José Ignacio Alemany, miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF; Daniel Gómez-Olano González, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF y Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable del Gabinete de Estudios y Relaciones Institucionales de AEDAF

La Asociación Española de Asesores Fiscales AEDAF, ha presentado esta mañana el Observatorio AEDAF de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Se trata de una iniciativa pionera cuyo objetivo es analizar, denunciar y formular propuestas constructivas para la protección de los derechos del contribuyente. Asimismo, AEDAF ha presentado también el primero de los documentos producidos por el Observatorio: una propuesta de carta de derechos y garantías del contribuyente adaptada a un contexto cada vez más digitalizado.

Según Daniel Gómez-Olano González, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de la recaudación tributaria han relegado a un segundo plano los derechos de los contribuyentes. “Se han creado círculos viciosos en los que el poder ejecutivo establece las normas sin revisión del poder legislativo ni de los órganos constitucionalmente exigibles, como el Consejo de Estado. Además, si el poder judicial dictamina algo que no le gusta al poder ejecutivo, precisamente por vulnerar los derechos de los contribuyentes, el poder ejecutivo propone una nueva norma que sacrifica tales derechos, de forma que los tres poderes del estado se convierten en ocasiones en un único poder: el ejecutivo”.

El experto de AEDAF se ha referido también a la progresiva digitalización de la sociedad y al uso de nuevas tecnologías invasivas por parte de las administraciones tributarias, como la inteligencia artificial, y ha advertido que la combinación de tales circunstancias “amenaza con socavar derechos humanos básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la no autoincriminación”.

Gómez-Olano ha continuado: “Es esta una nueva realidad que exige una rápida redefinición de los derechos de los contribuyentes, para evitar que el resto de los derechos se conviertan en papel mojado; y es esencial establecer un derecho a la dignidad humana del que deberían deducirse otros derechos, como el derecho de los ciudadanos a no ser instrumentalizados con fines tributarios lo que, por cierto, ya está ocurriendo”.

“Con la creciente hipervigilancia del ciudadano, el poder de la sociedad civil debe ser el contrapoder de los tres poderes del Estado para vigilar precisamente a quienes nos vigilan. AEDAF, en su parcela de conocimiento, aspira a cumplir esa función, por eso nace este Observatorio: con la idea de observar el Estado de los derechos y garantías del contribuyente de forma permanente, para explicar lo que funciona y lo que no, y para hacer propuestas constructivas del sistema”.  

José Ignacio Alemany, miembro del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, ha presentado dicha Carta, y se ha referido a la “necesidad de una educación cívico- financiera básica integrada en los planes de estudio para que se entienda por qué y para qué hay que pagar impuestos y la responsabilidad que esto implica”. Alemany, asimismo, ha denunciado que “no existen tribunales especializados en materia tributaria”, lo cual entorpece la resolución de conflictos dada la saturación de los órganos judiciales. 

El Observatorio estará integrado de forma permanente por los miembros del Consejo Asesor Institucional de AEDAF y contará con la colaboración puntual de expertos del ámbito académico, judicial y del sector privado. Entre sus funciones principales estarán las de analizar situaciones especialmente preocupantes, evaluar posibles vulneraciones de derechos, formular propuestas de mejora normativa y publicar un informe anual sobre el estado de los derechos y garantías de los contribuyentes en España.

La Asociación trasladará sus conclusiones a la sociedad civil, a los grupos parlamentarios y a la Administración tributaria periódicamente. AEDAF reafirma de esta forma su compromiso con un sistema tributario equilibrado, que combine la eficacia en la lucha contra el fraude con el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los principios constitucionales.