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La jurisdicción voluntaria nos interesa a todos
MADRID, 06 de OCTUBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Juan Ramón Liébana Ortiz, Doctor en Derecho, Abogado, Profesor Asociado Derecho Procesal de la Universidad Internacional de La Rioja

Juan Ramón Liébana OrtizMuchos profesionales del Derecho, especialmente los más jóvenes, nunca han estudiado la jurisdicción voluntaria propiamente dicha, pues ésta se relega al último tema del programa de Derecho Procesal Civil, precisamente ese que los estudiantes saben que nunca caerá en el examen. Esta es, probablemente, una de las razones por las que la gestación y la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria está pasando tan desapercibida entre la opinión pública especializada.

Sin embargo, como tendremos ocasión de comprobar, en la práctica jurídica los expedientes de jurisdicción voluntaria están a la orden del día y, lo que es más importante, el nuevo modelo de jurisdicción voluntaria va a suponer la definitiva modernización de una institución procesal cuya regulación vigente data del siglo XIX, introduciendo importantes cambios en la Administración de Justicia con el objetivo de adaptarla a las necesidades de los ciudadanos.

Una de las notas características de la jurisdicción voluntaria es la heterogeneidad de los procedimientos de Derecho civil y mercantil que engloba, abarcando cuestiones tan diversas como el nombramiento de defensor judicial, la protección del patrimonio de las personas con discapacidad, la extracción de órganos de donantes vivos, la dispensa de impedimento matrimonial, la aceptación y repudiación de la herencia o el nombramiento y revocación de administrador, liquidador, auditor o interventor de una entidad o la disolución de sociedades mercantiles.

De esta forma, todos los operadores jurídicos en algún momento de sus carreras profesionales se van a enfrentar a un expediente de jurisdicción voluntaria. Es por ello que considero muy importante llamar la atención nuevamente sobre esta institución procesal y las novedades que, en todo caso, su futura ley reguladora va a introducir en nuestro ordenamiento jurídico y en el quehacer de Jueces, Secretarios Judiciales, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Abogados y Procuradores.

Con esta reforma legislativa, los Jueces verán disminuida su carga de trabajo sobre cuestiones de jurisdicción voluntaria (que se reducirá a los expedientes que afecten al interés público o al estado civil de las personas, que precisen una especial tutela, cuando afecten a derechos de menores o incapaces o cuando se trata de expedientes de naturaleza constitutiva), pudiéndose centrar así en ejercer la función jurisdiccional que la Constitución les atribuye en exclusiva.

Por otra parte, a los Secretarios Judiciales incumbirá el impulso de los procedimientos de jurisdicción voluntaria dentro de sus funciones de dirección técnica procesal, dictar las resoluciones interlocutorias que sean precisas, así como encargarse de la decisión de algunos expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente sobre el modo de ser de un determinado derecho o situación jurídica como son, por ejemplo, los expedientes de nombramiento de defensor judicial, la declaración de ausencia y de fallecimiento o los actos de conciliación.

También Notarios y Registradores verán acrecidas sus funciones de realizar la seguridad jurídica preventiva que les es propia. En concreto, la participación de los Notarios tiene lugar en la mayoría de los actos de carácter testamentario sucesorio, en las subastas voluntarias, en la fijación del plazo de cumplimiento de las obligaciones y, de forma concurrente con el Secretario Judicial, en materia de ofrecimiento de pago y de consignación de deudas pecuniarias, y los supuestos de separación y divorcio de mutuo acuerdo (siempre que no hay hijos menores o incapaces), así como el expediente previo a la celebración del matrimonio y la misma celebración del matrimonio (en estos dos últimos casos de forma concurrente con el Secretario del Ayuntamiento, el encargado del Registro Civil el Cónsul o funcionario diplomático o el Alcalde o concejal en que este delegue, respectivamente).

Con esta redistribución el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria pretende racionalizar este sector del ordenamiento jurídico, dotando de competencias a operadores jurídicos (Secretarios Judiciales y Notarios) tradicionalmente vinculados a esta institución procesal al tener encomendada fe pública (judicial y extrajudicial respectivamente) con el objeto último de acabar con la endémica lentitud de nuestra justicia civil.

Por su parte, Abogados y Procuradores están llamados a intervenir en los expedientes de jurisdicción voluntaria con carácter preceptivo en todos los expedientes en materia mercantil, en los de cuantía determinada que exceda de 6.000 euros, en los de acogimiento y adopción, para la remoción del tutor o curador, para la presentación de los recursos de revisión y apelación y, en todo caso, cuando los solicitantes e interesados reclamen voluntariamente sus servicios profesionales en estas cuestiones.

Son muchas las novedades que introducirá la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, algunas de ellas de mejora técnico-procesal. Así ocurre, por ejemplo, en la conciliación civil y mercantil. Además de atribuirse su tramitación y resolución a los Secretarios Judiciales (competencia que ya ejercían en exclusiva desde el año 2009, tras la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial), el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria regula más precisamente la ejecución de lo acordado y la acción de nulidad contra lo acordado en conciliación.

Pero sin duda, los auténticos beneficiados por la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria van a ser los ciudadanos y las empresas, quienes contarán con un moderno procedimiento para satisfacer sus derechos e intereses jurídicos legítimos que, respetando en todo caso la tutela judicial efectiva, será más ágil, económico y adaptado a sus necesidades.

En efecto, la gran virtud del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria es que por primera vez en la historia incorpora a nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento común, de aplicación supletoria a todos los expedientes de esta naturaleza, en el que se incluyen todas las posibles vicisitudes procesales desde el inicio hasta la decisión final, con preceptos que regulan cuestiones tales como la acumulación de expedientes, el tratamiento procesal de la competencia, la admisión de las solicitudes y las diversas posibles situaciones procesales de los interesados, la celebración de la comparecencia oral, la decisión del expediente y el régimen jurídico de los recursos.

Esta sola innovación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, largamente reclamada por la doctrina, permitirá acabar por fin con el laberinto procesal que es la actual regulación de la institución y dotar de la necesaria certeza jurídica al cauce procesal del que disponen los ciudadanos para la satisfacción de multitud de sus derechos e intereses.

Los ciudadanos podrá solicitar por sí mismo la satisfacción de multitud de derechos e intereses en cuestiones tan diversas como, por ejemplo, la constitución de la tutela, la concesión de la emancipación o la dispensa del impedimento matrimonial, además de cuestiones en relación con la patria potestad o en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales. Ello supondrá unos procedimientos ágiles y económicos puesto que los expedientes de competencia judicial están exentos de tasas judiciales y para aquéllos que se encomiendan a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles se prevé la aprobación de unos aranceles específicos y la aplicación en todo caso de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por último, las empresas contarán también con un nuevo procedimiento para el nombramiento y revocación de los administradores sociales y para la disolución judicial de las sociedades más moderno y eficiente, adaptado a la realidad del tráfico mercantil actual. Igualmente, la atribución de nuevas competencias a los Notarios en materia mercantil va a conferir más agilidad a determinadas actuaciones de empresas, como puede ser el nombramiento de peritos en los contratos de seguros o la venta extrajudicial cuando se precisen, o un nuevo expediente para los casos de robo, hurto, extravío o destrucción de los títulos-valor. Asimismo, se modifica la Ley de Sociedades de Capital para que sea el Registrador Mercantil el competente para convocar la Juntas Generales de las empresas en determinados supuestos, lo que sin duda simplificará la tramitación de este requisito dada la más estrecha redacción de ambos actores del tráfico jurídico-mercantil.

 

 

 

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