Desde Lawyerpress hemos querido profundizar en esta iniciativa de la mano de Marcelino Sexmero, magistrado y portavoz nacional de esta asociación judicial. “Vista la politización que tiene el CGPJ desde 1986 señalamos que ese modelo ideal del propio Consejo se sustenta en la elección por los propios jueces de esos doce vocales. Eso garantiza según la doctrina del Constitucional que exista una pluralidad de la carrera y a la vez los otros ocho vocales elegidos por el Parlamento también responderían a esa pluralidad parlamentaria,” indica. A lo largo de la entrevista profundizamos en esta cuestión y pasamos revista a la situación de nuestra justicia. En primera persona: “Somos una de las asociaciones judiciales más veterana del sector. Cuenta con 710 asociados, la segunda por importancia de las que existen en nuestro país. Creo que nuestra asociación no tiene un carácter ideologizado, lo que nos une a los asociados es una determinada forma de ver la carrera judicial desde la independencia de la carrera judicial. Nunca hemos estado vinculados a ningún partido político. Nuestra entidad es muy plural, respetamos la ideología política de cada uno de nuestros asociados. No nos identificamos con ninguna. Lo que nos une es realmente la defensa de la carrera judicial. Creemos que ha llegado el momento de pasar de la protesta a los hechos. De ahí nuestra idea de recurrir por vía contencioso administrativa al Tribunal Supremo la elección de los doce vocales elegidos por el Parlamento, de los ocho restantes y su elección nada tenemos que decir. Queremos que los tribunales, y en este caso el Tribunal Supremo, se pronuncie sobre este hecho que pensamos que es una ilegalidad la elección de los doce magistrados del CGPJ por los partidos políticos. Este recurso contencioso se formula y luego hay un plazo para presentar la demanda ante la sala contenciosa del propio Supremo Sr Sexmero ¿ Esta iniciativa de su asociación de impugnar los nombramientos a los vocales del CGPJ fue consultada al resto de asociaciones judiciales? La verdad que no. Además el plazo urgía. Tomamos la decisión de forma asociativa sin consultar a nadie, de esa forma evitamos que se dilate cualquier toma de decisión. Además cada asociación tiene que hacer su trabajo y no vimos conveniente mantener ninguna consulta con el resto de entidades asociativas de la carrera judicial. ¿Qué cree que puede pasar con esta demanda, sabiendo que los miembros del Supremo son elegidos por el propio CGPJ? Hay que darse cuenta que la Sala Tercera del Supremo está especializada en estos temas de potestad reglamentaria del Gobierno así como temas contenciosos que tengan la forma o resolución de decreto o Real Decreto. Curiosamente estos nombramientos aunque se hacen por las Cortes tiene forma de Real Decreto. Por tanto teóricamente es competente para resolver sobre la legalidad de los citados nombramientos. En todo caso el Tribunal Supremo también sería competente en el caso que tuviera duda y plantear una cuestión de inconstitucionalidad de la propia reforma y del propio precepto a la luz de la Sentencia que ya dictó en su dia en 1986 el Tribunal Constitucional sobre cómo debería interpretarse la elección por el Parlamento de los vocales judiciales y que es lo que ahora no se respeta. En su día el Constitucional dijo que la elección parlamentaria era constitucional siempre y cuando respetara la pluralidad de la carrera, no de la parlamentaria. Y lo que se ha hecho desde entonces en el CGPJ y ahora más evidente es reflejar esa pluralidad parlamentaria, lo cual hace que incumpla dicha sentencia y se cae en la ilegalidad en este asunto de elección parlamentaria. Para su asociación, ¿Cuál sería el modelo ideal de elección de los miembros del CGPJ? Vista la politización que tiene el CGPJ desde 1986 señalamos que ese modelo ideal se sustentaba en la elección por los propios jueces de esos doce vocales. Eso garantiza según la doctrina del Constitucional que exista una pluralidad de la carrera y a la vez los otros ocho vocales elegidos por el Parlamento también responderían a esa pluralidad parlamentaria. De hecho así