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Solo
unas
20.000
familias
españolas
se
han
beneficiado
de
las
medidas
de
protección
frente
al
sobreendeudamiento,
frente
a
los
346.784
lanzamientos
que,
según
el
C.G.P.J,
se
produjeron
en
España
desde
enero
de
2008
hasta
junio
de
2014
 Este
pasado
sábado
se
cumplieron
dos
años
desde
la
entrada
en
vigor
del
RD
Ley
27/2012,
de
15
de
noviembre,
sobre
medidas
urgentes
para
reforzar
la
protección
de
los
deudores
hipotecarios,
cuya
principal
medida
consistió
en
suspender
dos
años
los
procedimientos
de
ejecución
hipotecaria
que
afectaban
a
las
familias
en
riesgo
de
exclusión
social
y el
mandato
al
Gobierno
para
que
emprendiera
de
manera
inmediata,
junto
con
el
sector
financiero,
la
constitución
de
un
fondo
social
de
viviendas
destinadas
a
ofrecer
cobertura
a
aquellas
personas
que
hubieran
sido
desalojadas
de
su
vivienda
habitual
por
el
impago
de
un
préstamo
hipotecario.
Desde
esta
asociación
judicial
se
reitera
de
nuevo
una
vez
más
la
exigencia
de
que
se
apruebe
una
Ley
de
Sobreendeudamiento
Familiar
que
permita
a
las
familias
una
segunda
oportunidad
mediante
la
renegociación
de
sus
deudas,
imponiendo
a
las
entidades
bancarias,
en
su
caso,
medidas
de
reestructuración
y/o
dación
en
pago,
así
como
la
necesidad
de
que
el
gobierno
impulse
un
Fondo
Social
que
garantice
efectivamente
el
derecho
constitucional
a
una
vivienda
digna.
Mediante
la
Ley
17/013,
de
14
de
mayo,
de
medidas
para
reforzar
la
protección
a
los
deudores
hipotecarios,
reestructuración
de
deuda
y
alquiler
social,
se
mantuvo
la
suspensión
de
los
lanzamientos
que
ya
se
contemplaba
en
el
RD
Ley
de
2012,
definiéndose
los
requisitos
legales
para
considerar
a
una
familia
en
situación
de
riesgo
de
exclusión
social
en
base
a
parámetros
subjetivos,
niveles
de
renta
(tres
veces
el
IPREM)
y la
carga
que
implicara
el
pago
de
la
hipoteca.
Pese
a
ello,
según
los
datos
que
ha
ofrecido
recientemente
el
Ministerio
de
Economía,
sólo
unas
20.000
familias
españolas
se
han
beneficiado
de
las
medidas
de
protección
frente
al
sobreendeudamiento,
incluyendo
suspensiones
de
lanzamientos,
reestructuración
de
deuda
y
daciones
en
pago,
frente
a
los 346.784
lanzamientos
que,
según
el
C.G.P.J, se
produjeron
en
España
desde
enero
de
2008
hasta
junio
de
2014.
En
cuanto
al
Fondo
Social
de
Vivienda,
los
33
bancos
que
lo
componen
habían
aportado,
a
mes
de
enero
de
2013,
6.000
viviendas,
de
las
cuales
siguen
vacías
4.600,
cuando
según
las
mismas
fuentes
del
C.G.P.J,
desde
ese
mismo
mes
hasta
junio
de
2014,
han
perdido
su
vivienda
104.430
familias.
Todos
estos
datos
confirman
que,
pese
a
los
anuncios
del
gobierno,
sigue
sin
afrontarse
una
política
global
sobre
la
vivienda
en
España
y la
respuesta
que
debe
darse
a
las
familias
que,
por
causa
del
desempleo
y la
precariedad,
no
pueden
afrontar
el
pago
de
sus
hipotecas
o se
mantienen
en
sus
viviendas
a
costa
de
sacrificios
extremos,
cuando,
por
el
contrario,
muchas
de
las
entidades
que
ofrecieron
los
préstamos
hipotecarios
llevando
a
cabo
agresivas
prácticas
bancarias
despreciando
el
riesgo
crediticio,
han
recibido
ingentes
cantidades
de
dinero
público
y
sus
consejos
de
administración
ofrecen
un
lamentable
espectáculo
de
falta
de
ética.
Por
ello,
desde
Jueces
para
la
Democracia
se
reitera
una
vez
más
la
exigencia
de
que
se
apruebe
una
Ley
de
Sobreendeudamiento
Familiar
que
permita
a
las
familias
una
segunda
oportunidad
mediante
la
renegociación
de
sus
deudas,
imponiendo
a
las
entidades
bancarias,
en
su
caso,
medidas
de
reestructuración
y/o
dación
en
pago,
así
como
la
necesidad
de
que
el
gobierno
impulse
un
Fondo
Social
que
garantice
efectivamente
el
derecho
constitucional
a
una
vivienda
digna.
De
otro
modo,
la
prórroga
de
los
lanzamientos,
aunque
pueda
beneficiar
temporalmente
a
muchos
ciudadanos
en
riesgo
de
exclusión,
no
hará
sino
demorar
la
solución
del
problema
y
cronificar
una
situación
de
injusticia
social,
que
genera
una
gran
bolsa
de
pobreza,
y de
cuyas
causas
profundas
no
son
responsables. |
