Victoria Ortega, Presidenta de Consejo General de la Abogacía Española
Victoria Ortega
Seguro que todos cuantos tenemos el privilegio de ejercer o haber ejercido la abogacía conservamos nítido el recuerdo de nuestra primera vista oral y nuestro primer cliente. En ocasiones idealizamos lo que fueron nuestras experiencias iniciáticas en la profesión, otras, sencillamente, esbozamos una sonrisa cuando recordamos cómo era orientarse en el mundo de la abogacía de hace ya unos cuantos años, cuando no había ordenadores ni teléfonos móviles.
Como presidenta de la Abogacía, he tenido el placer de asistir a un incontable número de juras de nuevos colegiados por toda la geografía nacional. A todos les reclamo lo mismo: ilusión por aprender y servir y compromiso con la dignidad de nuestra profesión y lo que significa para el Estado de derecho.
En esos sencillos actos cargados de simbolismo siempre trato de hacerles llegar que con esa jura se convierten en herederos de una tradición centenaria y, lo que es mucho más importante, en el elemento fundamental para la materialización de los derechos de las personas. Las juras se convierten así en un acto transformador, pues es cuando los nuevos abogados y abogadas toman plena conciencia de que su trabajo se constituye como baluarte de nuestra democracia.
No se trata de poner sobre sus espaldas la enorme responsabilidad que significan palabras tan gruesas. Pero sí creo que es importante llevar a cabo la toma de conciencia de que sustanciar los derechos requiere de la intervención de la abogacía y, por tanto, del conjunto de quienes la ejercemos pues somos quienes con nuestra tarea cotidiana lo hacen posible.
Tras la ceremonia llega la cruda realidad del día a día de nuestra profesión: salarios bajos o ingresos escasos para comenzar, muchas horas de esfuerzo y estudio, el estrés que generan los plazos, los nervios que preceden a las intervenciones en sala, la exasperante lentitud de los procesos, las primeras victorias y también los primeros reveses, etc… Ninguna profesión es fácil y la nuestra es seguramente una de las más complicadas. A pesar de lo cual, una amplia mayoría de quienes deciden seguir esos pasos consolida su trayectoria para establecerse como uno más.
Según los datos del censo de letrados, actualmente contamos en España con 35.175 colegiados menores de 35 años. De ellos, 21.738 figuran como ejercientes. Son quienes ya han tomado el testigo de quienes van pasando a la jubilación. Quienes renuevan la tradición y la ilusión por seguir mejorando la profesión. Son también quienes más se lamentan por el estado de nuestra Justicia, por las numerosas cuestiones que podrían mejorarse con poco esfuerzo. Son, en definitiva, el impulso renovador que todas las profesiones y el conjunto de la sociedad necesita para seguir avanzando. Asumen pues una responsabilidad adicional a las ya descritas. Y lo hacen con la fuerza que otorga no solo la juventud, sino el conocimiento y preparación que les permiten saberse capacitados para dar continuidad a la tradición y la necesaria pervivencia de nuestra profesión. Son, en definitiva, mucho más importantes de lo que ellos creen.