El Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ) de Granada ha solicitado por escrito al alcalde de Granada que realice los trámites oportunos para descentralizar los trámites que permiten a un letrado acceder a un documento oficial, principalmente a los atestados de la Policía Local. El colectivo profesional reclama que este tipo de tramitaciones se puedan realizar en cualquiera de las oficinas municipales de los distritos. La medida evitaría miles de desplazamientos innecesarios al cabo del año que hasta ahora se realizan por la obligación de pagar las tasas únicamente en el edificio municipal de los Mondragones.
El abono de esta tasa es necesario para acudir después a la Huerta del Rasillo (sede de la Policía Local) y solicitar la expedición de una copia oficial de un atestado. El acceso a esta documentación es una gestión habitual para cientos de abogados granadinos, que necesitan una copia del atestado realizado en caso de accidente u otras intervenciones para iniciar la defensa jurídica de los intereses de sus clientes.
El sistema actual obliga a cruzar la ciudad para pagar una tasa (en el Beiro) y presentar el resguardo en la Huerta del Rasillo. Los abogados jóvenes proponen que el pago de este importe se pueda efectuar en cualquier dependencia municipal, evitándose de esa forma unas molestias por pérdida de tiempo que generan muchas quejas entre el colectivo profesional.
El Grupo de Abogados Jóvenes va más allá de esta petición de descentralización y solicita al alcalde de la ciudad la posibilidad de implantar un sistema de pago informático de tasas municipales para que cualquier abogado pueda realizar estos abonos desde su despacho.
El presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Granada, Onofre Miralles, considera que “todo ello supondría un enorme beneficio para el colectivo de la abogacía granadina en general, y de la abogacía joven en particular, al ser éste el colectivo que en mayor medida debe llevar a cabo las tramitaciones de obtención de documentación con el Ayuntamiento de Granada” y recuerda que estas medidas propuestas “serían perfectamente compatibles con una descentralización administrativa real, así como con la puesta en marcha de la administración electrónica que se debe llevar a cabo por mandato legal”.