Los jueces ven positiva la tecnología, pero reclaman una implantación de calidad en los juzgados

Publicado el martes, 23 enero 2024

juicios por videoconferencias

La pandemia de COVID-19 ha servido para cambiar actuaciones judiciales mediante el uso de la tecnología en videoconferencias y vistas telemáticas. Aunque los jueces españoles reconocen su potencial, critican la calidad de los recursos electrónicos en la justicia. Así lo pone de manifiesto el proyecto de investigación internacional desarrollado en más de nueve países titulado “Encuesta mundial a jueces en cuanto a su percepción judicial de la tecnología”.

Según esta encuesta internacional a jueces, dirigida por la académica de la Universidad de Newcastle de Australia, Tania Sourdin y el Dr. Brian Barry de la Universidad Tecnológica de Dublín (Irlanda), como parte de la Red Colaborativa de Investigación Internacional en Innovación Judicial (International Research Collaborative on Judicial Innovation), muchas de las reservas de los jueces y tribunales en relación con los sistemas judiciales on line parecen haber sido superadas. Sin embargo, se critica sin paliativos los equipos de reproducción y video para teleconferencias en juicios, el acceso a Internet de calidad en la sala del tribunal y el soporte técnico de forma remota, los cuales se califican como «deficientes».

Este proyecto auspiciado por la asociación americana Law & Society con sede en la Universidad de Massachussets se extendió a España gracias a la colaboración de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayor asociación profesional de jueces y magistrados españoles y la única miembro de la Unión Internacional de Magistrados (IAJ-UIM). Su traducción y adaptación ha sido realizada por el investigador español, el juez Alfonso Peralta Gutiérrez.

Los comentarios vertidos por los jueces españoles encuestados son de lo más indicativo: “El soporte informático siempre es remoto, no presencial y siempre con muchos problemas”; “debería ser necesaria la interoperabilidad de los diferentes sistemas de teleconferencias de las diferentes regiones”; “no hay personal técnico presente”; “los sistemas de videollamada causan muchos problemas”.  En general, los encuestados se opusieron al uso de juicios, audiencias o comparecencias remotas debido a la gran cantidad de suspensiones que producen. Explican que las videoconferencias no tienen una buena calidad de imagen y audio, piden diferentes zooms, cámaras, interoperabilidad entre sistemas y buena calidad de conexión.

Los sistemas de gestión procesal se consideran adecuados aunque se demanda formación de calidad sobre los mismos. Al igual que se critica la gran carga de trabajo, la baja calidad de las instalaciones judiciales, su mantenimiento y el espacio de trabajo o de reuniones. Sin embargo, el trabajo de los funcionarios y el ambiente de trabajo en la oficina judicial se califican como «buenos». A pesar de esto, los jueces españoles a la encuesta parecen sugerir una visión positiva del potencial de la tecnología en la justicia.

La mayoría de los jueces encuestados no cree que vayan a ser reemplazados por la tecnología. Y un gran porcentaje (67%) de los encuestados consideró que la tecnología les permitiría hacer su trabajo de manera más efectiva en el futuro y que ha tenido un impacto positivo. Un 83% de los jueces españoles encuestados indicaron que su carga de trabajo judicial durante los últimos 12 meses ha sido «demasiado alta».

Los jueces que han participado en este estudio se muestran extremadamente preocupados por la «pérdida de respeto por el poder judicial por parte del gobierno» (82%) y la probabilidad de «reducción de los presupuestos para los tribunales» (68%) y  “pérdida de independencia judicial’” (53%). La mayoría sí percibió que el gobierno no valora su trabajo (63%) y una parte importante se sienten no valorados debidamente por medios de comunicación (43%). El estudio señala que aunque cualquier respuesta estadística debe considerarse con cautela, las respuestas cualitativas sugieren que existen algunas barreras importantes que impiden a los jueces utilizar los recursos tecnológicos de manera más efectiva así como razones de peso por las que, por ejemplo, debería conservarse un juez «humano».

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