fue en 1981 y no cuajó muy bien aquello porque en aquel momento solo existía la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) que desde luego no se comportó como debiera, fue en ese momento cuando se producen las escisiones de otras asociaciones judiciales, en concreto, JD y Francisco de Vitoria. Se trataría de seguir otros ejemplos que hay en el mundo como el caso de Italia o Francia de que el órgano de Gobierno, parte de sus integrantes, sean elegidos por los propios jueces Por desgracia nunca se consigue la participación de los jueces… La disculpa que nos dan es que se intentó en su día que todo el poder judicial se democratizase eligiéndose desde el Parlamento, así se nos dijo en 1985 en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de nuevo cuño del ministro Ledesma. Sin embargo, después de tantos años la justificación que existe esa participación parlamentaria es la de manipular este órgano de gobierno judicial desde la elección de sus vocales. De ahí que en cascada, del CGPJ para abajo se intente de alguna forma de coartar la independencia del poder judicial. Así se entendería el cambio de actitud del PP sobre este tema, incumpliendo su programa electoral, dando una vuelta de tuerca màs a esta elección parlamentaria de la que hablamos. ¿Este modelo de CGPJ de nuevo cuño no existe en ningún otro país? No, no existe en ningún otro. Casi todos los Consejos de la Magistratura con modelos parecidos al español, gran parte de los integrantes de ese órgano de gobierno son elegidos por los propios jueces Me imagino que están dispuestos hasta el final, llegar al Tribunal Constitucional… Como nosotros no podemos llegar por ley, recurrimos al Supremo por si lo tiene a bien y entiende que puede haber una inconstitucionalidad de la reforma, antes de resolver en sentencia, acuerde ese tratamiento de la cuestión de inconstitucionalidad Francisco de Vitoria como asociación siempre ha estado muy preocupada por la independencia judicial. En efecto, y siempre hemos reivindicado mayor transparencia en la elección de los altos cargos judiciales, cuestión que hace el propio CGPJ. Hablamos de Magistrados del Supremo, Presidentes de TSJ o de Audiencia, entre otros altos cargos Ese efecto en cascada que produce la politización, de arriba abajo, provoca que la transparencia en la elección de estos altos cargos en función de sus méritos, a veces no haya sido muy transparente. Hasta ahora, estas elecciones se hacían por adscripción asociativa los integrantes de esos órganos, más que por el mérito o su capacidad. No es que los elegidos no tengan mérito o capacidad para ser Magistrados o Presidentes de Audiencia es que este sistema de elección tan opaco pudiera dar que pensar que había un reparto de cargos. Sabemos que se quiere cambiar este sistema y esperamos que así se haga. Confiemos que no se caiga en las amistades. Este CGPJ está empezando en su andadura y habrá que ver como se desenvuelve en este terreno. Ahora hay una vacante ya publicada en el BOE para presidente de la Audiencia Nacional, cargo que Angel Juanes, ahora vicepresidente del Supremo, deja libre. En este caso habría que buscar un perfil de magistrado, preferentemente de un órgano colegiado, a ser posible de la propia Audiencia. Que nadie discuta su lado técnico como jurista pero que también tenga dotes de gobierno, de gestor. En este periodo de vida del CGPJ se han puesto en marcha dos figuras significativas, en primer lugar una Comisión de Transparencia y buen Gobierno. Habrá que ver su utilidad real. Es evidente que lo requiere el CGPJ es transparencia. Sin embargo me da la sensación que se piensa más en la transparencia económica de la entidad, recordando los problemas que tuvo el anterior presidente Carlos Divar, que en otra perspectiva. A fecha de hoy, las asociaciones judiciales no sabemos nada de la misma ni hemos sido llamados para colaborar con dicha Comisión. Tampoco sabemos quien va a integrarla. En principio está todo por ver en este terreno, desde luego La otra figura es la llamada del Promotor de Acción Disciplinaria para casos concretos en la carrera judicial. Nos