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La
fijación
arbitraria
de
cuotas
de
20
euros
mensuales,
erróneamente
calculadas
e
idénticas
para
todos
los
Colegios,
puede
provocar
la
pérdida
de
entre
4.000
y
10.000
puestos
de
trabajo
 Carlos Carnicer, presidente del Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
ha
contestado
a la
intervención
de
Luis
de
Guindos,
ministro
de
Economía
y
Competitividad,
en
el
Senado,
manifestando
que
“el
Gobierno,
a
través
de
su
ministro
De
Guindos,
pretende
estrangular
a
los
Colegios
Profesionales
impulsando
de
nuevo
la
Ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales,
que
cercena
y
limita
la
actividad
e
independencia
de
estas
corporaciones,
confiere
facultades
a
innominadas
Administraciones
para
disolver
órganos
de
gobierno,
e
impone
condiciones
que
favorecen
su
incapacidad
para
proporcionar
servicios
a
los
ciudadanos”.
Esta
es
la
conclusión
a la
que
se
llega
después
de
la
contestación
dada
por
el
ministro
de
Economía
al
senador
socialista
y
vicepresidente
de
la
Comisión
Constitucional
Antonio
Rodríguez
Esquerdo.
“Los profesionales españoles son excelentes
y
han
sido
reconocidos
infinidad
de
veces
por
los
ciudadanos.
Los
Colegios
Profesionales
tienen
trascendencia
constitucional
y
son
de
interés
general.
Por
sólo
citar
un
caso,
los
Colegios
de
Abogados
promueven
desde
siempre
actividades
hoy
socialmente
imprescindibles
y
muy
apreciadas
por
los
ciudadanos,
como
son
la
asistencia
a
mujeres
agredidas,
menores,
discapacitados,
extranjeros,
presos,
la
Justicia
Gratuita
en
general”,
afirma
Carnicer.
La fijación arbitraria de una cuota de
20
euros
mensuales
–calculada
de
forma
errónea
e
igual
para
todos
los
Colegios
Profesionales
independientemente
de
las
funciones
que
realicen-
puede
provocar,
según
denuncia
el
senador
Rodríguez
Esquerdo,
la
pérdida
de
entre
4.000
y
10.000
puestos
de
trabajo.
“Es evidente, reitera Carnicer, que el
ministro
De
Guindos
pretende
estrangular
a
los
Colegios
mediante
cuotas
de
20
euros
mensuales,
injustas
y
arbitrariamente
establecidas,
a
todas
luces
insuficientes
para
financiar
los
servicios
y
funciones
que
prestan
los
Colegios
y
con
la
única
finalidad
de
reducir
sus
posibilidades
para
la
denuncia
de
ilegalidades
o
medidas
abusivas
como
pueden
ser
las
tasas
judiciales,
los
asuntos
de
corrupción
o la
vulneración
de
los
derechos
fundamentales
como
recientemente
ha
ocurrido
en
los
casos
de
Ceuta
y
Melilla”. |
