José Manuel Maza Martín, designado Fiscal General del Estado

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el acuerdo por el que se recaba del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado de José Manuel Maza en sustitución de Consuelo Madrigal.

Una vez oído el informe del CGPJ, será el Congreso de los Diputados quien deberá respaldar la propuesta antes de que sea efectivo el nombramiento del candidato con la jura de su cargo ante el Rey.

José Manuel Maza (Madrid, 1951) es magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2002. Anteriormente fue presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, juez decano de los Juzgados de Distrito de Madrid y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, diplomado en Criminología por la misma universidad y en Estudios Avanzados de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid, José Manuel Maza es miembro de la carrera judicial desde 1975 y de la fiscal, de la que fue número uno de su promoción y hoy se encuentra en excedencia, desde 1978.

Las reacciones de las asociaciones de fiscales

La APIF (Asociación profesional e independientes de fiscales) ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado, D. José Manuel Maza Martín, manifiesta que recibimos dicho nombramiento con esperanza siendo preciso no obstante aguardar al desempeño efectivo del cargo. No obstante, sí valoramos muy positivamente su elección teniendo en cuenta el reconocido prestigio que tiene como jurista.

Desde nuestra perspectiva es imprescindible que el FGE tenga plena independencia de todos los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo que, a pesar de que lo nombra –como dispone la Constitución Española-, no puede tener ninguna injerencia en el desarrollo efectivo de su función. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dota al FGE de una independencia total, ya que sólo puede ser cesado por causas tasadas (no por mera voluntad del Gobierno) y su mandato es por CUATRO AÑOS.

Es absolutamente necesario profundizar en la independencia de los fiscales incluso frente a su propia institución para que la sociedad pueda confiarle la instrucción de las causas penales. Para que el Ministerio Fiscal sea el titular de la instrucción penal en España es preciso acometer reformas esenciales dotando a los fiscales de la necesaria autonomía e independencia.

Mientras Las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia en una conocida emisora de radio en las que afirmaba que «la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno» ponen en cuestión la idoneidad de Rafael Catalá para el ejercicio de su cargo en tanto en cuanto revelan un profundo desconocimiento de nuestra institución como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, así como de la regulación estatutaria de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, más aún cuando -según el propio Ministro- uno de los retos más relevantes de la legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal, función que exige avanzar hacia una escrupulosa autonomía, lo que resulta incompatible con la concepción lo que resulta incompatible con la concepción de la fiscalía como órgano subordinado al poder ejecutivo – que parece tener el máximo responsable del departamento de Justicia.

Asimismo, la Unión Progresista de Fiscales felicita a José Manuel Maza Martín por su próximo nombramiento como Fiscal General del Estado, deseándole los mejores éxitos profesionales pues redundarán en beneficio de la ciudadanía y del Ministerio Fiscal, confiando en que no atienda «las instrucciones» que de Rafael Catalá pudiera recibir como Ministro de Justicia.

Críticas por las declaraciones de Catalá

La UPF cree que las recientes manifestaciones del Ministro de Justicia en una conocida emisora de radio en las que afirmaba que «la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno» ponen en cuestión la idoneidad de Rafael Catalá para el ejercicio de su cargo en tanto en cuanto revelan un profundo desconocimiento de nuestra institución como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, así como de la regulación estatutaria de las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía, más aún cuando -según el propio Ministro- uno de los retos más relevantes de la legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal, función que exige avanzar hacia una escrupulosa autonomía, lo que resulta incompatible con la concepción lo que resulta incompatible con la concepción de la fiscalía como órgano subordinado al poder ejecutivo – que parece tener el máximo responsable del departamento de Justicia.

Y APIF indica que según el Estatuto Orgánico actual “El Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno”, “la Fiscalía no es independiente, independiente es el poder judicial, la fiscalía tiene autonomía para ejercer sus funciones”, “puede recibir instrucciones escritas del gobierno”, “a fin de cuentas en todo el mundo la Fiscalía es un instrumento para el desempeño de la política criminal del Gobierno” desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales queremos puntualizar:

1.-No se puede hablar de querer despolitizar la justicia y partir de un desconocimiento sustancial de uno de sus protagonistas esenciales, el Ministerio Fiscal.

2.-El Ministerio Fiscal no es ningún instrumento en manos del Gobierno, ni sirve a éste para realizar su política criminal. No se puede confundir el origen histórico de la Institución con su actual configuración constitucional y legal.

3.-El desconocimiento del contenido del artículo 124 de la Constitución Española por quien ejerce tan altas funciones en absoluto casa con su mensaje de querer despolitizar la justicia.

4.-Según este artículo, luego desarrollado en nuestro Estatuto Orgánico, al FGE lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y ahí acaban, o deberían acabar, sus ingerencias en la institución.

5.-Según este artículo 124 de la CE “el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Y “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.”

5.-Ni en la Constitución ni mucho menos en nuestro Estatuto Orgánico se dice que el Gobierno pueda dirigir instrucciones escritas, ni evidentemente tampoco verbales, al Ministerio Fiscal.

6.-lo que sí dice el artículo octavo de nuestro Estatuto es que “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.” Ahora bien también indica que “El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud.”  Es decir que puede y debe negarse a llevar a cabo esa actuación interesada por el Gobierno que en todo caso debe estar dirigida a defender el interés público.

7.-El Ministerio Fiscal funciona con independencia del gobierno, el Ministerio Fiscal acaba en el FGE.

8.-Lamentablemente lo que nos falta es autonomía presupuestaria que nos dote de una real autonomía del poder ejecutivo. Autonomía que se viene demandando del Consejo de Europa para tratar de paliar las carencias estructurales de nuestra Institución y la dependencia económica al Ejecutivo que merma nuestra eficacia funcional.

9.-Desde nuestra Asociación igualmente se viene demandando que las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE se regulen debidamente y se rijan por la necesaria transparencia, para evitar precisamente percepciones como ésta.