Alberto Fernández Lorenzo, Abogado, UBT Legal & Compliance. La diligencia de entrada y registro se practica durante la instrucción de un procedimiento penal, debiendo ser acordada mediante resolución judicial suficientemente motivada en forma de auto,  toda vez que afecta a un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio recogido en el artículo 18.2 CE, siendo necesaria una justificación concreta y explícita. Existen otros supuestos en los que, sin previo control judicial, se puede llevar a cabo esta diligencia si el residente en el domicilio otorga su consentimiento. Sin embargo, en estos casos y por su propia naturaleza, también son ... Leer más ...

José Manuel Pradas – La huella de la toga. Repasando con mi hija la usucapión me vino a la memoria lo que para mí era una anécdota cierta, pero de la que he sido incapaz de encontrar a sus protagonistas. He acudido a amigos sabios en Derecho y viviencias –que alguno tengo- uno profesor de Derecho civil y el otro Abogado del Estado y Notario y les ha sucedido lo mismo que a mí, se lo habían contado en la Facultad, en un caso Beltrán de Heredia y al otro Guasp, pero no han sabido darme más pistas. Así que la dejaré ... Leer más ...

Mario Alonso, Presidente de Auren. La situación de crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 es ya una realidad con efectos palpables en el tráfico mercantil de difícil e impredecible cuantificación a medio y largo plazo. En este marco de incertidumbre económica, en lo que respecta a los negocios jurídicos vigentes, se vislumbra un incremento sustancial de litigiosidad en relación a la aplicabilidad de la cláusula “rebus sic stantibus” , cuya traducción es “estando así las cosas”, en ponderación con el principio “pacta sunt servanda” ( lo pactado está para cumplirse), regla esencial del derecho contractual. Todo ello, partiendo ... Leer más ...

Bufete CasadeLey Recientemente, ha tenido lugar la publicación en el Boletín Oficial del Estado, un Real Decreto destinado a regular la reactivación de los Juzgados y Tribunales en España. Ante la paralización por completo de la actividad judicial, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, la Justicia se ha visto seriamente afectada por esta situación, ya que los plazos judiciales, administrativos, procesales, etc., se han visto detenidos. Tampoco están teniendo lugar la celebración de juicios y vistas. Ante la situación, el Gobierno se ha visto en la obligación de sacar una serie de medidas consistentes en la regularización ... Leer más ...

Natalia Velilla Antolín – Arte Puñetero. Llevo varias semanas hablando de arte, derecho y confinamiento. Creo que es de Justicia (y aquí enlazo mi discurso con el derecho), mencionar a quienes, durante los días más aciagos de esta crisis sanitaria, han sido los destinatarios de aplausos de miles de españoles. Aplausos que, en ocasiones, han sonado vacíos e hipócritas, cuando hemos sido testigos de noticias en las que algunos de estos héroes con bata blanca han sido repudiados y vilipendiados por sus vecinos o increpados en medios de transporte público. En una España dada a las montañas rusas emocionales de endiosamiento y ... Leer más ...

Vanessa Herrero Sanz, Abogada área Derecho Mercantil, AGM Abogados. La Agencia Española de Protección de Datos, en el contexto de la emergencia de salud pública derivada de la extensión del coronavirus, está recibiendo consultas, tanto de ciudadanos como de empresas y otros sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de protección de datos sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud. En este sentido podemos extraer las siguientes conclusiones: En aplicación de lo establecido en la normativa sanitaria, laboral y, en particular, de prevención de riesgos laborales, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha normativa y con ... Leer más ...

Elena Asenjo Rodríguez, Abogada senior. Doctora en Derecho. TARSSO ABOGADOS. El pasado 29 de abril se publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El décimo Real Decreto-ley publicado en nuestro país desde que se decretara el estado de alarma augura un marco de inseguridad jurídica y de litigiosidad sin precedentes en los concursos de acreedores. Por muchos es sabido que, antes de la declaración del estado de alarma debido al Covid-19 y, tras varios años esperando, sin éxito, ciertos cambios ... Leer más ...

Fernando González González, IURE Abogados. ¿Eso qué significa? Simplemente que dado que la ley concursal (que vio la luz en plena bonanza económica en 2004) y que sufrió veintitantas modificaciones para ir adaptándose a un entorno de crisis (de 2008 a 2013), necesitaba que fuera sistematizada, armonizada, y aclarada, para entre otros fines, dotarla de seguridad jurídica. Por tanto el nuevo texto no crea o modifica sustancialmente la ley antigua. Deja abierta la puerta a ulteriores modificaciones derivadas de la actual pandemia y de la transposición de las directivas procedentes de Europa respecto a la segunda oportunidad y reestructuración de ... Leer más ...

reclamador.es Las tarjetas de crédito revolving, o de pago aplazado, se pusieron de moda en España durante los años centrales de la crisis económica. Pese a que su comercialización ha bajado en los últimos años, todavía es habitual encontrarnos con este tipo de tarjetas de crédito. Y ahora vuelven a estar de actualidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que consideró usura los elevados intereses de una tarjeta revolving comercializada por WiZink. El crecimiento de la deuda por el aumento de los intereses generados, el pago aplazado por defecto o el tope máximo a pagar mensualmente, son los principales problemas ... Leer más ...

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos. Como hemos visto en artículos anteriores, la figura del Fiscal se configura constitucional y legalmente como garante de la legalidad y protector de los más vulnerables, en especial de los menores y de las personas con discapacidad. Una de las funciones que realiza el Fiscal en esa vertiente de protección de los menores es velar por el respeto a su privacidad, es decir, por su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen, incluso aunque los propios menores o sus progenitores hubiesen prestado su consentimiento permitiendo la ... Leer más ...