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VIDA COLEGIAL
El fiscal coordinador de Urbanismo de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Ramón Baños, anunció ayer en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) que su departamento está investigando actualmente 18 posibles ilícitos penales de tipo urbanístico que pueden haberse producido en los últimos 4 años en la provincia de Valencia. El fiscal, que ofreció una conferencia sobre delitos urbanísticos en el marco del III Curso de Procedimiento Urbanístico del ICAV, explica que la Fiscalía inició el pasado mes de octubre de 2008 un muestreo en toda la provincia de Valencia, solicitando información a todos los municipios sobre los expedientes administrativos incoados por cuestiones urbanísticas desde la entrada en vigor de la ley valenciana en diciembre de 2004. Joaquín Ramón Baños señala que, de los 265 municipios consultados, sólo han respondido hasta el momento 195, y que todavía faltan 70 municipios por enviarles información. De los 195 municipios que sí han respondido a las cuestiones de la Fiscalía, 72 aseguran que en los últimos 4 años no han incoado expediente alguno por motivos urbanísticos. El fiscal de Urbanismo considera “sospechosa” esta afirmación, ya que según su criterio muchos de esos municipios se encuentran en el interior de la provincia y poseen un amplio término municipal con reservas de suelo no urbanizable. Por otra parte, los 123 municipios que sí han incoado algún expediente administrativo, suman un total de 4.110 expedientes en 4 años, de los cuales tan sólo han llegado a la Fiscalía 127 en forma de denuncias por posibles delitos urbanísticos. Estos datos reflejan para el fiscal Joaquín Ramón Baños una “dejación de funciones” por parte de los ayuntamientos a la hora de comunicar a la Fiscalía todo indicio de delito urbanístico en su término municipal. “La ley valenciana de Urbanismo establece como competencia irrenunciable de los Ayuntamientos perseguir los ilícitos administrativos incoando un expediente, y remitir los posibles indicios de delito urbanístico directamente a la Fiscalía. Sin embargo, no está habiendo una respuesta satisfactoria por parte de la administración municipal. Ellos son los más cercanos a los hechos, pero quizá eso también sea una parte del problema”, declara el fiscal de Urbanismo de Valencia. Finalmente, Joaquín Ramón Baños indica que las construcciones y edificaciones ilegales, es decir, las ubicadas en suelo no urbanizable protegido, suelen acarrear problemas colaterales de tipo medioambiental, entre otros. “Las urbanizaciones ilegales no tienen red de saneamiento, ni cuentan con recogida de basuras, por lo que suelen provocar la aparición de vertederos ilegales. Por otra parte, también pueden producirse problemas más graves que impliquen riesgo para vidas humanas, ya que en estas urbanizaciones no hay establecido un programa de evacuación en caso de incendio, y ello puede representar un auténtico peligro llegado el caso”, advierte el fiscal coordinador de Urbanismo. En la conferencia sobre delitos urbanísticos participaron también José Luis Espinosa, secretario de la Junta de Gobierno del ICAV, y Pablo Delgado, presidente de la Sección de Derecho Urbanístico del Colegio de Abogados de Valencia. José Luis Espinosa anunció que los abogados y el ICAV prestarán toda su colaboración a la Fiscalía para luchar contra este tipo de delitos y añadió que el problema de la administración municipal en persecución de los ilícitos urbanísticos es, en ocasiones, la falta de medios para incoar los expedientes.
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