El Colegio de Abogados de Las Palmas ha abierto diligencias informativas a cuatro despachos de las islas para estudiar su "conducta" al intentar captar familiares de víctimas del accidente aéreo de Barajas (Madrid) ocurrido el pasado 20 de agosto.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa en la capital grancanaria el decano del colegio canario y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, Joaquín Espinosa, que destacó que dicho trámite se ha realizado para "aclarar y ver si su actuación es merecedora de abrirles un expediente".
Igualmente, destacó que los bufetes estadounidenses que han intentado atraer clientes del siniestro "no pueden ejercer en España", por lo que el Consejo General de la Abogacía se ha dirigido a ellos indicándoles cuál es la legislación española y que "no pueden actuar porque va en contra de las normas del Consejo General y de los estatutos de los colegios de abogados hacer ruedas de prensa o intentar captar clientes cuando se ha producido un siniestro y más de esta categoría".
"Está totalmente prohibido y hasta que pase un plazo prudencial no se pueden dirigir a los familiares de las víctimas", explicó Espinosa, que resaltó que el Consejo General de la Abogacía se ha dirigido a estos despachos norteamericanos y "de los que no se ha recibido contestación el Consejo acordó dirigirse a los colegios de abogados donde pertenecen esos despachos". A su juicio, la expectación causada entre los bufetes de Estados Unidos que han realizado varias comparecencias informativas en las islas constituye "una falta de respeto total a los familiares de las víctimas".
Por su parte, el letrado y miembro del Colegio de Abogados de Las Palmas, Agustín Santana, señaló que se ha dado traslado a los cuatro despachos canarios "de aquellos aspectos en los que su conducta haya podido incidir de manera negativa en lo que respecta al código deontológico y si han podido incumplir o no alguno de esos preceptos en función de su conducta y su comportamiento".
En cuanto tengan conocimiento de ello, los letrados disponen de un plazo en el que formulan alegaciones y la trasladan al Colegio de Abogados, que valorará esos escritos y después adoptará una decisión sobre si abrir o no expedientes disciplinarios.