Eduardo Simó: «En las primeras 72 horas se decide si esperas el juicio en casa o en prisión

SIMÓ Abogados Penalistas

libertad provisional

Los registros empiezan antes de que amanezca. Varias viviendas a la vez, puertas derribadas, perros y, cada vez más a menudo, drones. A media mañana la noticia ya circula por los medios locales y la familia del detenido sigue sin saber dónde está ni qué va a pasar. Las operaciones antidroga con registros simultáneos son constantes en Murcia y Andalucía, y casi todas acaban en la misma pregunta: si el detenido esperará el juicio en casa o en prisión.

Lo hablamos con Eduardo Simó, socio director de SIMÓ Abogados Penalistas, despacho dedicado al derecho penal que en noviembre de 2025 consiguió la libertad provisional de dos investigados en una operación de este tipo en Lorca.

¿Qué ocurrió en Lorca?

Respuesta Eduardo Simó: Fue una operación grande, con más de cincuenta agentes, guías caninos y drones, centrada en dos viviendas que llevaban semanas vigiladas. Desde el principio se habló de una organización criminal. Defendíamos a dos de los detenidos y, tras pasar a disposición del juez de guardia, quedaron en libertad provisional en unos dos días.

Lo contamos en la crónica de aquella operación en Lorca, cuando la prensa se hizo eco de la noticia. Lo que dije entonces lo mantengo: después de meses de investigación, «no existe ni trama ni banda alguna«. La defensa se hace en este caso desde su casa.

¿Qué pasa en las horas que siguen a la detención?

Eduardo Simó: La detención policial tiene un máximo general de 72 horas, y antes de que se cumplan el detenido tiene que pasar a disposición judicial. Salvo que acuerde directamente la libertad sin fianza, el juez convoca una comparecencia, la del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de las 72 horas siguientes a la puesta a disposición judicial. En ella el fiscal o las acusaciones pueden pedir prisión o libertad con fianza. Es una vista breve, a veces de pocos minutos, y en ella se decide casi todo. Si nadie pide prisión ni fianza, el juez tiene que acordar la libertad.

¿Qué valora el juez para enviar a alguien a prisión provisional?

Eduardo Simó: El artículo 503 de esa misma ley exige indicios de un delito con pena máxima de al menos dos años y motivos para creer responsable a esa persona. Y además un fin concreto: evitar que se fugue, que destruya pruebas o que vuelva a delinquir. Para el riesgo de fuga se mira a la vez la gravedad de la pena y la situación familiar, laboral y económica del investigado. Con cocaína, el artículo 368 del Código Penal prevé de tres a seis años, y más si hay agravantes, así que la gravedad casi nunca juega a favor. Lo que sí puede jugar a favor es todo lo demás.

Hay una garantía que conviene recordar. La ley prohíbe deducir el riesgo de destrucción de pruebas «únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración» del investigado. Guardar silencio, por sí solo, no justifica la prisión por ese motivo.

¿Qué alternativas hay a la prisión?

Eduardo Simó: Más de las que la gente cree. La libertad provisional puede acordarse con comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte o prohibición de salir de España, con fianza o sin ella. En la comparecencia nuestro trabajo es ofrecer al juez una alternativa creíble a la prisión. Si se fija una fianza imposible de pagar, se recurre y se pide que se ajuste a la capacidad económica real de la persona.

¿Qué puede hacer la familia en esas horas?

Eduardo Simó: Mucho, y casi siempre deprisa. Lo más útil es reunir papeles que acrediten el arraigo: contrato de trabajo y nóminas, empadronamiento, contrato de alquiler o escritura de la vivienda, libro de familia, informes médicos si alguien depende del detenido. Todo eso tiene que estar en manos del abogado a ser posible antes de la comparecencia, no después. También ayuda que una sola persona de la familia sea el contacto con el despacho. En esas horas llegan rumores de todas partes y alguien tiene que ordenar la información.

¿Pesa mucho que la policía hable de organización criminal?

Eduardo Simó: Pesa en el ambiente, porque el atestado llega cargado de esa palabra. Pero el juez tiene que valorar a cada persona por separado: qué se le encontró, qué papel tenía, qué antecedentes arrastra. Una operación con muchos detenidos no convierte a todos en lo mismo. Por eso, en la comparecencia, la defensa tiene que hablar de su cliente y no de la operación.

¿Qué consejo daría a quien acaba de recibir esa llamada?

Eduardo Simó: Que busque un penalista de confianza cuanto antes y que no dé nada por perdido. La prisión provisional es una medida excepcional y la ley la trata así. Un abogado que llega a la comparecencia sin haber hablado con la familia ni haber visto un solo papel parte con desventaja. A veces, lo que se prepara en esas pocas horas decide dónde pasará esa persona los meses siguientes.

Eduardo Muñoz Simó es abogado penalista y socio director de SIMÓ Abogados Penalistas, despacho con sedes en Madrid, Málaga y Murcia que actúa en toda España. Dirige la defensa en causas de tráfico de drogas del despacho, desde la detención y las primeras medidas cautelares hasta el juicio, y trabaja también en crimen organizado, extradición, delitos sexuales y homicidios.

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