La contratación pública, la autonomía tecnológica y el impulso de la producción industrial centraron el II Encuentro sobre Defensa, Seguridad y Espacio, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Los expertos advirtieron de la necesidad de adaptar el marco normativo europeo a las nuevas exigencias estratégicas e industriales.
Alberto Palomar, profesor titular acreditado de Derecho Administrativo y abogado; Begoña Rojo, directora de Programas Europeos y Asuntos Institucionales de GMV Defence and Security; Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; y Antonio Descalzo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid
La transformación de la política europea de defensa está planteando nuevos desafíos jurídicos e industriales, especialmente en materia de contratación pública, competencia y autonomía tecnológica. Estas cuestiones protagonizaron el II Encuentro sobre Defensa, Seguridad y Espacio, organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY en la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo de EM&E Group.
La jornada, celebrada el 7 de octubre, reunió a especialistas del ámbito jurídico, académico y empresarial para analizar las consecuencias del incremento del gasto en defensa y las nuevas prioridades de la Unión Europea, que está desplazando parte de sus esfuerzos desde la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la producción industrial y la disponibilidad efectiva de capacidades.
Durante la inauguración, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, y Antonio Descalzo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, destacaron la importancia de mantener espacios de colaboración entre universidades, instituciones y empresas para abordar la evolución normativa y las políticas públicas relacionadas con la defensa, la seguridad y el espacio.
La contratación pública de defensa, ante nuevos desafíos jurídicos
Uno de los principales asuntos abordados fue la adaptación de la contratación pública a las necesidades estratégicas de los Estados miembros.
Alberto Palomar, profesor titular acreditado de Derecho Administrativo y abogado, analizó la evolución del marco normativo europeo y las posibles consecuencias de su revisión sobre los procedimientos de adjudicación de contratos de defensa.
En particular, señaló que los cambios regulatorios pueden reabrir el debate sobre la aplicación del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros adoptar determinadas medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad.
La utilización de esta excepción plantea cuestiones relacionadas con la transparencia de las adjudicaciones, las reglas de competencia y la protección de capacidades tecnológicas consideradas estratégicas.
«Nos encontramos ante un momento especialmente relevante, en el que habrá que encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses estratégicos del Estado y la garantía de una mayor transparencia en la contratación», afirmó Palomar.
El jurista también abordó las dificultades que afronta la industria europea de defensa, entre ellas la dependencia de proveedores externos, las limitaciones de las cadenas de suministro y la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos países.
En este contexto, defendió la importancia de la planificación anticipada, la interoperabilidad de los sistemas y el desarrollo de instrumentos europeos que permitan identificar las capacidades industriales disponibles.
Estas medidas podrían facilitar también la incorporación de pequeñas y medianas empresas a los programas europeos de defensa, un ámbito en el que las exigencias técnicas, regulatorias y de contratación pueden constituir importantes barreras de entrada.
«La visibilidad de las capacidades industriales será clave para que las pymes puedan participar en los nuevos instrumentos europeos de contratación y apoyo a la defensa», señaló.
Europa busca reforzar su capacidad de producción
La segunda parte del encuentro estuvo dedicada a la evolución de las prioridades industriales de la Unión Europea.
Begoña Rojo, directora de Programas Europeos y Asuntos Institucionales de GMV Defence and Security, explicó que la política europea de defensa está experimentando un cambio significativo, al conceder mayor importancia a la capacidad de fabricación y al suministro efectivo de equipos y sistemas.
El incremento de los presupuestos militares, la guerra de Ucrania y la necesidad de reducir dependencias exteriores han puesto de manifiesto las limitaciones de una industria que debe responder a una demanda creciente en plazos cada vez más ajustados.
Según Rojo, el desafío ya no consiste únicamente en desarrollar tecnologías avanzadas, sino en garantizar que puedan producirse a escala industrial, mantenerse operativas y contar con cadenas de suministro suficientemente estables.
«El centro de la Unión Europea ya no es solo la innovación, ahora es la producción; no se trata de tener prototipos, sino sistemas disponibles, sostenibles en el tiempo y con cadenas de suministro aseguradas», explicó.
La especialista destacó que este nuevo escenario abre oportunidades para las empresas españolas, aunque su participación en los programas europeos dependerá de factores como la capacidad productiva, la especialización tecnológica y la agilidad de los procedimientos de certificación.
También subrayó la creciente importancia de la cooperación entre empresas y Estados miembros para desarrollar proyectos industriales conjuntos y garantizar la interoperabilidad de los sistemas.
El Derecho, una pieza clave de la autonomía estratégica europea
Las intervenciones pusieron de manifiesto que el fortalecimiento de la industria europea de defensa no depende exclusivamente del incremento de las inversiones públicas.
La adaptación de los procedimientos de contratación, la coordinación normativa entre los Estados miembros y la definición de mecanismos que permitan proteger los intereses estratégicos sin eliminar las garantías de transparencia y competencia constituyen también elementos relevantes de este proceso.
El debate adquiere especial importancia en un momento en el que la Unión Europea busca reforzar su autonomía tecnológica e industrial y mejorar su capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades de seguridad.
El encuentro organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY, que da continuidad al foro iniciado el pasado mes de mayo, pretende contribuir al análisis de estas cuestiones desde una perspectiva jurídica, académica e industrial.