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Presenta la
Memoria
del
Ministerio
Público
en
el
Congreso
y
anuncia
que
los
próximos
fiscales
se
incorporarán
a
Anticorrupción
 Como si
fuera
una
clase
de
cualquier
Master
de
Postgrado,
la
comparecencia
de
Eduardo
Torres-Dulce
en
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
no
paso
desapercibida.
Se
trataba
de
analizar
la
Memoria
del
Ministerio
Público
del
pasado
año.
En
esta
oportunidad
el
ponente
se
valió
de
diferentes
diapositivas
para
hacer
más
comprensible
la
situación
de
nuestra
justicia
y la
actuación
de
nuestros
fiscales.
El
FGE
lamentó
en
la
Cámara
Baja
que
muchos
de
los
conflictos
políticos
se
deriven
al
ámbito
judicial
lo
que
genera
“una
contraproducente
juridificación
de
ese
tipo
de
conflictos”
y
denunció
la
falta
de
medios
para
luchar
contra
la
corrupción.
“No
tenemos
medios
suficientes
para
abordarla,
pero
pese
a
ello
las
18
sentencias
condenatorias
que
ha
logrado
Anticorrupción
revela
que
estamos
encima
de
ella,”
apuntó.
Otro
dato
que
señaló
fue
que
las
sentencias
por
delitos
de
corrupción
se
han
incrementado
en
un
17,93
%
respecto
al
año
anterior.
Han
aumentado
en
un
35 %
las
sentencias
por
prevaricación
administrativa,
en
un
31 %
por
cohecho
y en
un
75 %
por
tráfico
de
influencias.
Desciende,
en
cambio,
el
número
de
sentencias
por
delitos
de
malversación
(9
%) y
fraudes
cometidos
por
autoridades
o
funcionarios
públicos
(60
%).
Al
cerrar
esta
información
conocíamos
la
dimisión
de
Ana
Mato,
Ministra
de
Sanidad
por
su
presunta
implicación
en
el
caso
Gürtel.
En su intervención,
el
Fiscal
General
del
Estado
reveló
que
de
los
cuatro
millones
de
diligencias
incoadas
brutas
quedaban
realmente
unas
600.000
con
sustantividad
propia.
Y
apunto
una
reforma
legislativa
para
evitar
tanta
burocracia:
“Consistiría
en
una
discreta
reforma
de
la
legislación
jurídicos
personales
o a
intereses
públicos
relevantes,
la
Policía
sólo
remita
los
atestados
en
los
que
haya
podido
concretar
la
autoría
del
delito.
Por
esta
vía
el
número
de
incoaciones
se
minoraría,
lo
que
permitiría
a
las
oficinas
judicial
y
fiscal
aplicar
sus
medios
personales
y
materiales,
siempre
ajustados,
a
los
procedimientos
viables”
subrayó.
Al
mismo
tiempo
señalo
que
se
ha
puesto
en
marcha
una
Comisión
CGPJ
y
Fiscalía
para
estudiar
este
tema.
Torres-Dulce
llegó
a
decir
que
“la
administración
de
Justicia
no
es
solo
la
carrera
judicial”
cuando
apuntaba
a
que
desde
el
2011
se
había
cubierto
755
plazas
de
jueces
por
solo
349
de
fiscales.
Denunció
la
falta
de
medios
de
las
fiscalías,
elementos
claves
para
perseguir
al
delito.
Al
mismo
tiempo
señaló
que
“el
Ministerio
Fiscal
mantiene
un
esfuerzo
permanente
de
análisis
y
reflexión
de
sus
áreas
de
actuación
que
hemos
encauzado
a
través
de
tres
grupos
de
trabajo
sobre
juicios
de
faltas,
equipos
de
investigación
penal
y
fomento
de
juicios
rápidos,
en
cuyo
seno
se
han
alcanzado
conclusiones
interesantes
para
el
mejoramiento
del
servicio
de
la
Justicia.”
A este respecto
sobre
los
juicios
de
faltas,
que
supone
el
66
por
cien
de
la
actividad
de
los
fiscales
en
las
vistas
orales,
el
FGE
se
mostró
partidario
de
aboga
por
“una
destipificación
amplia
de
las
infracciones
leves
actualmente
incluidas
en
el
Libro
III
del
CP,
aunque
no
de
todas
ellas,
pues
merecen
ser
preservadas
las
más
reprochables
jurídicamente
como
lesiones,
maltrato
de
obra,
amenazas,
coacciones,
muertes
y
lesiones
imprudentes,
hurtos
y
defraudaciones,
entre
otras”,
indicó.
Respecto
a la
investigación
penal,
Torres-Dulce
es
consciente
que
si
entra
en
vigor
la
reforma
procesal
penal
en
nuestro
país
el
papel
del
fiscal,
al
llevar
la
investigación
será
diferente
al
de
ahora.
No
obstante,
mientras
esto
llega
comentó
que
desde
la
Fiscalía
se
ha
puesto
en
marcha
Secciones
Especializadas
de
Investigación
en
las
Fiscalías
de
mayor
tamaño
que
se
encargarán
de
la
investigación
de
aquellos
asuntos
de
mayor
complejidad
que
exijan
un
especial
impulso
de
la
actividad
instructora.
“Al
mismo
tiempo
trabaja
la
Fiscalía
con
el
Ministerio
del
Interior
para
dotar
a
todas
las
Fiscalías
Provinciales
de
Unidades
de
Policía
Judicial
que
les
asistan
en
las
labores
de
investigación.
Esperamos
poder
hacer
otro
tanto
en
el
Ministerio
de
Hacienda
a
fin
de
integrar
en
esas
unidades
de
Investigación
agentes
tributarios
y de
la
IGAE”,
subrayó.
El ponente es
partidario
de
extender
los
juicios
rápidos
a
todo
el
ordenamiento
penal
viendo
los
resultados
que
se
han
logrado,
hasta
ahora
centrados
en
seguridad
vial,
violencia
doméstica
y
una
leve
parte
en
delitos
contra
el
patrimonio.
Para
potenciar
esta
medida
es
partidario
de
sacar
del
Jurado
ciertas
actuaciones
procesales,
extender
la
conformidad
privilegiada
que
permite
que
las
penas
se
aminoren
en
un
tercio
a
peticiones
de
penas
superiores
a
tres
años
y
“crear
órganos
de
enjuiciamiento
‘de
guardia’
(Juzgados
de
lo
Penal)
para
solventar
los
juicios
rápidos
en
los
que
no
se
ha
producido
la
conformidad
entre
partes
en
el
Juzgado
de
Instrucción”,
comentó.
Además de la
reforma
procesal
citada,
Torres-Dulce
pidió
que
se
pongan
en
marcha
otros
cambios
normativos
importantes.
“Es
preciso
regular
de
manera
más
detallada
el
estatuto
jurídico
del
imputado,
con
el
fin
de
precisar
las
garantías
que
han
de
rodear
esta
figura.
También
urge,
en
el
ámbito
procesal,
efectuar
una
regulación
razonable
del
recurso
de
apelación
contra
las
sentencias
que
resulten
absolutorias
en
la
instancia.”
A su
juicio
en
estos
momentos
la
situación
actual
es
sumamente
insatisfactoria,
pues
en
estos
casos
la
apelación
prácticamente
ha
quedado
reducida
a la
revisión
de
la
calificación
jurídica
de
los
hechos
declarados
probados
en
la
instancia,
sin
que
haya
una
posibilidad
viable
de
obtener
una
revisión
del
material
probatorio
en
la
segunda
instancia
por
las
propias
limitaciones
que
la
vigente
ley
procesal
impone. |
