El despacho de abogados Kepler-Karst Law Firm, especializado en Derecho de empresa, ha presentado la primera demanda de solicitud de concurso de acreedores necesario contra las empresas “fintech” Wenance Lending de España S.A. y Abuntia Services S.L., después de que estas suspendieran los pagos de intereses y capital a sus inversores, en julio de 2023.

Esta es la primera acción judicial de la que se tiene conocimiento en España y que pretende ayudar a acreedores en España, Argentina y Uruguay (y otros países, si fuera el caso) a recuperar las inversiones realizadas en ambas empresas. Esta acción legal iniciada por KeplerKarst se ha interpuesto en Madrid, puesto que las sociedades tienen ahí sede social, y a ella se han sumado y pueden sumarse personas físicas y jurídicas que sean acreedores, sean del país que sean.

Gracias a la solicitud de concurso necesario, de ser admitida, parte de los créditos de los inversores que instaron el concurso pasan a ser privilegiados en lugar de ordinarios, y las facultades administrativas de los actuales administradores quedan suspendidas al quedar en manos de un Administrador Concursal, de forma que se puedan controlar los ingresos y gastos.

Wenance Lending de España S.A. y Abuntia Services S.L. son dos entidades financieras que ofrecían préstamos y financiación a personas con difícil acceso a crédito y alto riesgo crediticio, con intereses superiores a los que otorgan los bancos. Para ello, obtenían fondos de inversores privados, personas físicas en su mayoría, que a la vez prestaban dinero a estas sociedades a cambio de intereses de retorno elevados, que oscilaban entre el 11% y el 18%.

Las compañías están bajo la dirección de Alejandro Muszak, empresario argentino envuelvo en varias polémicas en el país austral por la situación y gestión de Wenance y que se encuentra envuelto en un proceso penal por supuesta estafa, usura y asociación ilícita.

Sospechas de presunta estafa piramidal

En julio de 2023, Muszak fue denunciado por presunta estafa en Ushuaia (Argentina) después de que 3.000 inversores no cobraran sus intereses, a lo que siguió un registro judicial de su domicilio y otras seis ubicaciones para buscar pruebas, documentación, libros contables y otros elementos. En julio, la propia empresa comunicó de forma oficial a los inversores que suspendía pagos. Pese a todo, la actividad de las sociedades no se ha detenido y se han seguido buscando inversores.

El equipo de trabajo involucrado en este asunto está formado por Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, María Bartle, socia especializada en insolvencias en Kepler-Karst, Eduardo de Urbano y Víctor Miranda, Of Counsels especializados en Derecho Penal Económico en Kepler-Karst, y los abogados consultores argentinos Guido Demarco y Fabián Medizza.