El Consejo General de la Abogacía Española advierte, con motivo del Día de la Justicia Gratuita, de que el progresivo descenso de profesionales y el aumento de la demanda, amenaza la sostenibilidad de un servicio esencial para garantizar el derecho de defensa
Hay servicios públicos cuyo funcionamiento solo se percibe cuando dejan de estar garantizados. La asistencia jurídica gratuita es uno de ellos. Cada día, miles de ciudadanos acceden a un abogado porque existe una red de profesionales que, desde hace décadas, sostiene el turno de oficio en todo el territorio. Sin embargo, esa red empieza a mostrar señales de desgaste.
Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el próximo 12 de julio, Abogacía Española ha elaborado un estudio sobre la evolución del censo de abogados y la viabilidad futura del servicio. La conclusión es clara: si la tendencia actual no se revierte, ocho comunidades autónomas podrían encontrarse en una situación crítica para garantizar la cobertura del turno de oficio antes de que termine la década, mientras que cinco presentarían un nivel de riesgo elevado.
No se trata de un problema que aparezca de un día para otro, es más bien una tendencia que lleva años consolidándose. Desde 2020, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un descenso del 14,1% que ha reducido el número de profesionales adscritos a 38.871 actuales. Si nada cambia, en 2030 quedarían menos de 33.000 abogados prestando este servicio en toda España.
Aumentan las peticiones de Justicia Gratuita
El desafío no se limita a una reducción del número de profesionales. El estudio pone de manifiesto la dificultad para garantizar el relevo generacional en un servicio que exige una elevada dedicación y que resulta imprescindible para asegurar el acceso a la Justicia de miles de ciudadanos.
Pero mientras disminuyen quienes prestan el servicio, la necesidad de justicia gratuita no deja de crecer. Cada año aumentan las designaciones y, con menos abogados disponibles para asumirlas, la presión sobre quienes permanecen en el turno será cada vez mayor. Las proyecciones del informe estiman que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030: un incremento cercano al 60%.
Y esa presión ya empieza a reflejarse en la realidad. Solo durante 2025, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita aumentaron un 1,7 % hasta superar los 1,15 millones. Cada una de ellas, cuya tramitación corresponde a los 83 Colegios de la Abogacía, ya sea por solicitud directa del ciudadano o por remisión de los órganos judiciales, supone la designación de, al menos, un abogado o abogada del turno de oficio. Es decir, mientras la demanda del servicio sigue creciendo, el número de profesionales disponibles para prestarlo continúa disminuyendo.
Ese aumento no será igual en todo el país, en algunos territorios la situación puede llegar a ser especialmente exigente. En Ceuta, por ejemplo, cada abogado podría asumir más del doble de asuntos que en la actualidad, mientras que, en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja la carga de trabajo crecería de forma muy significativa.
Detrás de estas cifras hay una realidad que trasciende a la propia profesión. El turno de oficio constituye la puerta de acceso a la Justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes. Su fortaleza no se mide únicamente por el número de abogados que lo integran, sino por su capacidad para garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad.
El informe también refleja otra tendencia de fondo: la creciente concentración de la profesión. Mientras solo cinco comunidades autónomas aumentarán previsiblemente su número de abogados ejercientes antes de 2030, el resto perderá efectivos y Madrid y Cataluña concentrarán prácticamente la mitad del censo nacional. Esta evolución agrava el desafío de mantener una cobertura equilibrada del turno de oficio en todo el territorio.
Ante este escenario, el Consejo General de la Abogacía Española considera imprescindible adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del servicio. El estudio plantea avanzar en una revisión del sistema de retribuciones, impulsar incentivos que favorezcan la incorporación de nuevos profesionales al turno de oficio, especialmente en los territorios con mayores dificultades, y desarrollar políticas que aseguren el relevo generacional y una cobertura suficiente en toda España.
