José Antonio Díez, alcalde de León; vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León, María José Vieira Aller; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el presidente de la Conferencia de Decanos y Decanas, Javier Fernández Teruelo; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, Susana Rodríguez Escanciano; la vicepresidenta de la Diputación, Ana María Arias, y el Procurador del Común, Tomás Quintana

La XXXIII Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, integrada por 77 universidades públicas y privadas de todo el país y que representa a más de 100.000 alumnos y alumnas, ha apostado hoy en León por un uso ético de la Inteligencia Artificial, capaz de acelerar tareas en segundos, en paralelo al imprescindible aprendizaje del juicio crítico, la ponderación de principios constitucionales y la resolución de dilemas éticos nuevos, aspectos que la IA no domina.

Así lo ha trasladado el presidente de la Conferencia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, quien tras recalcar que el dominio de la norma y sus conceptos sigue siendo imprescindible para lograr respuestas óptimas de la IA, ha recordado que las facultades deben enseñar lo que la IA no domina: “pensar, dudar y decidir”.

En esta línea, ha destacado que las instituciones académicas no tienen que competir con la IA, sino que deben de formar la “arquitectura mental” de los futuros profesionales del Derecho, sobre quienes recaerá la defensa de los derechos humanos, la seguridad jurídica y la democracia en un entorno tecnológico.

Fernández Teruelo ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la XXXIII Conferencia, en la que han tomado parte el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el alcalde de León, José Antonio Diez; la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la Universidad de León, María José Vieira Aller, y su decana de Derecho, Susana Rodríguez Escanciano.

“Resultados exponenciales”

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha destacado que la gran transformación de la Justicia impulsada desde el Ministerio, con la digitalización como una de sus bases, está logrando mayor eficiencia, menor litigiosidad y, por primera vez en 10 años, una disminución de la pendencia. Asimismo, ha asegurado que el Ministerio ya está incorporando la inteligencia artificial a la Justicia como instrumento de mejora con resultados exponenciales, pero siempre con una mirada desde los derechos fundamentales universales y la ética humanista.

La Inteligencia Artificial es, precisamente, uno de los temas de análisis de esta Conferencia, que se celebra hoy y mañana en León y en la que el Grupo de Trabajo sobre la IA y su papel en la docencia, la investigación y la transformación académica ha abogado por la ética y el aprovechamiento de las oportunidades formativas en el ámbito tecnológico en su labor de preparación de los profesionales del futuro. 

“Se trata de que tomen las mejores decisiones sobre cuestiones con impacto real en las personas, en la protección de los derechos fundamentales, en la seguridad colectiva y en la defensa del Estado de Derecho”, destaca el decano de la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, Alfonso López de la Osa Escribano.

Clínicas jurídicas frente al impacto de la IA

El modelo y funcionamiento de las clínicas jurídicas es también objeto de estudio por parte de otro Grupo de Trabajo que presentará su análisis y conclusiones en el seno de la XXXIII Conferencia. Las más de 40 clínicas jurídicas de universidades españolas, concebidas para prestar asesoramiento gratuito a personas o colectivos en situación de vulnerabilidad, son, para los coordinadores del Grupo, Javier García Medina (Universidad de Valladolid) y Clara Viana Ballester (Universidad de Valencia), espacios docentes para la “reflexión, la inmediatez en la comunicación entre estudiantado y docentes, el trabajo honesto y la responsabilidad” frente al impacto de la IA.

Además, el documento que defenderán en la reunión recuerda la necesidad de que las facultades y universidades las doten de recursos financieros, materiales y humanos y propone establecer colaboraciones con los colegios de abogados, siempre teniendo presente el alcance de la atención que estos centros pueden prestar, ya que tienen carácter formativo. Asimismo, aboga por integrarlas en la formación del alumnado, incorporar esta labor al currículum como asignatura y contratar profesorado clínico (profesorado asociado asistencial), entre otros aspectos.

Apuesta por el lenguaje claro y preciso

La Conferencia auspiciará la presentación del trabajo llevado a cabo por el Grupo centrado en el tema Lenguaje jurídico claro y preciso, coordinado por Rosa Rodríguez Bahamonde, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según sus análisis, las facultades de Derecho, pese a formar parte de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, no apuestan por el “lenguaje jurídico claro y preciso” como política estructural, de modo que las actividades aisladas que se emprenden no conectan con la accesibilidad, la ciudadanía y la metodología innovadora.

A ello hay que sumar dificultades vinculadas al alumnado como la búsqueda de equivalencias incorrectas al lenguaje técnico, su cada vez menor receptividad al lenguaje, tanto oral como escrito, y la falta de formación en materias como el latín, de uso aún habitual en el ámbito jurídico.

El Grupo de Trabajo considera fundamental crear una cultura homogénea en el sistema universitario bajo la premisa de que la claridad y precisión del lenguaje jurídico constituyen un elemento esencial del Estado de Derecho por su estrecha vinculación con la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el acceso real de la ciudadanía a la comprensión del Derecho. Además, apuesta por incorporar de la competencia de comunicación jurídica clara y precisa en el catálogo de competencias del Grado en Derecho y, en el caso del Máster de Acceso a la Abogacía y Procura, incluir formación en redacción comprensible de escritos procesales y en la explicación clara de decisiones jurídicas a clientes no juristas, medida con la que se reforzaría “la dimensión ética y comunicativa de la profesión”.

Reforma de los estudios de Derecho

La XXXIII Conferencia programa también la exposición del Grupo de Trabajo Evaluación del proceso de Bolonia 20 años después, un ambicioso proyecto sobre la reforma de los estudios de Derecho que contempla una fase inicial de diagnóstico de la situación pasada y presente, en la que se trabaja en la actualidad, y una segunda que, en el futuro, planteará las medidas para abordar ese cambio.

El grupo, coordinado por Xulio Ferreiro Baamonde (Universidade da Coruña), ha analizado ya las acciones puestas en marcha por un reducido número de universidades, lo que ya ha permitido extraer algunas conclusiones: todas ellas cubren las mismas áreas jurídicas tradicionales, pero es variada la oferta de optativas y la organización de la especialización; la presencia de asignaturas humanísticas es muy desigual y apenas se encuentra una materia específica y obligatoria de Deontología jurídica o de Integridad académica; los programas de prácticas no alcanzan el 25% que permite la normativa y son muy pocos los casos de actualización de los planes de estudio tras el despliegue inicial del Plan Bolonia.

La Conferencia de Decanas y Decanos

La Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho persigue el fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de Derecho en las distintas facultades mediante la creación de foros de debate e intercambio abiertos a todas las universidades españolas sobre temas de interés para las titulaciones de Derecho. Asimismo, busca constituirse en interlocutora ante los poderes públicos en relación con las normas que afecten a la enseñanza del Derecho y en estrecha coordinación con la CRUE.