Maia Román, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven – CEAJ.
Maia Román
El próximo domingo 31 de octubre se celebra el día de la Abogacía Joven, y es una fecha que nos debe recordar aquello que nos queda por lograr. Aquello por lo que trabajamos cada día y por lo que lo hicieron las que nos precedieron.
Si bien la juventud se encuentra en una situación generalmente precarizada, todavía más si cabe después de las múltiples crisis- des del 2008 hasta la pandemia de la Covid-19- no podemos obviar la precarización que sufre la abogacía joven y, en especial, las mujeres jóvenes que la Abogacía.
Múltiples son los casos que se repiten: pasantías interminables, prácticas que dejaron de serlo mucho después de acabar la etapa de formación, falsos autónomos, techos de cristal o penalización por el mero de ser madre, lo que supone una doble penalización por el hecho de ser mujer.
Valgan estas líneas para recordar los casos de María Benito, Marta Rodríguez y sin fin de compañeras anónimas a las que no se les permitió ejercer y disfrutar de aquello que, en muchas ocasiones, únicamente sucede una vez en la vida; la maternidad.
Fueron obligadas a trabajar estando a pocos días del parto o bien, pocos días después. A celebrar vistas, a realizar recursos o contestar plazos habiendo alumbrado al día siguiente. En ocasiones obligadas a dejar el reposo a las que por prescripción médica se las obligó a estar. No es una problemática únicamente de la abogacía, pero sí es una problemática acrecentada en la abogacía joven.
Se les obligó a prescindir de sus derechos y también al de sus defendidos; a unas por el descanso que se merecían y al resto por la defensa jurídica de su propia elección con todas las garantías a la que tenían derecho.
En muchas ocasiones nos encontramos ante situaciones provocadas por falta de sensibilidad en la judicatura pero amparada por disposiciones legales que nos obligan, por falta de regulación y previsión, a priorizar el supuesto interés de la administración de justicia en detrimento de la salud de la madre o el recién nacido.
No podemos dejar que un proceso se suspenda a voluntad de la jueza o juez que por turno corresponda. No podemos esperar al arbritio de las circunstancias concretas para esperar que la suspensión que por justicia y lógica debida se produzca.
Ahora, más que nunca, necesitamos que la seguridad jurídica esté de nuestra parte. Necesitamos un marco regulatoria para que la suspensión ante el embarazo y circunstancias análogas se produzca en cualquier jurisdicción.
Reclamamos al poder legislativo y aquellas diputadas que se han visto en estas circunstancias que regulen para que aquello que vivieron, y lo que vivimos, no vuelva a suceder.
Porqué es de Justicia que ser madre sea considero un Derecho y no un privilegio. Por aquellas compañeras que no pudieron ejercerlo, ayúdanos a alzar la voz para que las futuras generaciones de abogadas, y el conjunto de la abogacía joven, pueda disfrutar de aquellos derechos que se nos privó.