Grupo de trabajo del Consell de l’Advocacia Catalana
El Consell de l’Advocacia Catalana ha creado un grupo de trabajo con el objetivo específico de avanzar en la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Esta iniciativa nace con la voluntad de generar el máximo consenso entre abogacía, juristas, expertos y administración para impulsar mejoras en la atención a la infancia y la adolescencia.
El grupo de trabajo, que celebró su primera reunión en la sede del Consell de l’Advocacia Catalana, está formado, entre otros, por abogados, abogadas y juristas especializados en derechos de la infancia, expertos y técnicos en derechos humanos y atención a la infancia y representantes de los Departaments de Justícia i Qualitat Democràtica y Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
Esta iniciativa responde a la necesidad de aplicar cambios en los procedimientos jurídicos que se utilizan actualmente en la defensa y protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Ésta fue la principal conclusión de la jornada que el Consell de l’Advocacia Catalana celebró el pasado 20 de junio en Sabadell y en la que también se presentó el informe que, en nombre de toda la abogacía catalana, analiza la situación jurídica actual y plantea una serie de propuestas de mejora y actuación con el objetivo de blindar los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Según la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez, “a partir del punto de partida de la jornada de Sabadell y las conclusiones del informe coincidimos en la necesidad de crear una herramienta como este grupo de trabajo para conseguir tener una sola voz que nos permita andar hacia un cambio legislativo y de paradigma que nos haga evolucionar hacia la excelencia”.
Martínez asegura que todos los agentes implicados en esta iniciativa «estamos comprometidos en lograr medidas que en los procedimientos nos hagan tomar decisiones mucho más justas para el mayor interés del menor y para asegurar un sistema de protección infantil más robusto y equitativo». La presidenta del Consell añade que “es nuestro deber como sociedad, y por tanto también de los poderes públicos, atender la etapa de la infancia con todas las garantías de respeto y protección y dotarla de la educación, la salud y el bienestar adecuado, y siempre que sea posible junto a sus familias”.
