JUSTICIA

Crear nuevas plazas y el fomento de la mediación ayudarían, al mismo tiempo a mitigar la litigiosidad de nuestro sistema judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,  reclamó ayer un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia española para adaptarla a las necesidades del siglo XXI y ha señalado que “si no hay una Justicia que funcione, no hay Estado de Derecho ni hay regeneración de las instituciones”. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha asegurado que la legitimidad de una institución se fundamenta y solo es posible desde el respeto a la ley, de manera que solo puede hablarse de Estado de Derecho cuando sus instituciones ejerzan sus poderes con plena sujeción al ordenamiento jurídico.

La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos, ha añadido, corresponde en última instancia a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial, de modo que solo será posible la efectividad del Estado de Derecho con una Justicia que funcione.

Entre las iniciativas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en un país con una tasa de litigiosidad tan alta como la española, el presidente del TS y del CGPJ ha señalado la necesidad de crear nuevas plazas de jueces y el fomento de la mediación y de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, pero también la de acometer un profundo cambio en el modelo de organización de la Justicia para adaptarla a las necesidades del siglo XXI.

Lesmes  recordó, en este sentido, que la Ley Orgánica del Poder Judicial ha sufrido cerca de cuarenta modificaciones en treinta años de vigencia, y ha considerado que es precisa una nueva organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo.

En la misma necesidad de cambio, indicó el presidente del CGPJ, incurre la Ley de Planta y Demarcación de 1988, ya que desde su publicación el sistema de Justicia se ha visto sometido a los cambios de la sociedad española, con un incremento de la población de más del 15 % y un aumento de la litigiosidad del 100 % en los últimos veinte años.

Aunque se han creado más de 2.500 plazas judiciales y diversos órganos de nuevo cuño –como los Juzgados de Violencia de Género, los de lo Mercantil, los de Menores o los de lo Contencioso-Administrativo-, ello no se ha traducido en una disminución exponencial de la pendencia, acreditándose lo inadecuado de la organización judicial a la nueva realidad española.

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del TS y del CGPJ también ha hecho balance de los compromisos adquiridos en su comparecencia del pasado 13 de mayo y ha avanzado los datos de actividad de los Juzgados y Tribunales durante el primer semestre de 2014.

Fiel a su compromiso de convertirse en “la casa de todos los jueces”, el CGPJ ha puesto en marcha distintas medidas para potenciar la agilización y la eficacia administrativa en las cuestiones que afectan a la carrera judicial, entre ellas la implantación del sistema de gestión gubernativa Servicios Técnicos-Comisión Permanente y la homogeneización, publicación y distribución entre la carrera judicial del criterio del Consejo sobre aspectos de interés profesional: compatibilidades, licencias formativas y de enfermedad, concursos de traslado, jubilación anticipada, etc.

Algunos parlamentarios le preguntaron por el futuro de los jueces sustitutos, colectivo apartado de la carrera judicial hace casi dos años por una normativa que aprobó el Ministro Gallardón. A este respecto, Lesmes fue bastante lacónico “ Sé que han ganado sentencias que reconocen su antigüedad y trienios y que ahora siguen con otras reclamaciones”, comentó sin querer profundizar en una problemática que afecta a más de 1300 jueces y fiscales apartados de la carrera judicial y que hoy, día de las elecciones a los miembros de Sala de Gobierno de los TSJ no podrán con casi toda seguridad votar.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Lesmes, a preguntas de la parlamentaria socialista Rosa Aguilar reveló que la demanda que Jueces para la Democracia interpuso contra el propio CGPJ y el Ministerio se interpuso cuando este acuerdo sobre el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los Jueces ya era un hecho. “La ley de PRL es de 1995 y este Consejo en once meses ha puesto en marcha esta iniciativa que consideramos es una prioridad”, apuntó.

La Comisión Permanente aprobará antes de final de año el texto definitivo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que servirá de guía para desarrollar e implantar las acciones preventivas necesarias, el Protocolo de Actuación frente al acoso, las evaluaciones iniciales de riesgo y la planificación de las actividades preventivas.

El compromiso del CGPJ para asegurar la plena responsabilidad de los jueces ante los ciudadanos y su régimen disciplinario se traduce en la actividad del Promotor de la Acción Disciplinaria, figura de nueva creación establecida por la Ley 4/2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Durante este mandato se han recibido un total de 12.441 quejas y denuncias –un 10 % menos que en el mismo periodo del año anterior- que han dado lugar a la incoación de 774 informaciones previas –en todo 2013 fueron 423- y de 32 expedientes disciplinarios, 23 de ellos por retraso y desatención en el ejercicio de los deberes judiciales.

Radiografía de la Justicia en España: primer semestre de 2014

Durante los primeros seis meses del años, en los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación (0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %).

Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.