Los fiscales José Miguel de la Rosa, de la Sala de Menores del Tribunal Supremo, y Salvador Canet y Luis Felipe Bermejo, ambos de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, han participado esta mañana en el “IV Seminario de Menores: Menores, Internet y Nuevas Tecnologías”, organizado por la Sección de Derecho del Menor del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). En sus intervenciones, los fiscales han coincidido en subrayar que Internet se ha convertido en un fenómeno global que ha potenciado la comisión de determinados delitos, como la pornografía infantil, y donde la falta de información y asesoramiento, así como la incomunicación entre padres e hijos, influyen negativamente en la desprotección del menor en la red.
José Miguel de la Rosa, Fiscal Adjunto de Menores de la Sala de Menores del Tribunal Supremo, ha analizado el fenómeno de la pornografía infantil en Internet desde el punto de vista penal y ha explicado que Internet ha contribuido a desarrollar exponencialmente estos delitos. “Hace 40 años, la pornografía infantil era sólo una cuestión comercial, entre un número limitado de personas. Hoy en día los usuarios de Internet comparten archivos de forma gratuita y a nivel global, por ello el legislador se encuentra ante un panorama totalmente diferente”, explica el fiscal. “La simplicidad de las descargas, los costes limitados o inexistentes, la calidad visual de los archivos, el acceso anónimo y la conexión con pedófilos de todo el mundo permite que estos delitos tengan una magnitud global. Además, la red ofrece una diversidad de contenidos anteriormente inimaginable. Se calcula que actualmente existen unos cuatro millones de zonas de Internet que contienen material pedófilo y que cada día se crean 500 nuevas páginas con este tipo de contenidos”, afirma José Miguel de la Rosa.
Paralelamente, el fiscal del TSJCV Salvador Canet ha señalado que cada vez son más los niños y jóvenes que protagonizan hechos delictivos a través de Internet o “ciberdelitos”. Los más comunes son acciones contra la intimidad (como el descubrimiento de secretos), contra el honor y la libertad personal (injurias o se amenazas), e incluso contra la integridad (el denominado “ciberbullying”, o traslado del acoso escolar a la red). El fiscal ha incidido en el problema del derecho a la intimidad en las redes sociales (como Facebook, Tuenti), y ha explicado: “Sea por ingenuidad, desconocimiento o exceso de confianza, los menores son especialmente proclives a facilitar sus datos personales y los de sus amigos o familia en Internet, lo que puede ponerles a todos en situación de riesgo”. En los últimos años, el crecimiento de estas redes ha sido vertiginoso (132 millones de participantes activos en agosto de 2008, de los cuales la mitad son menores de edad). Para Salvador Canet, los menores deben tener presente que las acciones en Internet tienen consecuencias en el mundo real. “Toda actividad en Internet deja un rastro. Los menores no son conscientes de que muchas de sus conductas en la red pueden ser constitutivas de infracción penal, creen que les ampara el anonimato y disfrutan de una total sensación de impunidad”, explica el fiscal del TSJCV.