Más de 200.000 personas se han acogido en España a este mecanismo legal, según los datos difundidos por el despacho, que destaca su creciente utilización entre particulares y autónomos en situación de insolvencia.
La Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por particulares y trabajadores autónomos que no pueden hacer frente a sus deudas. Según los datos facilitados por Arriaga Asociados, más de 200.000 personas se han acogido ya en España a este mecanismo, que permite obtener la exoneración total o parcial de determinadas obligaciones económicas cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.
La experiencia del despacho en la tramitación de estos procedimientos sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros el importe medio de las deudas exoneradas a sus clientes. No obstante, las cantidades varían considerablemente en función de las circunstancias económicas y personales de cada solicitante, así como de la naturaleza de las obligaciones pendientes.
Entre las situaciones que suelen conducir al sobreendeudamiento figuran la pérdida del empleo, el cierre de pequeños negocios, las enfermedades o las rupturas familiares. Circunstancias que, en muchos casos, provocan una reducción repentina de los ingresos y dificultan el cumplimiento de compromisos financieros previamente asumidos.
Un mecanismo para particulares y autónomos insolventes
La Ley 25/2015, de 28 de julio, introdujo en España el mecanismo de segunda oportunidad, posteriormente modificado por la reforma concursal de 2022. Su finalidad es permitir que las personas físicas insolventes puedan liberarse de determinadas deudas y recuperar su capacidad económica, siempre que cumplan las condiciones legales.
La aplicación de este procedimiento requiere un análisis individualizado de cada situación, puesto que no todas las deudas pueden cancelarse ni todos los solicitantes reúnen necesariamente los requisitos para acceder a la exoneración.
Arriaga Asociados señala que, además de los procedimientos comprendidos en la media de 30.000 a 40.000 euros, ha obtenido resoluciones judiciales que han permitido cancelar cantidades considerablemente superiores. El despacho también destaca su experiencia en procedimientos relacionados con deudas frente a la Seguridad Social, cuya exoneración está sometida a límites y condiciones específicas.
Jesús Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados, explica que buena parte de las personas que solicitan asesoramiento se encuentran en situaciones de insolvencia provocadas por circunstancias sobrevenidas.
«La mayoría de las personas que acuden a nosotros no han dejado de pagar porque quisieran hacerlo, sino porque un cambio inesperado en sus vidas hizo imposible seguir haciendo frente a sus obligaciones. La Ley de Segunda Oportunidad existe precisamente para ofrecer una solución a quienes han actuado de buena fe y cumplen los requisitos», señala.
La importancia del asesoramiento jurídico
Uno de los aspectos fundamentales de estos procedimientos es determinar qué deudas pueden ser objeto de exoneración y cuáles deben mantenerse, así como valorar las consecuencias que la solicitud puede tener sobre el patrimonio del deudor.
La existencia de obligaciones frente a administraciones públicas, acreedores financieros o particulares puede condicionar el alcance de la exoneración. Por ello, resulta necesario examinar tanto la situación económica del solicitante como la composición de su deuda antes de iniciar el procedimiento.
La experiencia acumulada por los despachos especializados refleja también la diversidad de perfiles que recurren a esta vía legal, desde familias que han perdido capacidad adquisitiva hasta autónomos cuyos negocios han dejado de ser viables.
La creciente utilización de la Ley de Segunda Oportunidad pone de manifiesto la importancia que ha adquirido este instrumento dentro del sistema concursal español, no solo como mecanismo para resolver situaciones de insolvencia personal, sino también como una vía para facilitar la reincorporación de los deudores a la actividad económica.
