La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia absolutoria para los diez funcionarios de la Junta de Andalucía defendidos por Montero Aramburu & GVA en el denominado caso de las Minas de Aznalcóllar.

El tribunal concluye que no existen indicios de los delitos atribuidos —entre ellos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude— y considera que las acusaciones formuladas carecían de sustento probatorio. La resolución destaca expresamente la profesionalidad e imparcialidad de los técnicos y funcionarios intervinientes en el concurso público convocado para la adjudicación de la explotación minera, rechazando cualquier tipo de influencia o connivencia en el proceso administrativo.

La sentencia pone fin a un procedimiento que se ha prolongado durante varios años y cuyo juicio oral se desarrolló en 36 sesiones. En ella, la Audiencia subraya la falta de pruebas que permitan inferir irregularidades en la actuación de los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, así como la consistencia de los informes periciales que avalaban la corrección del procedimiento seguido.

La dirección jurídica de la defensa ha estado a cargo de los abogados Encarnación Molino Barrero y Luis Aparicio Díaz, del departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu & GVA.