han dicho que se quiere separar la instrucción de un expediente de lo que es el enjuiciamiento propio. Hasta ahora era la propia Comisión Disciplinaria quien abría las diligencias de investigación y luego sancionaba, salvo en aquellas de separación de la carrera, donde actuaba el pleno del CGPJ. La justificación parece adecuada, separar ambos organismos. Sin embargo, nos tememos que el uso de este nuevo cargo que es individual no tenga la moderación suficiente a la hora de abrir estos expedientes. Antes el expediente lo abría una Comisión donde no predominaba ningún criterio de nadie. Es evidente que las decisiones de los jueces calan en los políticos y generan opiniones muy diversas, a veces altisonantes. En este caso sería muy oportuno que el CGPJ fuera más proactivo y saliera en defensa de cualquier compañero magistrado afectado. En el asunto del juez Castro creo que tardó demasiado en hacer esa declaración institucional respaldando su labor. Para solucionar este asunto es fundamental que los políticos de este país cambien su forma de proceder. Lo que no tiene sentido es que en lugar de criticar de forma constructiva y jurídicamente esas sentencias, se limitan a atacar u ofender al juez y a minusvalorar ese fallo judicial por causas que no tienen que ver con el derecho. La democracia exige un respeto a los tribunales que ahora no se está dando por desgracia. No es justo que por intereses partidistas o políticos se denigren decisiones judiciales y solo alabar las que le favorecen. Otro tema que preocupa a Francisco de Vitoria es la reforma de la administración de la justicia desde una Oficina Judicial en la que ustedes, los jueces han quedado excluidos. Hay que recordar que en el 2003 con la consiguiente Ley orgánica se pusieron las bases de esa nueva Oficina Judicial. Esta iniciativa quedó en barbecho durante todo el Gobierno de Zapatero, hasta que en el 2009 con el Ministro Caamaño de Justicia se estableció por ley el diseño de esa Oficina Judicial. Curiosamente en esa Oficina Judicial el elemento clave era el secretario judicial. Eso hacia que no se consultase a los jueces ni los jueces podíamos intervenir en ese diseño. La verdad es que hasta el momento no ha funcionado como se pensaba iba a hacerlo. ¿Les gusta a ustedes lo que ha planteado el Ministro Gallardón sobre la nueva Ley de Planta y demarcación? Esta nueva reforma creará la figura de los Tribunales de Instancia, figura ya habitual en Francia y Alemania. Si se sabe hacer bien tiene muchas ventajas. Ahora este Proyecto de Ley de Tribunales de Instancia tal y como está diseñado no nos gusta nada. Pretende organizar la primera instancia y quiere controlar los nombramientos, por parte del CGPJ y no por los propios jueces del presidente de estos Tribunales que sustituiría a los actuales decanos. Con esta forma de elección se meten personas de confianza. La figura del presidente en estos nuevos tribunales tiene gran poder. Puede hacer el reparto de los asuntos entre otros jueces. Eso podría crear una quiebra en la independencia judicial. No es mala idea romper la idea tradicional de partido judicial y abrirse a la jurisdicción provincial. En otras capitales de provincia se podrán hacer circunscripciones más pequeñas. Pero fuera de eso la via debería ser la provincial y la excepción el partido judicial actual. Ustedes también son partidarios que el CGPJ sea el organismo que lidere nuestra justicia. Nosotros creemos en esta institución, por eso somos tan críticos con el actual CGPJ y no nos presentamos en este nuevo modelo con los avales correspondientes Este es un organismo que debería tener más competencias que las tenía antes. Debería tener todas. Lo que sobra es el Ministerio de Justicia. Debe ser el líder y órgano representativo del poder judicial actual, impulse las reformas de la justicia y preserve la independencia de los jueces. Sin embargo, esto no ocurre por la politización que sufre este organismo a lo largo de los últimos años por desgracia. Lógicamente si no creyéramos en el CGPJ no haríamos nada de estas actividades reivindicativas. ¿Es partidario de las autonomías con