Mª Eugènia Gay Rosell, Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Una de las máximas preocupaciones de quienes pretenden iniciarse y abrirse camino en nuestra profesión es la de encontrar una oportunidad laboral que les permita obtener las habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a las trascendentales funciones que el ordenamiento jurídico nos reserva a la Abogacía.
Sin embargo, en el transcurso de dicha travesía, muchos jóvenes abogados y abogadas se ven obligados a lidiar con todo tipo de abusos que se traducen en una precariedad laboral que, aunque a todas luces resulta intolerable, aceptan resignados para suplir la falta de experiencia con la esperanza de obtener una mejora de sus condiciones, aferrándose con escepticismo a una promesa por parte de sus empleadores aun sabiendo que difícilmente la misma se tornará en realidad.
La laboralidad de una relación que se intenta ocultar bajo una apariencia mercantil –los “falsos autónomos” que tanto daño causan en las profesionales liberales- se pone en evidencia al concurrir en aquella todos los rasgos que precisamente se han recogido en el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre para regular la prestación (de carácter especial) de los abogados y abogadas que trabajan “por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho”.
Pese a contar con el referido marco de protección –que con el paso de los años se ha revelado como insuficiente para el logro de sus objetivos- la mayoría de los jóvenes abogados y abogadas tienen miedo a denunciar la situación en la que se encuentran, con unas jornadas laborales que en algunos casos rondan las 60 horas semanales y por la que apenas perciben unos 500 euros mensuales, sin estar muchos de ellos dados de alta en la seguridad social por parte de su empleador, tal y como constata una encuesta elaborada por la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ). Tienen los conocimientos para enfrentarse y defender todo tipo de injusticias, ya que se han estado preparando durante años para ello, habiendo dedicado tiempo, estudio y esfuerzo, pero necesitan del apoyo de las instituciones –especialmente de los Colegios de la Abogacía- para salir del aislamiento y el desamparo en el que se hallan y que amenaza con frustrar la vocación de muchos de ejercer una de las más bellas profesiones que existen.
Precisamente, la implicación institucional en la defensa de los derechos laborales de los abogados y abogadas jóvenes –colectivo que en España aglutina a más de 50.000 profesionales- y el impulso de un Convenio Colectivo “específico y de aplicación exclusiva a los despachos” que regule y mejore las condiciones de quienes trabajan por cuenta ajena en las firmas de servicios legales, es una forma de recuperar y reclamar el prestigio de nuestra profesión.
No hay duda de que nos encontramos en un punto de inflexión por las significativas transformaciones que está experimentando el ejercicio de la Abogacía, marcadas por el creciente protagonismo de nuevos modelos y cambios en la manera de trabajar, donde los jóvenes pueden realmente desplegar todo su potencial y mostrar una ventaja competitiva por estar mejor preparados y habituados a los mismos. Una de las características de la Abogacía joven es su adaptabilidad y resiliencia, y esta capacidad de amoldarse a cualquier situación y de crecerse ante la misma puede resultar determinante a la hora de generar nuevas oportunidades de negocio.
La Abogacía joven destaca por sus conocimientos y la asiduidad en el manejo de las nuevas tecnologías, y eso es algo que puede condicionar la relación ya no solo con el cliente -donde la inmediatez y la disponibilidad que exigen los nuevos entornos digitales pueden servir para forjar y consolidar la confianza con el usuario de nuestros servicios- sino también con la propia Administración de Justicia de acuerdo con la presencia telemática que se ha configurado como eje estratégico de las reformas que se han proyectado en el ambicioso Plan Justicia 2030.
Muchos despachos se han dado cuenta de la importancia de la indudable proyección de la Abogacía joven, por lo que están invirtiendo acertadamente en fórmulas alejadas de los viejos paradigmas que solo conducen a la precariedad. Buscar y retener el talento constituye hoy una clara apuesta para adaptar sus estructuras a las exigencias de un mercado que exige flexibilidad, trabajar en entornos colaborativos y promover liderazgos inclusivos y transformadores.
A tal fin, el Día Internacional de la Abogacía Joven que anualmente conmemoramos el 31 de octubre, debe servirnos para reflexionar sobre el indudable valor de quienes empujados por la ilusión y el compromiso han escogido dedicarse a esta noble profesión, que entre todos y todas debemos dignificar, aprovechando de manera inclusiva la indudable fuerza y el entusiasmo de las futuras generaciones.