Sociedades
científicas,
asociaciones
de
pacientes,
industria
farmacéutica
y
Administración
coinciden
en
señalar
la
equidad
en
el
acceso
a la
innovación
en
tratamientos
farmacológicos
como
un
aspecto
fundamental
en
Sanidad,
sobre
el
que
deben
pivotar
las
políticas
sanitarias.
Expertos
reunidos
hoy
en
Madrid
en
el
marco
del
XXI
Congreso
Nacional
de
Derecho
Sanitario
han
debatido
sobre
las
mejores
fórmulas
de
la
incorporación
de
los
fármacos
innovadores
y ha
quedado
de
manifiesto
la
conveniencia
de
que
los
informes
de
posicionamiento
terapéutico
tengan
carácter
vinculante
efectivamente
en
todo
el
Sistema
Nacional
de
Salud.
El
director
general
de
Farmaindustria,
Humberto
Arnés,
ha
destacado
apoyándose
en
datos
recientes,
que
la
sustitución
de
fármacos
tradicionales
por
fármacos
innovadores
conlleva
una
elevada
reducción
de
gastos
médicos
directos
totales,
proporcionando
un
retorno
sobre
la
inversión
de
hasta
el
600%,
lo
que
hace
que
el
acceso
a la
innovación
debiera
ser
una
“prioridad”.
Reforzar
las
competencias
centrales
en
materia
de
prestación
farmacéutica,
impidiendo
demoras,
barreras
e
incluso
exclusiones
de
ciertos
territorios
es,
según
Arnés,
imprescindible.
En
la
mesa,
moderada
por
Alfonso
Moreno,
catedrático
de
Farmacología
Clínica
y
jefe
del
servicio
de
Farmacología
Clínica
del
Hospital
Clínico
San
Carlos
de
Madrid,
han
participado
Agustín
Rivero,
director
general
de
Cartera
Básica
de
Servicios
del
Sistema
Nacional
de
Salud
y
Farmacia
del
Ministerio
de
Sanidad,
Julio
Sánchez
Fierro
(vicepresidente
1º
de
la
Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario);
Pilar
Garrido,
presidente
de
la
Sociedad
Española
de
Oncología
Médica;
y
María
Gálvez,
directora
general
de
la
Federación
Española
de
Parkinson.
Además,
el
Congreso
de
Derecho
Sanitario
ha
celebrado
una
segunda
mesa
de
debate
en
torno
a la
necesidad
de
equidad
en
el
acceso
a
las
prestaciones
sanitarias
de
forma
global
para
los
pacientes
independientemente
de
dónde
estén
o de
dónde
vivan,
destacando
la
necesidad
de
trabajar
en
favor
de
una
mayor
cohesión
y
cooperación
para
acabar
con
las
desigualdades
en
el
acceso
a
los
servicios
de
salud,
aplicando
para
ello
una
cartera
básica.
En
esta
mesa
se
ha
planteado
la
necesidad
de
entender
la
asistencia
sanitaria
de
forma
globalizada
e
informatizada,
debido
a
que
la
salud
no
es
un
problema
individual,
por
lo
que
el
Estado
tiene
que
velar
por
la
salud
de
sus
ciudadanos
fuera
y
dentro
de
sus
fronteras.
Por
ello,
durante
la
sesión
los
expertos
han
destacado
la
necesidad
de
la
implicación
de
todos
los
actores
de
forma
realista
para
llegar
a la
consecución
de
los
objetivos
planteados.
En la mesa,
moderada
por
Eduardo
Martín
Serrano,
presidente
de
la
Asociación
Andaluza
de
Derecho
Sanitario
han
participado
José
Guerrero,
magistrado
de
la
Audiencia
Nacional;
Alfredo
Montoya,
miembro
de
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación;
Alejandro
Toledo,
presidente
de
la
Alianza
General
de
Pacientes;
e
Íñigo
de
Miguel,
miembro
de
la
Junta
Directiva
de
la
Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario.
Acerca
de
la
Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario
La Asociación
Española
de
Derecho
Sanitario
nació
en
1992
con
el
deseo
de
propiciar
el
encuentro
adecuado
entre
dos
grandes
humanismos,
como
son
el
Derecho
y la
Medicina,
entendida
ésta
última
en
su
más
amplio
sentido
de
ciencia
sanitaria
o
ciencia
de
la
salud.
Su
objetivo
principal
es
superar
el
viejo
término
asistemático
de
legislación
sanitaria
y,
por
otro,
hacer
referencia
a
una
nueva
disciplina
emergente,
que
tiene
que
definir
el
sector
acotado
de
su
realidad
(las
relaciones
entre
los
usuarios
o
pacientes
y el
Sistema
Nacional
de
Salud
y,
fundamentalmente,
entre
aquellos
y el
médico
o
los
profesionales
sanitarios)
y
los
principios
que
la
sirvan
de
fundamento.
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