competencias en justicia, las devuelvan? Siempre hemos creído en ello. Quizás habría que hacer la salvedad de alguna comunidad histórica en este sentido. Pero la regla general tendría que haber sido la uniformidad. Ya lo dice la Constitución que el poder judicial es único y si los jueces y magistrados dependen del Ministerio y del CGPJ no tiene sentido que los medios, o lo que se llama la administración de la administración de justicia esté dispersa en diferentes comunidades autónomas. Eso hace al final que el ciudadano tenga una justicia diferente. Al final cada juez necesita tener los medios materiales adecuados que recibe de cada circunscripción. La única solución es que las competencias fueran nacionales del Ministerio. ¿Se ha notado el impacto de las tasas judiciales en la litigiosidad judicial? En las jurisdicciones penal y social que no tienen tasas no se ha notado. Sin embargo en la jurisdicción civil y contenciosa ha habido reducción de asuntos en un 30 por ciento. Si esto no se declara inconstitucional, de aquí a cuatro o cinco años, solo podrán acceder a la justicia los que tengan dinero o los que vayan a justicia gratuita. Eso supondrá un gran perjuicio para la gran clase media española, que no está en ninguno de los supuestos que le comentaba. ¿Son inconstitucionales las tasas, Sr Sexmero? Creo que son necesarias. Hemos sido partidarios de que existan siempre y cuando tengan una proporcionalidad en la cuantía. No puede ser que sean disuasorias que es lo que quiere el Ministro Gallardón, así lo ha dicho en varios foros. Así existen las tasas para sacarse el carnet de conducir o el propio carnet de conducir. Con ese dinero se podría mejorar la administración de justicia bien gestionada. Lógicamente si leemos el artículo 24 de la Constitución que habla del derecho a la tutela judicial efectiva, queda claro que la cuantía de la tasa es inconstitucional. Otra preocupación desde su asociación, claramente reflejada en las actuaciones de Francisco de Vitoria, es la carrera judicial y su carga de trabajo. Es un momento complicado para los jueces y su trabajo. Desde hace un año estamos mermados en efectivos al eliminarse a los más de 1500 jueces sustitutos que hacían su trabajo dignamente. Fue una medida economicista e innecesaria, bajo nuestro punto de vista. No tuvo sentido hacerlo sin tener una alternativa clara y viable a esa situación. Además esa citada Ley redujo de forma notable el número de opositores y aspirantes a la carrera judicial. No se han cubierto ni las plazas de los que se jubilan ni aquellas previstas por el anterior CGPJ. Ahora existe un déficit de unos 500 jueces que no existen. Se ha trastocado mucho la organización de la justicia. Los jueces intentamos sustituirnos entre sí pero es complicado porque hay señalamientos a la vez. Eso está provocando ya suspensiones de juicios y de vistas. ¿Cuántos jueces harían falta ahora en estos momentos? Además de esos quinientos para cumplir la planta judicial existente. Hay que darse cuenta que los jueces de las últimas tres promociones no están colocados. Nuestra planta es la media que otros países europeos, harían falta otros 2.000 jueces. Se trataría de hacer un proyecto de 300 jueces anuales durante una década. Con más jueces se repartiría mejor la carga de trabajo actual. De ahí que la idea de los Tribunales de Instancia fuera buena. Con los mismos funcionarios adscritos al tribunal se aumentaban el número de jueces en función de las necesidades. Cualquier otro sistema no ha ayudado a disminuir esta carga de trabajo que soportamos los jueces. El cuello de botella es la resolución y con la media que jueces que tenemos no podemos atender con calidad a este asunto. ¿El problema de la justicia es crónico? Estamos ante una cuestión estructural que los políticos no han resuelto nunca. Siempre ha habido promesas. Quien más se acercó fue el Ministro Caamaño con un plan coherente y se comprometió durante tres años a crear 300 plazas de jueces. En el último año no se crearon por la crisis y arrastramos ese déficit desde entonces.
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