José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Al final me vine arriba, como coloquialmente se dice, y me enfrasqué en la tarea de conocer el quién es quién -posiblemente estaría mejor escribir el quién era cada cual- de la ya conocida lista de los cincuenta y cinco peticionarios para la celebración de una Junta Extraordinaria del Colegio de Madrid que tuviera por objeto condenar el asesinato de José Calvo Sotelo y que -señalada para el 17 de julio- no se llevó a cabo por prohibirla la autoridad gubernativa.
Con los años creo que me he vuelto más metódico de lo que era -también es verdad que he tenido buena escuela en mi trabajo en lo que se refiere a mandar y a obedecer-, así que con sufrida resignación, espíritu aventurero y valiéndome de mis básicos conocimientos de Excel, elaboré una lista de nuestros cincuenta y cinco compañeros, señalando en casillas correlativas una serie de parámetros comunes y me dispuse a examinar uno a uno los expedientes de depuración; después pedí la ayuda -más escasa de lo que pensaba- de quien afectuosamente llamo San Google; mas tarde revisé la prensa histórica de aquellos años y eché una mirada final a la Causa General para intentar saber qué había sido de aquellos que en 1939 no daban señales de vida. Así que, por favor, al que no le guste este trabajo, mejor que no me lo diga, porque pensaré que es injusto porque le he dedicado una cantidad de horas muy superior a la media.
Como es natural, me he llevado más de una sorpresa.
Posiblemente no sirva para gran cosa, más allá de mi satisfacción personal y de dejarme la poca vista que tengo examinando documentos amarillos, escritos con máquinas de escribir manuales con la cinta de tinta bastante gastada; pero, bueno, intentaré que el resultado sea ilustrativo, ameno y entretenga al lector, además de sacar alguna consecuencia que, seguro podremos extraer según vayamos avanzando.
Como ya tengo escrito, al amparo de lo establecido por los estatutos vigentes, cuarenta colegiados podían pedir la celebración de una Junta extraordinaria. Ante el choque emocional que supuso el asesinato y muerte de Calvo Sotelo -colofón de otros atentados anteriores de uno y otro signo que se habían producido en una sucesión trágica los días anteriores-, un abogado dispuso varios pliegos en el Colegio, donde se pedía la celebración inmediata de una Junta con la finalidad de condenar el asesinato.
Desgraciadamente no tenemos el texto de la petición, por lo que cualquier elucubración sobre su contenido es una mera cábala y, consecuentemente, tendremos que ser moderados y no inventarnos cosas. Entiendo, eso sí, que el primer firmante de la solicitud era José Bellver Cano, a la sazón diputado 5º en la Junta de Melquiades Álvarez, lo cual me lleva a pensar si detrás de su firma se quería hacer ver la intención de que la Junta del Colegio, ya muy enfrentada con el Gobierno de la Nación, apoyara por fuera la celebración del acto colegial de repulsa, máxime tras el multitudinario entierro que se había llevado a cabo (las imágenes me han recordado el entierro de los compañeros del despacho de la calle Atocha, al que asistí siendo estudiante) y también reforzado con el acuerdo de la Junta de Gobierno para que se celebrase en un plazo tan corto de tiempo: el día 17 de julio.
José Bellver Cano
En ese sentido, son impactantes las amplísimas explicaciones que da Bellver en su expediente de depuración; por citar una, bastará mentar que, cuando se le inquiere para que conteste si desempeñaba algún cargo colegial, afirma: “…vicepresidente de Unión Nacional de Abogados, ejerciendo funciones de presidente, pues el que lo era efectivo Rafael Salazar Alonso (luego fusilado en septiembre de 1936) estaba de baja en aquel tiempo. Presidente fundador lo era don Adolfo Rodríguez-Jurado y de la Parra. Y miembro fundador de la “Cofradía de Abogados de San Ivo” que preside Goicoechea (decano en 1939) y de la que fueron asesinados casi todos, por haber sido publicados en los periódicos los nombres”.
Así que, sin mayor dilación, vamos con la página Excel a ver con que nos enfrentamos. En primer lugar, no son 55 los firmantes, sino uno menos, pues Mariano Soria Monje -quien unos meses después moriría asesinado en Paracuellos del Jarama- está duplicado. Así que son 54 los compañeros los que firmaron los pliegos.
De esos cincuenta y cuatro, nada menos que cuarenta y dos, sobrevivieron a la guerra. Aquí tengo que entonar un “mea culpa”. Yo estaba en la idea que una vez que apareció la lista de los 55 en 1937, se organizó una especie de caza y captura de los firmantes que conllevó la muerte de muchos de ellos. No es verdad, afortunadamente. De hecho, de los 54 sólo murieron asesinados cinco.
Pero cuidado, que es un “mea culpa” parcial, porque la inmensa mayoría de los que tuvieron la mala suerte de estar en Madrid cuando la guerra comenzó, no lo pasaron precisamente bien. La detención en las temibles “chekas”, el registro, el saqueo de despachos y bibliotecas fueron la tónica de casi todos aquellos que se quedaron en Madrid. De los que tengo vistos y por poner un ejemplo, hay uno que dice que, entre detenciones y registros en su casa, recibió treinta y una visitas de la policía.
