Teresa Martínez Díaz, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nebrija.

El pasado viernes 18 de febrero, se celebró un coloquio en el Ateneo de Madrid bajo el título Fue posible el pacto, que contó con la intervención del expresidente del Gobierno Felipe González, los padres de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca y tres jóvenes profesores de Derecho Constitucional.

Supuso un estimulante intercambio de ideas entre dos de los siete miembros de la ponencia constitucional, el gobernante con mandato más largo de la democracia y una nueva generación de constitucionalistas que aportaba su visión sobre la Constitución 43 años después de su aprobación.

Si bien todos coincidieron en que ninguno de los problemas que hoy afronta nuestro país tiene su origen en la Constitución sino en su incumplimiento, los jóvenes profesores proponían algunas reformas que, a su juicio, permitirían actualizar la Norma de normas y, por su parte, los padres de la criatura, como es natural, defendieron firmemente su obra, además de argüir la improcedencia de una reforma en las actuales circunstancias, tan alejadas de las dinámicas de pacto y consenso indispensables para operar sobre nuestra Norma Fundamental, así que se inclinaron más por la vía de la reforma infraconstitucional, es decir, por buscar las soluciones modificando determinadas leyes.

Llegados a este punto, fue Felipe González quien apuntó directamente a la Ley Electoral, exclamando dos veces seguidas: “¡que me dejen tachar!”, acompañando sus palabras con un movimiento de su mano derecha como si portara un bolígrafo: “¡que me dejen tachar!”.

Es ahí donde quiero llegar. Puesto que parece evidente que algo hay que cambiar antes de que sea demasiado tarde y a la vista de una deriva política cada vez más preocupante, considero que la modificación más imperiosa y que podría suponer el inicio del fin de esta espiral autodestructiva de nuestra democracia, sería la reforma de la Ley Electoral. Empecemos por ahí que no es poco.

Y es que el sistema electoral determina nuestro mayor o menor acercamiento a la democracia, pues articula el procedimiento de emanación de la voluntad del pueblo en los órganos representativos del Estado. En otras palabras, determina el modo por el cual se elige a los representantes que van a hacer por nosotros la tarea del gobierno de lo común.

Nuestro sistema electoral, que tiene su origen en la Ley para la Reforma Política de 1976 y está regulado en el Título III de la Constitución y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), establece para la elección del Congreso de los Diputados un sistema de listas de partido cerradas y bloqueadas, es decir, las papeletas “son lentejas”.

Si se desbloquearan estas listas, aspecto que no requiere modificar la Constitución (solo la LOREG), y a los ciudadanos se nos permitiera marcar preferencias dentro de la lista como, por ejemplo, postergar a un candidato que no acredita más mérito que su lealtad a la dirección del partido al que pertenece y anteponer a otro con mejor preparación y/o experiencia probada, se conseguiría el efecto de responsabilizar de forma directa al diputado ante los ciudadanos que son a quienes representa. Es decir, el principal compromiso de los diputados sería con los electores y dejarían de quedar reducidos, como ahora, a meros “botones” de cada partido. A su vez, las direcciones de los partidos trabajarían mejor la selección de sus candidatos y los ciudadanos tendríamos el deber de informarnos más acerca de los mismos (recordemos que en democracia el cargo más importante es el de ciudadano). En definitiva, se trata de conferir mayor compromiso al diputado y dotar de más libertad al votante.

Y concluyo con un extracto de la célebre Carta a los electores de Bristol de Edmund Burke (cuyo pensamiento ha contribuido a que la democracia liberal británica sea la más reconocida del mundo), el documento que explica como ninguno lo que es la democracia representativa: “El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros, debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís un diputado; pero cuando lo habéis escogido, no es el diputado por Bristol, sino un miembro del Parlamento”.

Extrapolemos Bristol por partido X y “¡que me dejen tachar!”.