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publicado el 21 de OCTUBRE de 2009

Diversos ciudadanos han sufrido daños económicos por unos 8 millones de euros

El incumplimiento de la ley por los registradores provoca inseguridad jurídica

El Consejo General del Notariado ha presentado tres denuncias ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y en breve presentará otras 27 Más de 30 personas físicas o jurídicas han exigido responsabilidad civil a los notarios a quienes los registradores no permitieron acceder telemáticamente a los libros del registro El Consejo considera que dicho incumplimiento obedece a la defensa de intereses económicos de los registradores El Consejo General del Notariado ha presentado tres denuncias ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), y tiene previsto presentar en fechas próximas otras 27, por las que solicita que se abra expediente disciplinario a varios registradores de la propiedad y mercantiles. Estos registradores han provocado daños económicos a diversos ciudadanos, por valor de unos 8 millones de euros, porque no han permitido el acceso telemático de los notarios al contenido de los libros del registro, en los términos legalmente previstos, en el momento de la firma de las correspondientes escrituras públicas. El Consejo considera que dicho incumplimiento obedece a la defensa de intereses económicos de los registradores. Causas de las denuncias Más de 30 personas físicas o jurídicas han exigido responsabilidad civil a varios notarios a quienes los registradores no permitieron acceder telemáticamente, en el momento de la firma de las correspondientes escrituras públicas, a los libros del registro, tal y como establecen las leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social y la de impulso a la productividad. Estos notarios no pudieron comprobar si se había presentado algún título, como así fue, en el tiempo transcurrido entre la recepción por fax de las notas simples que les enviaron los registradores y la firma de las escrituras públicas. A fecha de hoy ningún notario puede acceder telemáticamente al contenido de los libros de los registros. La información de que dispone en el momento de firmar la escritura sigue siendo la nota simple que por fax le remite el registrador. El incumplimiento de la Ley por el colectivo registral está desequilibrando el sistema de seguridad jurídica preventiva: mientras que es ya una realidad la presentación telemática en los registros de las escrituras públicas, la información precisa para su redacción se sigue obteniendo por fax. Incumplimiento de la Ley por los registradores Tras siete años desde la efectividad de la ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y cuatro de la ley 24/2005 de reformas para el impulso a la productividad, ninguna autoridad, empleado o funcionario público puede acceder telemáticamente a los libros del registro, pese a que así lo establecen ambas normas. Estas leyes determinan que solo las autoridades judiciales, autoridades fiscales en sus diferentes modalidades, policía judicial, SEPBLAC, agencia tributaria, haciendas autonómicas, notarios y otras autoridades públicas pueden acceder al contenido de los libros de los registros, sin intermediación del registrador, precisamente porque ejercen funciones públicas en sus diferentes ámbitos, ya sea para la persecución de delitos o fraudes o para la autorización de escritura públicas. En el caso de los notarios éstos han denunciado al Ministerio de Justicia, desde la entrada en vigor de tales leyes, su incumplimiento por los registradores. No se vulnera la ley de protección de datos Es falso que estas normas vulneren la ley orgánica de protección de datos. Dicha cuestión fue debatida en su tramitación parlamentaria y desechada. En ningún caso el acceso telemático por las autoridades públicas citadas al contenido de los libros del registro puede vulnerar la ley orgánica de protección de datos porque éstas deben acceder, sin intermediación del registrador, en el ejercicio de sus funciones públicas, y no como particulares. Si los registradores entienden que dicha normativa infringe la ley orgánica de protección de datos, lo que deben hacer es, en primer lugar, cumplir la ley, y segundo, ejercer las acciones que pudieran proceder ante las instancias oportunas, lo que no han hecho.