Sigamos. En el año 1939, nada más terminar la guerra, comienzan las depuraciones de colegiados que ya he explicado. De los 54, presentan depuración 42. Los otros doce se dividen entre los cinco asesinados y otros siete que no llegan a presentar la declaración jurada. De esos restantes, de dos de ellos he sido incapaz de encontrar alguna información, es el grave inconveniente de apellidarse López o Vázquez. Un tercero se trasladó al parecer a Ciudad Real y si acaso, se depuraría allí. Otros dos ejercieron de Juez en el ejército popular siendo nombrados oficiales y los dos restantes no fueron depurados por pertenecer a la masonería, uno de ellos además tuvo que exiliarse, aunque más tarde regresó a España falleciendo en 1951.
Por tanto, he podido trabajar únicamente sobre los expedientes de depuración de cuarenta y dos colegiados de los cuales, aunque la gran mayoría eran abogados frontalmente contrarios al gobierno del Frente Popular, no siempre era así.
Ha continuado mi estupor por la afiliación a la CNT de un gran número de ellos, en concreto quince, más otros dos que estuvieron afiliados a la UGT. Como ya he explicado en artículos anteriores, tener un carné sindical era una especie de salvoconducto para no ser detenido por la calle y, además, poder ejercer con alguna normalidad la profesión. Cosa distinta es cómo consiguió el abogado Bergia -nuestro Schindler particular, al que he dedicado dos artículos ya publicados- tamaña gesta, pues hay que partir de la base de que los anarquistas no eran precisamente idiotas. Los dos afiliados a la UGT en cambio fueron expulsados del sindicato tan pronto como se supo que habían firmado el pliego de marras; mientras que los quince restantes -seguramente imbuidos de un importante espíritu anarcosindicalista- siguieron actuando con cierta normalidad que se sepa, aunque casi todos afirmaron que únicamente habían pagado la primera cuota y nada más.
Otro apartado interesante radicaba en dónde les había sorprendido el comienzo de la guerra. Podían darse tres situaciones: les había pillado de vacaciones fuera de Madrid en lo que casi enseguida se denominó zona nacional, o, sorprendiéndoles en el territorio controlado por el gobierno de la República, habían terminado en la susodicha zona nacional, bien por pasarse clandestinamente al otro bando, bien por haberse refugiado en alguna embajada para más tarde ser evacuados a Francia y, desde allí, cruzar la frontera al otro lado. Hay cuatro casos de esta modalidad.
Ya hablando de embajadas, hay otros cuatro colegiados más que se refugiaron en una, pero se “chuparon” la totalidad de los tres años de guerra sin poder salir a la calle por miedo a ser detenidos de inmediato.
Y luego no podía faltar en este trabajo hacer reseña de aquellos que, a la hora de presentar su declaración, se jactaban en la misma que haber firmado los pliegos de condena del asesinato del líder de la derecha española. En concreto, veintisiete. Por tanto, una gran mayoría relativa de estos abogados usó el acto de firmar el manifiesto como argumento de peso a favor de su depuración.
Yendo un poco a las curiosidades, quienes firmaron la solicitud eran, en general, partidarios del finado; pero, aun así, se dan casos un poco chocantes que a veces nos dan una idea de cómo era la España de entonces. El recuerdo de la película “La vaquilla” de Berlanga -como casi siempre coral, histriónica, rayando en el esperpento- cuadra bastante con la situación de muchos de los abogados y de los motivos que los llevaron a firmar. Desde aquel que simplemente “pasaba por aquí”, al otro que por equivocación se hizo masón cuando residió dos años en la Guinea Ecuatorial y se encuentra con que los que para él eran unos relevantes servicios de espionaje a favor de Franco no le valen nada. Al ser preguntado si ha pertenecido a la masonería, contesta que no, y como por arte de magia, aparece un oficio del Tribunal de represión de la Masonería afirmando lo contrario. Eso es lo que le sucedió al compañero Luis Bravo-Villasante.
O a Federico Dema Samperio que, por actuar de juez en una División del ejército republicano, es condenado a muerte, aunque luego resulta indultado y sigue ejerciendo como si tal cosa.
O más de un caso donde los depurados explican las artimañas, algunas muy burdas, para librarse de entrar en el ejército, según van llamando a las sucesivas “quintas” y cómo, una vez que ya no pueden evitarlo, los trucos de que se valieron para no ser enviados a primera línea a disparar a los que consideraban sus compañeros y escaquearse hábilmente en las oficinas.
Me queda la sensación de que hay que separar el grano de la paja, la verdad histórica de la declaración por conveniencia. En todo caso, me quedo con esos pobres cinco colegas que fueron asesinados; me solidarizo con las penalidades que ellos y muchos más padecieron por poner valientemente su firma en un papel defendiendo coherentemente la democracia y también, cómo no, con aquellos que, por motivos que hoy nos parecerían nimios y sin importancia, no superaron la prueba de la depuración y, durante años, tuvieron vedado el acceso a la profesión.
Ilustra este artículo una fotografía, casi única y de pésima calidad, de José Bellver Cano, primer firmante de “los cincuenta y cinco de Calvo Sotelo” y diputado 5º en la Junta del tristemente asesinado decano Melquiades Álvarez.
