Diego Fierro Rodríguez
Diego Fierro Rodríguez
Tras la toma de declaración a J.P.C., un joven de 20 años acusado de acabar con la vida de un niño de 11 años en la localidad toledana de Mocejón, el juez instructor del caso ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le investiga como posible autor de un delito de asesinato, tras el acaecimiento de un hecho que ha conmocionado a la comunidad. En este caso particular, se ha destacado la necesidad de adaptar el procedimiento judicial a la situación de discapacidad del investigado, lo que ha llevado a la intervención de un facilitador judicial, una figura clave en el ámbito del sistema judicial en la medida en que el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala lo siguiente: «En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios. Dichas adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno. Se deberá garantizar que:
- a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se realicen en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
- b) Se facilite a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
- c) Se permita la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
- d) La persona con discapacidad pueda estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios».
El facilitador judicial, como explica María González Villasevil en un artículo publicado en Economist & Jurist el día 23 de mayo de 2022 bajo el título «La figura del facilitador en los procesos judiciales», es un profesional especializado en garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender el proceso judicial y comunicarse de manera efectiva. Su función principal es asegurar que el investigado entienda todas las etapas del procedimiento, las preguntas que se le formulan y las implicaciones de sus respuestas, para que pueda participar activamente en su propia defensa y tomar decisiones informadas.
En la declaración de J.P.C., la intervención del facilitador fue esencial para que el investigado pudiera comprender plenamente los derechos que le asisten, las preguntas del juez y las implicaciones de sus respuestas. Ello es particularmente importante en el contexto de un procedimiento penal en el que se investiga un delito tan grave como el asesinato, donde las consecuencias de las decisiones del investigado o acusado pueden ser muy significativas. El facilitador, en este caso, actuó como un canal de comunicación entre el investigado y el juez, asegurando que la información se transmitiera de manera clara y accesible, y que la persona con discapacidad pudiera expresar su versión de los hechos de manera comprensible para el juzgado.
Además de su papel en la conducción de la comunicación, el facilitador también desempeña una función educativa y de apoyo, ayudando a la persona con discapacidad a entender el lenguaje jurídico y los trámites que se siguen en el juzgado. En muchas ocasiones, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo enfrentan barreras significativas para comprender los términos técnicos y los conceptos jurídicos que se utilizan en los juzgados y tribunales, lo que puede limitar su capacidad para participar plenamente en la defensa de sus intereses. El facilitador, al explicar estos conceptos de manera sencilla y accesible, permite que la persona con discapacidad tenga un papel activo en el proceso judicial y que sus derechos sean plenamente ejercitados.
El papel del facilitador no se limita a la fase de instrucción del procedimiento penal. Su intervención puede ser necesaria en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta el juicio y la fase de ejecución de la sentencia. En cada una de estas etapas, el facilitador asegura que la persona con discapacidad tenga acceso a la información y el apoyo necesarios para participar en el proceso en igualdad de condiciones. Ello incluye, por ejemplo, la preparación del acusado para el juicio, explicándole qué puede esperar ante el juzgado o tribunal competente en cada caso, cuáles son sus derechos y obligaciones, y cómo puede presentar su defensa de manera efectiva.
El compromiso con la adaptación para las personas con discapacidad que se refleja en la intervención del facilitador en el caso de J.P.C. está en línea con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva. Este derecho implica que las personas con discapacidad deben tener acceso a los mismos derechos y protecciones legales que los demás ciudadanos, y que deben recibir los apoyos necesarios para ejercer estos derechos de manera plena y efectiva. La figura del facilitador es una de las formas en que el sistema judicial español ha buscado cumplir con este compromiso, proporcionando un apoyo específico para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en los procedimientos judiciales.
La importancia del facilitador en los procesos judiciales no puede ser subestimada, especialmente en casos complejos donde la comprensión del proceso y la comunicación efectiva son fundamentales para asegurar un juicio justo. En el caso de J.P.C., la presencia del facilitador fue determinante para garantizar que el investigado pudiera entender la imputación en su contra y ejercer su derecho de defensa de manera adecuada. Sin la intervención del facilitador, es probable que el investigado hubiera enfrentado serias dificultades para participar en el proceso y defenderse de manera efectiva, lo que podría haber comprometido su derecho a un juicio justo.
Además, la figura del facilitador judicial no solo beneficia a la persona con discapacidad, sino que también contribuye al buen funcionamiento del sistema judicial en su conjunto. Al asegurar que todas las partes comprendan el proceso y puedan comunicarse de manera efectiva, el facilitador ayuda a evitar malentendidos y errores que podrían retrasar el proceso o dar lugar a recursos y apelaciones. De esta manera, el facilitador contribuye a la eficiencia y efectividad del sistema judicial, asegurando que los casos se resuelvan de manera justa y expedita, y que se respeten los derechos de todas las personas involucradas.
La inclusión del facilitador en los procedimientos judiciales refleja un cambio significativo en la manera en que la Administración de Justicia trata a las personas con discapacidad. En lugar de ver la discapacidad como un obstáculo insuperable para la participación en el proceso judicial, el sistema ha comenzado a reconocer la importancia de proporcionar apoyos y ajustes razonables para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Este enfoque inclusivo no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también fortalece la legitimidad y la justicia del sistema judicial, al asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en el proceso y ser escuchados.
En definitiva, la figura del facilitador se ha convertido en un elemento esencial en el ámbito de la justicia inclusiva, proporcionando un apoyo crucial para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en los procedimientos judiciales y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En el caso de J.P.C., la intervención del facilitador fue fundamental para asegurar que el investigado pudiera entender el proceso, comunicarse de manera efectiva y participar en su propia defensa. Esta experiencia destaca la importancia de seguir desarrollando y fortaleciendo la figura del facilitador en el sistema judicial español, para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a la justicia de manera plena y efectiva. La inclusión de facilitadores en los procedimientos judiciales no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una inversión en la equidad y la eficacia de la Administración de Justicia, que beneficia a toda la sociedad.
